En los últimos diez años, 134 efectivos fueron expulsados de la fuerza mediante la sanción de cesantía. La principal causa fue el abandono del servicio, pero la nómina también incluye policías vinculados al narcotráfico, delitos sexuales, homicidios culposos, robos y maniobras de corrupción. Los datos fueron obtenidos por LITIGIO a través de un pedido de acceso a la información pública.
Miércoles, 10 de junio de 2026
Por Bruno Martínez
Una banda de policías que protegía a narcotraficantes y manipulaba operativos antidrogas. Otra que falsificaba documentación judicial para apropiarse de motocicletas secuestradas. Un agente acusado de almacenar cientos de archivos de abuso sexual infantil. Una empleada policial detenida con 30 kilos de marihuana en el automóvil que conducía. A simple vista, parecen historias inconexas. Sin embargo, todas tienen un punto en común: sus protagonistas integraban la Policía del Chaco y terminaron siendo expulsados de la fuerza.
Al menos 134 efectivos fueron cesanteados entre 2016 y 2025 mediante una de las máximas sanciones disciplinarias previstas por la legislación provincial. Aunque la principal causa de expulsión fue la deserción y el abandono del servicio, la documentación oficial también expone casos vinculados al narcotráfico, delitos sexuales, homicidios culposos, robos armados, estafas contra el Estado y otras graves irregularidades cometidas por integrantes de la institución.
Los datos surgen de una planilla oficial obtenida por LITIGIO a través de un pedido de acceso a la información pública. La documentación fue remitida el pasado 5 de junio por la Dirección de Personal de la Policía del Chaco y lleva la firma de su titular, la comisario inspector Noelia Brandan.
El registro permite reconstruir, por primera vez, una radiografía detallada de las cesantías aplicadas dentro de la fuerza durante la última década y ofrece una ventana poco habitual hacia los episodios de indisciplina, corrupción y criminalidad que derivaron en la expulsión definitiva de decenas de uniformados.
La información también deja al descubierto una limitación importante: la nómina incluye únicamente los casos de cesantía y no registra las exoneraciones, la sanción más grave contemplada por el Régimen del Personal Policial. Esto significa que los casos más severos, aquellos que derivaron en condenas por delitos considerados graves o infamantes, no forman parte de la documentación entregada oficialmente, por lo que el universo de policías expulsados de la fuerza durante la última década es, en realidad, mayor.
La cesantía implica la separación definitiva del cargo por faltas graves, aunque permite conservar determinados derechos previsionales. La exoneración, en cambio, supone la expulsión total de la administración pública y la pérdida de beneficios laborales y jubilatorios. Ambas sanciones requieren la instrucción previa de un sumario administrativo y la firma de un decreto del Poder Ejecutivo.
El documento revela que, en promedio, la Policía del Chaco registró más de trece cesantías por año durante el período analizado. Sin embargo, la evolución anual muestra importantes variaciones. El año con mayor cantidad de expulsiones fue 2021, con 26 efectivos separados de la fuerza. Le siguieron 2023, con 20 casos, y 2022, con 17.
En el extremo opuesto aparece 2020, el año de la pandemia de por COVID-19, con apenas tres cesantías: todas por deserciones. Los restantes años registraron las siguientes cifras: 2016 (18), 2017 (11), 2018 (10), 2019 (6) y 2024 (11). En total, entre 2021 y 2023 se concentraron 63 expulsiones, prácticamente la mitad de todas las cesantías registradas durante la última década.
La deserción, por lejos la principal causa
La causa más frecuente de cesantía es también una de las más elocuentes sobre el estado interno de la fuerza: la deserción. Cincuenta y cinco efectivos —el 41% del total— fueron expulsados por abandonar el servicio, ausentarse sin justificación o no reincorporarse tras licencias médicas o administrativas. El año en el que se dieron la mayor cantidad de deserciones fue en 2021, con 14 casos. En muchos expedientes, la causal se reduce a una constatación escueta: el agente dejó de presentarse a trabajar. Ningún otro motivo se acerca siquiera a esa cifra.
Detrás de este fenómeno aparecen las cesantías vinculadas al narcotráfico y al consumo de drogas ilícitas. La planilla registra 16 expulsiones relacionadas con infracciones a la Ley 23.737, equivalentes al 11,9% del total. Le siguen los robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, con 12 casos, y los delitos sexuales —abuso sexual, abuso sexual con acceso carnal, abuso deshonesto y grooming— con seis registros.
También figuran, en menor medida, casos por falsificación documental, estafas, fraudes contra la administración pública, abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario, amenazas, lesiones, homicidios culposos, violencia de género, encubrimiento de contrabando, conducción en estado de ebriedad y pérdida de armas reglamentarias, entre otras faltas graves.
