A partir de la reciente difusión de información falsa sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi, el abogado y profesor de Derecho Constitucional Adrián Buffone reflexiona sobre el impacto de las fake news desde una perspectiva jurídica. En esta columna, advierte sobre las consecuencias que la desinformación puede tener sobre la dignidad de las personas, la confianza pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Viernes, 19 de junio de 2026
Por Adrián Buffone*
Hay una frase que suele repetirse en el mundo digital: una mentira puede recorrer el mundo entero antes de que la verdad termine de ponerse los zapatos. Nunca como hoy esa afirmación había resultado tan cierta.
En las últimas horas volvió a observarse cómo una noticia falsa vinculada a la familia de Lionel Messi logró expandirse por redes sociales, portales digitales y servicios de mensajería a una velocidad extraordinaria, generando preocupación, incertidumbre y miles de reacciones antes de que apareciera la información correcta. No fue la primera vez ni será la última. Pero sí constituye un nuevo recordatorio de que vivimos en una época donde la viralización parece importar más que la verificación.
Durante años se discutió si las fake news eran un problema periodístico, tecnológico o político. La respuesta hoy parece evidente: son también un problema jurídico y constitucional.
Porque detrás de cada noticia falsa no hay solamente un error informativo. Hay personas. Hay familias. Hay reputaciones. Hay proyectos de vida. Y muchas veces hay daños que resultan mucho más difíciles de reparar que de provocar.
El negocio de la indignación
Las redes sociales modificaron radicalmente la lógica de la información. Antes, la noticia debía atravesar filtros editoriales, controles de fuentes y procesos de verificación. Hoy, muchas veces ocurre exactamente lo contrario: primero se publica, después se viraliza y recién al final alguien intenta comprobar si era verdad.
La economía digital premia el impacto. El algoritmo recompensa la emoción, el escándalo y la sorpresa. La prudencia, en cambio, rara vez genera millones de visualizaciones.
Por eso las fake news no son un accidente del sistema. En muchos casos son una consecuencia directa de un ecosistema donde la velocidad vale más que la precisión y donde ser el primero parece más importante que estar en lo cierto.
El problema es que mientras los clics generan ganancias, los daños suelen recaer sobre terceros.
La Constitución no protege la mentira
Existe una idea equivocada, pero cada vez más extendida, según la cual cualquier contenido estaría protegido por la libertad de expresión. No es así.
La Constitución Nacional protege la libertad de expresión porque protege la democracia. Pero jamás protegió la mentira como valor constitucional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ambos con jerarquía constitucional— reconocen la libertad de expresión, pero simultáneamente exigen respeto por la honra, la dignidad y la reputación de las personas.
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dejó claro hace décadas en el histórico precedente Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida, donde recordó que la dignidad humana ocupa un lugar central dentro del sistema constitucional argentino. Ese principio adquiere hoy una importancia extraordinaria.
Porque la tecnología cambió, pero la dignidad humana sigue siendo la misma.
El daño invisible de las fake news
El principal problema de las noticias falsas es que sus consecuencias suelen ser mucho más profundas de lo que aparentan. No todo daño se mide en dinero.
Una información falsa puede destruir una reputación construida durante años. Puede afectar relaciones familiares. Puede generar hostigamiento. Puede provocar consecuencias laborales. Puede desencadenar cuadros de ansiedad, estrés o depresión.
Y lo más grave es que muchas veces la víctima se encuentra en absoluta desigualdad frente al fenómeno. La mentira puede ser compartida por miles de personas en pocas horas. La rectificación, cuando llega, suele ser leída por una mínima parte de quienes consumieron la noticia original. La verdad corre detrás de una carrera que normalmente ya perdió.
El desafío jurídico de nuestro tiempo
El derecho argentino cuenta con herramientas para reaccionar frente a estas situaciones. La protección de la dignidad, la identidad, la imagen, la honra y la reputación se encuentra expresamente reconocida en el Código Civil y Comercial. Existen acciones preventivas, medidas cautelares y mecanismos resarcitorios.
Sin embargo, el verdadero desafío no es únicamente reparar el daño después de ocurrido. El gran desafío es comprender que la responsabilidad en la comunicación ya no es una cuestión exclusiva de periodistas o empresas de medios. Hoy cualquier usuario con un teléfono celular puede convertirse en difusor masivo de información. Y con esa capacidad también aparece una cuota de responsabilidad.
Compartir sin verificar, replicar sin corroborar o amplificar contenidos falsos no debería ser considerado un acto inocente. La viralización automática de una mentira puede transformarse en una conducta socialmente dañosa con consecuencias jurídicas relevantes.
La batalla por la verdad
Las fake news representan una de las amenazas más serias para la calidad institucional de las democracias modernas. No solamente porque afectan a personas concretas. También porque erosionan la confianza colectiva en la información, en los medios y en las instituciones. Cuando todo puede ser falso, la verdad pierde valor. Y cuando la verdad pierde valor, la democracia comienza a debilitarse.
Por eso la discusión sobre las fake news no es una discusión tecnológica. Es una discusión constitucional.
La libertad de expresión seguirá siendo uno de los bienes más valiosos de una sociedad libre. Pero precisamente para preservarla resulta indispensable distinguir entre informar y desinformar, entre investigar y especular, entre comunicar y fabricar realidades paralelas.
Porque una democracia fuerte necesita libertad. Pero también necesita verdad. Y cuando la mentira se vuelve viral, la primera víctima no es solamente quien aparece en la noticia falsa. La primera víctima es la confianza pública que sostiene a toda sociedad democrática.
*Abogado, profesor Derecho Constitucional UNNE y UCP, profesor de práactica profesional supervisada UCP y director en Buffone & Abogados
