La reunión, que congregó a diversos sectores gremiales y sociales, tuvo lugar en un contexto provincial marcado por una fuerte caída del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de diálogo con el Ejecutivo provincial. Los trabajadores denunciaron que la nueva legislación laboral impulsada a nivel nacional amenaza sus derechos y pone en riesgo los convenios colectivos de trabajo.
Un escenario crítico
El descontento se da en el marco de una profunda crisis económica. Diversas fuentes sindicales y políticas han señalado que el gobierno de Leandro Zdero replica a nivel provincial el plan de ajuste del gobierno nacional. Entre los principales puntos de conflicto se encuentran los despidos masivos en la administración pública, como los más de cien cesanteados en el Instituto del Deporte Chaqueño, muchos de ellos con años de antigüedad, y la drástica caída del salario real. La oposición denuncia que los trabajadores han perdido entre un 25% y un 33% de su poder adquisitivo en los últimos meses.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha sido una de las voces más críticas, señalando la falta de apertura al diálogo por parte del gobierno de Zdero y la implementación de recortes que afectan servicios esenciales. A esta situación se suma la destrucción del empleo privado, con la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas, lo que profundiza el malestar social en la provincia.
“La fuerza está en la unidad”
Ante esta situación, los asistentes al plenario votaron un plan de lucha que tendrá su primer gran hito el próximo 8 de julio. La convocatoria es a una “Gran Movilización Provincial” a las 18:00 horas en toda la provincia del Chaco, bajo la consigna “la fuerza está en la unidad”.
El llamado a la movilización es amplio y busca congregar a todos los sectores afectados por el ajuste, incluyendo a los sindicatos, el arco docente, las dos CTA, trabajadores de la salud y la industria, el cooperativismo, los movimientos sociales y las comunidades originarias. Los trabajadores chaqueños se preparan para salir a las calles y exigir respuestas a un gobierno al que acusan de permanecer “de brazos cruzados” frente a las demandas de los sectores populares.
