El gobierno del Chaco apeló la sentencia dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Resistencia que le ordenó llevar adelante una serie de medidas para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes residentes en el Espacio Convivencial Alternativo Nº 1 de la capital chaqueña. Una muestra más de una gestión que no está dispuesta a dar marcha atrás con el ajuste en los derechos de los sectores más vulnerables.
Miércoles, 10 de junio de 2026
El gobierno de Leandro Zdero apeló el fallo judicial que le exigía transformar de manera urgente las deplorables condiciones de vida en el Espacio Convivencial Alternativo (ECA) Nº 1 de Resistencia, ratificando la absoluta falta de compromiso e interés por la niñez vulnerable. Lo hizo con argumentos formales centrados en la supuesta invasión en atribuciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo y que “no hay plata”.
Como en otras causas que pusieron el dedo en la llaga en la violación de derechos de los sectores más vulnerables, la gestión de Zdero elige batallar en los tribunales antes que garantizar la seguridad de los niños que tiene bajo su exclusiva custodia.
La medida judicial apelada, dictada el pasado 2 de junio por la jueza María Eugenia Barranco Cortés (titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4), había hecho lugar a una acción de amparo impulsada por la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 1. El fallo desnudaba una realidad alarmante y ordenaba un plan de contingencia inmediato: reparar instalaciones eléctricas en ruinas con riesgo de incendio, proveer un vehículo exclusivo para traslados, garantizar atención médica las 24 horas, establecer ratios dignos de cuidadores e implementar un equipo interdisciplinario permanente en el establecimiento. Sin embargo, para la gestión de Zdero, la urgencia de proteger vidas infantiles parece ser secundaria frente a la comodidad de la discrecionalidad administrativa.
Los argumentos de la insensibilidad estatal
En el escrito de apelación, firmado por el abogado estatal Pablo González y patrocinado por el Fiscal de Estado, Roberto Herlein, la provincia sostiene de manera insólita que el fallo “carece de sustento jurídico y fáctico”. La estrategia oficialista se estructuró bajo agravios que exponen una alarmante desconexión con el interés superior del niño:
-La “caja” antes que los derechos: El gobierno acusa a la jueza de actuar como “coadministradora del gasto público” y de invadir competencias ejecutivas, afirmando que la Justicia no puede ordenarle al Estado cómo asignar sus recursos humanos o materiales. Resulta inadmisible que las partidas presupuestarias sean una excusa válida cuando lo que está en riesgo es la integridad física de menores de edad atrapados en el sistema proteccional.
-Negación de la realidad: En un intento por maquillar el abandono institucional, la apelación alega que un informe municipal de 2025 consideraba óptima la higiene y que la provisión alimentaria está “supervisada”. Incluso afirman que la presencia de matafuegos es prueba de un plan preventivo en marcha, pretendiendo que la Justicia espere los plazos de una burocracia ineficiente mientras los niños conviven con el peligro.
-Rechazo al equipo profesional exclusivo: La gestión de Zdero rechazó de plano la obligación de dotar al ECA Nº 1 de un equipo permanente de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y estimuladores tempranos. Amparándose en la Ley Provincial Nº 2086-C, argumentan que los profesionales deben ser “regionales” y distributivos, tildando de “estructura paralela” el pedido de atención personalizada para niños que arrastran severos traumas y vulnerabilidades.
-Aversión a la dignificación laboral: Otro de los puntos impugnados con vehemencia fue la orden de regularizar la situación del personal del hogar, llamando a concursos públicos y adecuando los salarios para que alcancen, al menos, el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El gobierno calificó esto como una “intromisión”, defendiendo solapadamente el sistema de precarización mediante becas sociales con el que operan sus dispositivos de cuidado. Una planta de trabajadores explotada económicamente es la antesala directa del descuido hacia los niños.
-Sin movilidad propia ni prioridad en salud: Finalmente, el Ejecutivo calificó de “privilegio institucional” el mandato de otorgar un auto exclusivo para el hogar y un protocolo de prioridad en los hospitales públicos provinciales (como el Perrando o el Pediátrico). Bajo una falaz interpretación del principio de igualdad, el escrito sostiene que darles prioridad a estos niños postergaría al resto de la población infantil, omitiendo que el propio Estado es el tutor legal de estos menores institucionalizados y, por ende, el primer responsable de su tutela preferente.
El abandono como política de Estado
La apelación del gobernador Leandro Zdero no es un simple tecnicismo procesal; es una declaración política de prioridades. Al recurrir este fallo con reservas de llegar incluso hasta la Corte Suprema de la Nación si es necesario, las autoridades chaqueñas demuestran que prefieren gastar tiempo, energía y recursos públicos en litigar contra los defensores de los niños, antes que comprar un disyuntor, contratar un enfermero o garantizar un plato de comida bajo condiciones seguras.
A lo largo de los argumentos estatales subyace una preocupante premisa: que las deficiencias del sistema de protección son males necesarios regulados por la “escasez presupuestaria”. Esta mirada no hace más que revictimizar a los niños del ECA Nº 1, quienes ya fueron separados de sus entornos familiares por sufrir vulneraciones y ahora padecen el desamparo de un Estado que se supone debía cobijarlos.
La frialdad con la que se defienden los plazos burocráticos por encima de los tiempos biológicos y psicológicos de la infancia es el síntoma definitivo de una gestión que ha decidido mirar para otro lado. El Hogar Nº 1 de Resistencia necesita obras, dignidad laboral y atención médica inmediata, no un memorial de agravios judiciales destinados a perpetuar la desidia.
