El CIPCE solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para determinar la trazabilidad y consistencia económica de los bienes que el jefe de Gabinete incorporó recientemente a sus declaraciones juradas. Advirtió que el Régimen de Inocencia Fiscal no exime del cumplimiento de las normas antilavado.
Jueves, 11 de junio de 2026
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó este miércoles una petición formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue el origen y la trazabilidad de fondos y bienes recientemente reconocidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la rectificación de sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2023 y 2024.
La presentación se conoce luego de que el funcionario admitiera públicamente haber mantenido junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorros no declarados durante años. En una entrevista televisiva, Adorni sostuvo que incorporó a sus declaraciones juradas aproximadamente medio millón de dólares que no habían sido consignados previamente y aseguró que esos fondos provienen de ahorros acumulados antes de ingresar a la función pública y de ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.
Desde el CIPCE remarcaron que la denominada Ley de Inocencia Fiscal N.º 27.799 no modifica ni suspende las obligaciones previstas en el régimen de prevención del lavado de activos establecido por la Ley N.º 25.246. En ese sentido, señalaron que la simplificación de los mecanismos de declaración patrimonial y fiscal no afecta las facultades legales de la UIF para analizar operaciones y movimientos patrimoniales que puedan resultar inconsistentes con el perfil económico de las personas involucradas.
La entidad recordó además que los funcionarios de alta jerarquía integran la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que implica la aplicación de medidas de control reforzadas por parte de los organismos competentes.
En ese marco, el CIPCE solicitó formalmente que la UIF disponga la apertura de un expediente de inteligencia financiera destinado a verificar la procedencia de los recursos reconocidos por Adorni y evaluar la consistencia de las explicaciones brindadas públicamente sobre su origen.
Según la organización, el objetivo de la presentación es que los organismos encargados de la prevención del lavado de activos ejerzan las facultades que les otorga la ley mediante procedimientos técnicos y objetivos, independientemente de las modificaciones introducidas por el nuevo régimen fiscal.
Advertencia sobre los estándares internacionales
El CIPCE sostuvo además que el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control resulta especialmente relevante en el contexto internacional actual. Recordó que, en su última evaluación mutua, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a la Argentina fortalecer las políticas de prevención, detección e investigación del lavado de activos vinculados con hechos de corrupción.
La organización también destacó que el país atraviesa actualmente un proceso de seguimiento reforzado por parte de ese organismo internacional, en el que debe demostrar avances concretos en la implementación de las recomendaciones formuladas.
En ese escenario, advirtió que una actuación diligente de la UIF frente a situaciones que involucren a Personas Expuestas Políticamente constituye una señal de compromiso con los estándares internacionales de integridad financiera.
Finalmente, el CIPCE afirmó que la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación uniforme de los controles antilavado son elementos esenciales para preservar la confianza pública, fortalecer el Estado de Derecho y cumplir con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de prevención de delitos económicos.
