Se trata del juez de la Cámara Federal Porteña, Martín Irurzun. Es conocido por la llamada “doctrina Irurzun” que convalidaba el dictado de prisiones preventivas para exfuncionarios públicos acusados de corrupción, y que se aplicó exclusivamente a exfuncionarios peronistas. El magistrado presentó una medida cautelar en el fuero contencioso administrativo federal para poder continuar en su cargo, luego de cumplir los 75 años. Es que el presidente no envió su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo y poder seguir en funciones por cinco años más en la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
Viernes, 12 de junio de 2026

En 1994, Irurzún logró llegar a la Cámara Criminal Federal e instaurar su doctrina acerca de la posibilidad de dictar la prisión preventiva para exfuncionarios acusados de corrupción. Sin embargo, solo se aplicó para exfuncionarios ligados al kirchnerismo. El próximo 18 de julio el magistrado cumple los 75 años y el Gobierno no envió su pliego para poder permanecer en funciones, según informó el sitio Palabras del Derecho.
En ese sentido, el magistrado recurrió a una medida cautelar autónoma para que se suspenda la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento. Argumenta que la previsión constitucional del artículo 99 inciso cuarto (“… Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años …”) resulta de nulidad absoluta, ya que la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla.
“Es cierto que la CSJN en “Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ PEN” (Fallos: 340:257), por mayoría, se pronunció sobre al particular, ocasión en la que, revirtiendo la doctrina que antes había sentado en “Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional” (Fallos: 332:1616), convalidó el precepto indicado. La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda. De tal modo, no es dable sostener que prevalece, al presente, el estándar allí fijado. Por el contrario, dicho estándar se ha extinguido”, sostuvo en su escrito Irurzún.
La presentación, que lleva el patrocinio de Alberto Spota y Martin del Mas, fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 8 a cargo del juez subrogante Walter Lara Correa, quien fue recusado sin causa. Cabe destacar que dicho juez ya resolvió un planteo similar. En 2023, rechazó una medida cautelar autónoma solicitada por Víctor Fernando Liberman, en ese tiempo vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El juez había solicitado continuar en su cargo hasta tener certeza sobre el nuevo nombramiento, dado a que estaba próximo a cumplir 75 años.