Narcopolicías
Entre todos los expedientes relevados, uno sobresale por su gravedad: el de la banda de narcopolicías que operaba desde la Comisaría Duodécima de Resistencia.
Mediante el decreto 2159/24 fueron cesanteados los oficiales auxiliares Matías Frete y Gabriel Leandro Cocco, junto al sargento Rubén Molina, apenas un mes después de haber sido condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
La Justicia determinó que integraban una organización criminal dedicada a brindar protección a narcotraficantes del barrio Santa Catalina, amedrentar a efectivos de Gendarmería Nacional, asesorar delincuentes y manipular procedimientos vinculados al tráfico de drogas.
También figura en el listado el caso de María Isabel Masso, administrativa de la División Atención de la Mujer, cesanteada en 2017 tras ser condenada a cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Masso había sido detenida en septiembre de 2013 en un control de Gendarmería Nacional, a pocos kilómetros de Paso de los Libres, cuando los efectivos encontraron en su automóvil unos 30 kilogramos de marihuana.
Delitos sexuales
Entre los casos registrados por delitos contra la integridad sexual, figuran el del cabo primero Daniel Pérez Colman. Integrante de la División Bomberos de General San Martín, Pérez Colman fue cesanteado en 2023 por una causa de grooming y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.
Según describe el decreto 1669/23, tras una denuncia de la ONG denominada “Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados”, el 11 de abril de 2019 se allanó el domicilio de Colman en San Martín donde se secuestraron múltiples artefactos electrónicos, entre ellos un teléfono, varias tarjetas SIM, una notebook y una memoria externa de 1 terabyte.
La denuncia de la ONG indicaba que Pérez Colman poseía varios perfiles en redes sociales, contactaba a mujeres adultas con niños pequeños y también menores de edad, instando a las mismas a compartir imágenes sin ropa y pornográficas y a tener relaciones incestuosas a cambio de dinero. De acuerdo a la acusación, el usuario era miembro de 47 grupos diferentes de incesto en América del Sur. El informe técnico pericial, realizado por el Gabinete Científico del Poder Judicial del Chaco, constató que en los dispositivos secuestrados “se encontraron archivos de imágenes y videos relacionados con pornografía infantil”.
La causa quedó a cargo del Equipo Fiscal 13 y está caratulada como “Pérez Colman Daniel Horacio S/Producción de Imágenes Pornográficas de Menores”. Al fundamentar la prisión preventiva, se estableció que, en esa etapa de la investigación, existía fuertes indicios de que Pérez Colman era autor penalmente responsable de los delitos de distribución, publicación de imágenes de menores de dieciocho años dedicados a actividades sexuales explícitas (en 54 hechos), grooming (en dos hechos) y distribución y representación de menores de dieciocho años dedicados a actividades sexuales explicitas (en dos hechos en concurso real). Si bien la causa aún no había llegado a una condena, se dispuso la cesantía en la faz administrativa al considerar que los elementos reunidos eran suficientes para tomar esa determinación.
El sargento primero Rodolfo Luna y el agente Martín Pera fueron cesanteados en mayo de 2022 en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa, tramitada ante el Equipo Fiscal 2 de San Martín. De acuerdo al decreto 1114/22, el sumario interno se abrió en julio de 2021 tras la aparición de un video de aproximadamente dos minutos en el que se observa cómo personal policial de esa localidad abusaba de una adolescente de 16 años dentro de un patrullero, en el barrio Las Palmeras.
El video fue filmado por un vecino que, al acercarse al vehículo, constató la presencia de dos uniformados con la joven. Al interrogarla luego de que el patrullero se alejó, la adolescente confirmó haber sido introducida a la fuerza. Ambos policías fueron cesanteados sin condena firme, por considerarse probada la comisión de faltas graves y gravísimas que vulneraban el régimen disciplinario de la institución.
“Sus propios intereses”
Uno de los más llamativos hechos de corrupción que derivó en cesantías en la última década se produjo en 2022. Ese año fueron expulsados simultáneamente cuatro oficiales superiores por utilización de instrumento público falso y estafa en perjuicio de la administración pública. Los cuatro estaban acusados de participar de un entramado para adquirir vehículos en custodia judicial, utilizando documentación apócrifa. Se constató que también contaban con un cómplice dentro de la justicia chaqueña.
Los destituidos fueron la comisaria mayor Irma Beatriz Insaurralde, ex jefa del Departamento Policía Científica; el comisario principal Rubén Antonio Valenzuela, ex jefe de la División Criminalística; el comisario mayor Gustavo Ricardo Ortiz, ex jefe de la Comisaría Segunda Metropolitana; y el subcomisario José Antonio Ricail, de la División Criminalística Metropolitana. “Negociaban, buscaban apoderarse de los rodados secuestrados judicialmente para la satisfacción de sus propios intereses personales”, señala el decreto 2528/22.
