La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) emitió un enérgico comunicado rechazando el Decreto 467/2026, que modifica los regímenes de selección de magistrados de la Corte Suprema y tribunales inferiores. La entidad sostiene que la norma implica un retroceso en materia de paridad de género, idoneidad técnica y federalismo, y exige su inmediata reversión.
Miércoles, 17 de junio de 2026
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) salió al cruce del Decreto 467/2026, publicado recientemente por el Poder Ejecutivo, y lo calificó como una “grave regresión normativa” que quebranta estándares constitucionales esenciales para la integración del Poder Judicial. En un comunicado oficial, la entidad que vela por el papel igualitario de la mujer en el sistema jurídico advirtió que la medida afecta pilares fundamentales del sistema republicano y representa un retroceso frente a las conquistas alcanzadas en el fortalecimiento democrático de la justicia.
Uno de los puntos más críticos señalados por AMJA es la derogación del Artículo 3° del Decreto 222/03, que eliminaba la obligación de considerar la diversidad de género en la conformación de la Corte Suprema. La asociación subrayó que la paridad no es un criterio discrecional ni una concesión política, sino un mandato derivado de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los artículos 37 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que exigen acciones positivas para asegurar la igualdad real de oportunidades. “Ignorar la paridad es desconocer compromisos internacionales que el Estado argentino asumió y que no pueden quedar relegados al arbitrio de la oportunidad política”, remarcaron desde la organización.
Otro de los ejes del reclamo apunta a la supresión de los criterios de idoneidad técnica que obligaban a considerar las diversas especialidades profesionales de los candidatos. AMJA sostuvo que una Corte Suprema que debe abordar materias tan vastas como el derecho penal, civil, laboral, administrativo y constitucional, entre otras, requiere de una integración que refleje una pluralidad de saberes jurídicos. “Prescindir de esta exigencia debilita la calidad técnica de la justicia y constituye una involución en los estándares de formación exigibles para el Máximo Tribunal”, expresó la asociación en su escrito.
El comunicado también puso el foco en el componente federal, un aspecto que consideran central y que, a su juicio, ha sido deliberadamente relegado. “Advertimos que ignorar el origen regional de los postulantes contradice abiertamente la forma federal de gobierno consagrada en el Artículo 1 de la Constitución Nacional”, señalaron. Para AMJA, el respeto por la procedencia geográfica no es un “criterio adicional” ni un mero agregado, sino una condición necesaria para garantizar que las distintas provincias y regiones estén representadas en la cúpula del Poder Judicial, respetando así el espíritu federal que la propia asociación promueve.
La entidad cuestionó duramente la fundamentación del decreto, que califica estos estándares como obstáculos que “ralentizan” el proceso de selección. “Anteponer la celeridad administrativa a la legitimidad democrática y técnica de los magistrados es un error de fondo. La velocidad no puede ser excusa para vaciar de contenido republicano el nombramiento de quienes ejercerán la máxima responsabilidad judicial del país”, advirtieron. En ese sentido, AMJA instó a las autoridades nacionales a revertir la supresión de estos estándares mínimos de paridad, idoneidad y federalismo, y reafirmó que “una justicia integrada bajo principios de representatividad y pluralidad es el único camino hacia una imparcial administración de justicia”.
El pronunciamiento de AMJA se suma a otras voces críticas que ya habían manifestado su preocupación por el impacto del decreto en la independencia y legitimidad del Poder Judicial. La asociación, que agrupa a juezas de todo el país, concluyó su comunicado reiterando su mandato estatutario de velar por el papel igualitario de la mujer en el sistema jurídico y fortalecer los estándares de representatividad y equidad, y dejó en claro que seguirá monitoreando de cerca cualquier medida que pueda afectar esos principios. Por el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial al reclamo, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Justicia señalaron que el decreto busca agilizar los nombramientos para cubrir vacantes urgentes en el máximo tribunal.
