ACIJ, CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional y otras entidades denunciaron que el Gobierno eliminó mecanismos de participación ciudadana y criterios de diversidad en los nombramientos judiciales.
Jueves, 18 de junio de 2026
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil expresó su preocupación por las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en el procedimiento de designación de jueces, fiscales y defensores públicos, al considerar que implican un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana e igualdad de género.
A través de un documento conjunto, las entidades cuestionaron el Decreto 467/2026, publicado el pasado 16 de junio, que modificó los Decretos 222/03 y 588/03, normas que desde hace más de dos décadas regulaban mecanismos de participación pública en los procesos de nombramiento de autoridades judiciales.
Según señalaron, hasta ahora la ciudadanía podía presentar observaciones, apoyos o impugnaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo antes de que fueran enviadas al Senado para su tratamiento. Ese procedimiento alcanzaba a postulaciones para la Corte Suprema de Justicia, tribunales inferiores, la Procuración General, la Defensoría General de la Nación, fiscalías y defensorías públicas.
Las organizaciones sostuvieron que la eliminación de esa instancia reduce el control social sobre decisiones de alta relevancia institucional. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas”, afirmaron en el documento.
Críticas a los argumentos oficiales
El Gobierno de Javier Milei justificó la reforma en la necesidad de agilizar los procesos de designación y en la existencia de instancias de participación durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.
Sin embargo, las entidades firmantes rechazaron esos argumentos. Indicaron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y consideraron que ese plazo resulta razonable frente a la importancia de los cargos en juego y a las demoras habituales en la cobertura de vacantes judiciales.
Además, remarcaron que la participación ciudadana previa al envío de los pliegos cumple una función distinta a la intervención legislativa, ya que permite aportar información y observaciones que incluso podrían llevar al Poder Ejecutivo a reconsiderar una candidatura antes de su remisión al Congreso.
Menos exigencias de diversidad
Otro de los puntos cuestionados es la eliminación de la obligación de considerar criterios de igualdad de género, diversidad de especialidades y procedencias al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.
Las organizaciones advirtieron que esa decisión dificulta la conformación de un máximo tribunal representativo de la diversidad social y profesional del país. También sostuvieron que contradice compromisos asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género, previstos en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En ese sentido, recordaron que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada al bloque de constitucionalidad federal a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, obliga al Estado a garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos.
Antecedentes recientes
Las entidades también vincularon la reforma con los recientes debates en torno a las designaciones para la Corte Suprema. Recordaron que años atrás diversas organizaciones habían cuestionado candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la falta de paridad de género en el tribunal.
Según señalaron, aquellas observaciones fueron formuladas precisamente a través de los mecanismos de participación establecidos por el Decreto 222/03. Posteriormente, agregaron, el Senado rechazó esas postulaciones, en un hecho considerado inédito para la historia institucional argentina.
Para las organizaciones firmantes, la eliminación de instancias de control ciudadano y de criterios de diversidad constituye una señal preocupante para el futuro del sistema judicial.
“El nombramiento de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país y requiere de mayores controles, no de menos”, concluyeron.
El documento fue suscripto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