La causa tuvo un origen casi azaroso. El 5 de junio de 2020, un allanamiento en el domicilio del cabo Pablo Vargas, de la Comisaría de El Sauzalito, dejó al descubierto una motocicleta Yamaha 125 cc que debería haber estado en el depósito judicial. El Juzgado de Garantías N°3, a pedido de la Fiscalía Penal N°14 de Resistencia, ordenó peritar el teléfono del acusado.
Lo que se encontró fue el hilo inicial del entramado: conversaciones de WhatsApp entre el subcomisario Ricail y Sergio Domínguez, empleado de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana de la Unidad Fiscal de Resistencia, en las que el primero le solicitaba al segundo el número de expediente correspondiente a la moto de Vargas. Según la investigación, detallada en el decreto 2529/22, Domínguez confeccionaba oficios apócrifos para que personas designadas por Ricail retiraran vehículos del depósito judicial. Al momento de las cesantías, la fiscalía ya había solicitado la elevación a juicio oral.
Homicidios, robos y otras condenas
En cuanto a las cesantías por homicidios culposos, que se dieron en dos ocasiones durante la última década, la más llamativa es la que tuvo como protagonista al cabo Juan Matías Quintana.
Quintana fue expulsado de la fuerza en 2023 tras ser condenado por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. Recibió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación especial por 10 años para acceder a cargos públicos. El Tribunal lo encontró culpable de haber asesinado de manera accidental a su camarada, el cabo primero Juan Benítez. Benítez murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de Quintana dentro de la Comisaría Duodécima de la capital chaqueña, en un hecho ocurrido el 6 de junio de 2018.
En cuanto a los cesanteados por robo, el más resonante ocurrió en General Capdevilla. Los policías Gabriel Torres, Néstor Rodríguez y Roque Coria fueron expulsados de la fuerza en marzo de 2023 tras ser condenados a 6 años y 10 meses de prisión por la Cámara del Crimen de Charata por el robo cometido la noche del 11 de febrero de 2018 contra el Establecimiento Capioví SRL, predio agropecuario y ganadero.
Durante el violento asalto, los policías redujeron a cuatro trabajadores, que fueron maniatados. Luego, otros tres delincuentes ingresaron a la vivienda al grito de “Policía, Policía”, todos con pistolas 9 milímetros, donde redujeron a un adolescente de 15 años y un joven de 20 años quienes fueron atados con cables. A su vez, obligaron bajo amenaza a un hombre de 54 años, propietario del establecimiento, a conducirlos a la caja fuerte que estaba en un ropero. De allí sustrajeron 200 mil pesos y 3 mil dólares. También se llevaron una pistola, dos escopetas y cuatro teléfonos celulares.
Sólo dos cesantías por vejaciones
La planilla oficial consigna únicamente dos cesantías por vejaciones —actos de maltrato, humillación o trato degradante que menoscaban la dignidad física o moral de una persona—, y ambas van acompañadas de condena judicial.
El primero de los casos involucra al oficial subayudante Darío Jesús Díaz, de la Comisaría Séptima de Resistencia, condenado por un hecho ocurrido en 2010. La Cámara Primera en lo Criminal de la capital chaqueña lo encontró responsable del delito de vejaciones y lo sentenció a tres años de prisión más inhabilitación especial por el doble de ese plazo para el ejercicio de cargos públicos. El Superior Tribunal de Justicia dejó firme la sentencia en agosto de 2015.
El segundo caso es el del subcomisario Héctor Hugo Herrera, de la Comisaría de Hermoso Campo, acusado de haber golpeado a dos detenidos —imputados por un robo— dentro de la dependencia policial, en un hecho de 2013. El Juzgado Correccional de Charata lo condenó el 16 de mayo de 2016 a un año y seis meses de prisión condicional más tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública.
En un contexto en el que el accionar policial atraviesa uno de sus momentos de mayor cuestionamiento, con acusaciones de detenciones masivas y arbitrarias a personas vulnerables y serias sospechas sobre la intervención de efectivos en las recientes desapariciones de Axel González y Nelson Gusak, los casos expuestos en el informe de la Dirección de Personal de la Policía del Chaco trascienden la estadística.
Cada cesantía refleja una falla institucional que impacta de manera directa en la confianza pública. Los datos revelan que el desafío no se limita a sancionar a quienes incumplen la ley, sino a construir una fuerza profesional, capacitada y comprometida con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Porque cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía se apartan de la ley, no solo se vulneran derechos individuales: se resiente la credibilidad de toda la institución.
