La jueza correntina Martha Altabe cuestionó con dureza el proyecto de ley que busca agravar las penas por falsas denuncias en contextos de violencia de género. La magistrada sostuvo que la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada (UCR) se apoya en una problemática que no encuentra sustento en las estadísticas oficiales y advirtió que podría desalentar a las víctimas a recurrir a la Justicia.
Miércoles, 10 de junio de 2026
La magistrada, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de Corrientes y miembro de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), analizó la iniciativa impulsada por la senadora nacional Carolina Losada (UCR), que ya obtuvo dictamen favorable en comisión del Senado.
En declaraciones a Radio Dos, Altabe calificó el proyecto como “regresivo” y aseguró que se apoya en una problemática que no encuentra respaldo en las estadísticas disponibles. “Se basa en la irrealidad, en un falso argumento y está vacío de contenido”, afirmó.
La jueza señaló que con frecuencia se confunden las denuncias que no logran reunir pruebas suficientes con las denuncias deliberadamente falsas. En ese sentido, remarcó que la inexistencia de una condena o el archivo de una causa no implica necesariamente que el hecho denunciado no haya ocurrido.
Según explicó, los datos relevados por organismos estatales muestran que las falsas denuncias representan una proporción mínima dentro del universo de causas vinculadas a violencia de género. Citó un estudio realizado en 17 provincias que analizó más de ocho millones de casos entre 2023 y 2025 y que arrojó que las falsas denuncias alcanzan apenas el 0,09% de los expedientes, mientras que los casos de falso testimonio representan el 0,025%. “Estamos hablando de aproximadamente una falsa denuncia cada mil causas y un caso de falso testimonio cada cuatro mil”, precisó.
Para Altabe, la aprobación del proyecto podría tener consecuencias negativas sobre el acceso a la justicia de las víctimas. “Muchas personas no se van a animar a denunciar”, advirtió, al tiempo que señaló que todavía persisten estereotipos y prácticas discriminatorias tanto en ámbitos judiciales como policiales.
La magistrada consideró que la iniciativa podría profundizar esos obstáculos y generar temor entre quienes evalúan denunciar hechos de violencia o abuso. “Menos testigos se van a animar a declarar y menos peritos van a querer intervenir”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que el foco legislativo se coloque sobre un fenómeno estadísticamente marginal mientras persisten dificultades para investigar y sancionar delitos vinculados a la violencia de género y los abusos sexuales. “El propio Estado está cuidando el honor de violadores, pederastas y violentos”, insistió.
Finalmente, Altabe afirmó que el proyecto constituye un “uso regresivo del Derecho Penal” orientado a desalentar denuncias de delitos especialmente sensibles y alertó que una eventual sanción de la norma podría entrar en tensión con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de derechos humanos y acceso a la justicia para las víctimas.
Con información de Radio Dos
