La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó las estadísticas del proceso de verdad y justicia: 365 sentencias dictadas en veinte años de juicios, con 519 personas actualmente privadas de libertad. El recorrido comenzó en 2006, con el histórico debate oral contra Miguel Etchecolatz en La Plata, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Mientras tanto, 283 personas se encuentran procesadas. En la actualidad se llevan a cabo 13 juicios por crímenes de lesa humanidad en diferentes jurisdicciones y otras 61 causas fueron elevadas a juicio. Además, 281 causas se encuentran en la etapa de la investigación preliminar.
Miércoles, 24 de junio de 2026
Cuando el 20 de junio de 2006 comenzó en La Plata el juicio oral y público contra Miguel Osvaldo Etchecolatz —ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar—, Argentina inauguraba un capítulo sin precedentes en su historia judicial. Era la primera causa que llegaba a debate oral desde la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conquista obtenida tras años de lucha de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas, familiares y víctimas directas del terrorismo de Estado.
Veinte años después, ese proceso acumuló cifras que dimensionan la magnitud del esfuerzo colectivo y estatal por hacer justicia. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos, publicó la actualización trimestral de sus estadísticas: desde 2006, cuando se reanudaron los juicios, 1.245 personas fueron condenadas en 365 sentencias. En el mismo período, otras 250 personas fueron absueltas.
El expediente que inauguró esa etapa no había sido sencillo de construir. La causa contra Etchecolatz se inició en 1999 a partir de una serie de casos de violaciones a los derechos humanos que nunca habían sido investigados ante la justicia, cuyos primeros datos surgieron de testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata. Sin embargo, el expediente estuvo paralizado durante varios años por conflictos de competencia entre distintos jueces, y recién en 2004 volvió a recaer en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que a fines de 2005 dio por clausurada la etapa de instrucción. El represor debió responder por su responsabilidad en homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidos durante la dictadura.
Hoy el mapa del proceso es vasto y aún activo. En todo el país se desarrollan actualmente 13 juicios orales y públicos, mientras otras 61 causas están elevadas a juicio y 281 se encuentran en etapa de investigación preliminar. La cantidad de imputados es significativa: 283 personas se encuentran procesadas, 510 están imputadas por el Ministerio Público Fiscal en causas en trámite, y otras 76 fueron indagadas y aguardan la definición de su situación procesal.
En cuanto a la situación de libertad, el panorama muestra una mayoría de imputados fuera de detención. Un total de 1.559 personas se encuentran en libertad, mientras que 519 permanecen detenidas: 440 en arresto domiciliario, 61 privadas de libertad en la Unidad Penitenciaria N° 34 ubicada dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y otras 18 en distintas unidades penitenciarias del país. La cantidad de imputados prófugos asciende a 33 y permanece estable respecto de reportes anteriores.
El proceso que comenzó con el juicio a Etchecolatz en La Plata, con cerca de 130 testigos y la participación de organismos nucleados en el espacio “Justicia Ya”, demostró que era posible juzgar los crímenes del terrorismo de Estado en democracia. Dos décadas más tarde, los números del Ministerio Público Fiscal confirman que ese camino —lento, resistido, a veces interrumpido— no se detuvo.
