La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia le dio luz verde a la Provincia para que su pelea contra el plazo de 30 días impuesto al gobernador Zdero llegue otra vez al Superior Tribunal de Justicia. La acción de amparo fue dictada por esa Cámara y confirmada por el máximo tribunal provincial en marzo pasado. Ante el incumplimiento de la sentencia, la Cámara Laboral le impuso un plazo al Poder Ejecutivo e intimó al propio gobernador. Ahora, el gobierno consiguió un nuevo atajo para no cumplir con el fallo.
Miércoles, 17 de junio de 2026
En una resolución firmada el 11 de junio pasado, a la que tuvo acceso LITIGIO, las juezas Silvana Gómez y Silvia Suárez, de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, decidieron habilitar un recurso que presentó el gobierno provincial para seguir cuestionando, ante una instancia judicial más alta, la orden que obliga al gobierno de Leandro Zdero a enviar a la Legislatura un proyecto de ley que restablezca la actualización salarial docente. Con esta decisión, el tribunal le dio diez días a SITECH Federación para responder, y el expediente queda en condiciones de volver al Superior Tribunal de Justicia.
Para entender de qué se trata, hay que repasar cómo llegó el caso hasta acá. Todo arranca con un fallo del Superior Tribunal de Justicia de marzo de este año, que confirmó la acción de amparo dictada por la Cámara Laboral que consideró que el gobierno había hecho algo indebido al dejar de aplicar la cláusula gatillo: un mecanismo que, desde 2019, actualizaba trimestralmente el sueldo docente según la inflación. El máximo tribunal chaqueño le ordenó al Ejecutivo que, de manera urgente, tomara las medidas necesarias para garantizar que los salarios no perdieran valor.
Como la Provincia no dio una respuesta que conformara a la Justicia —alegó que ya había cumplido con dos aumentos del 3% y el 2% incluidos en el presupuesto—, la Cámara Laboral decidió ponerle un número concreto a esa orden: treinta días hábiles para que el gobernador Zdero mandara un proyecto de ley a la Legislatura. Si no lo hacía, advirtió que podía aplicarle multas personales.
El gobierno no estuvo de acuerdo con ese plazo y pidió que la propia Cámara lo revisara y lo anulara. Argumentó que treinta días era un tiempo imposible de cumplir y que la Justicia se estaba metiendo en decisiones que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Legislativo, como armar el presupuesto. Ese pedido fue rechazado el 21 de mayo: las juezas explicaron que, si no fijaban un plazo concreto, la orden del Superior Tribunal quedaría en la nada, sin ninguna garantía real de cumplimiento. Además, aclararon que esos treinta días apuntaban a que la actualización salarial se incluyera en el presupuesto del año que viene (2027), no en el de este año, por lo que no había ninguna contradicción con los tiempos que maneja el Estado. Tras ese rechazo, le impusieron a la Provincia el pago de las costas del juicio y los honorarios del abogado de los docentes.
Pero el gobierno no se quedó con ese resultado. El 5 de junio presentó un recurso extraordinario, un paso más dentro de la pelea judicial, pidiendo que la Justicia revise si esa decisión fue arbitraria. La Cámara revisó que el pedido cumpliera con todos los requisitos formales y, esta vez, lo aceptó. Ahora el expediente sigue su curso: primero deberá responder el sindicato docente, y después es probable que el caso termine, una vez más, en manos del Superior Tribunal de Justicia.
Así, el gobierno de Zdero gana tiempo y seguirá sin cumplir con la sentencia judicial.
