Un informe del Ministerio Público Fiscal reconstruye una década de casos en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Gendarmería y el Ejército concentran más de la mitad de los agresores relevados. Las víctimas fueron trasladadas, medicadas y señaladas como “problemáticas”. Ellos, en su mayoría, siguieron en sus puestos.
Viernes, 5 de junio de 2026
Entre 2014 y 2024, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal recibió 70 solicitudes de intervención por casos de violencia sexual ocurridos en el seno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas. El relevamiento acaba de ser publicado en el documento “Acompañamiento a víctimas en casos de violencia sexual en ámbitos de Fuerzas Armadas y de Seguridad” que, más allá de los números, expone una lógica institucional que tiende a proteger al agresor y a expulsar —o silenciar— a quien denuncia.
Los 70 casos involucran a 53 personas señaladas como agresoras, ya que en varios expedientes un mismo victimario actuó contra más de una persona. De ese universo, Gendarmería Nacional concentra el 28,6% de los casos, seguida por el Ejército Argentino con el 27,1%. Ambas fuerzas reúnen, en conjunto, más de la mitad del total relevado. Detrás figuran la Policía Federal Argentina (17,1%), la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad —con el 5,7% cada una— y el Servicio Penitenciario Federal (4,3%).
Geográficamente, Córdoba fue la jurisdicción con mayor cantidad de intervenciones, con 17 casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 15. El resto se distribuyó entre Paraná, Comodoro Rivadavia, San Martín, Tucumán y otras jurisdicciones del país.
De las 70 víctimas que atravesaron esos procesos, 69 eran mujeres cis. En 63 de los casos, el agresor ocupaba un rango superior dentro de la cadena de mando. En los 7 restantes, la violencia provino de un compañero. El informe también registra que en 32 situaciones el abuso sexual se combinó con otras formas de violencia: maltrato arbitrario, abuso de autoridad y conductas asociadas a las desigualdades jerárquicas y de género que estructuran la vida interna de esas instituciones.
¿Denunciar para ser castigadas?
Lo que ocurrió después de las denuncias describe un patrón. En 49 casos, las víctimas hicieron una presentación ante las áreas de género de sus respectivas fuerzas. En 25 de esas situaciones, la respuesta institucional se materializó en la apertura de una carpeta médica o psiquiátrica —consecuencia directa del hostigamiento y los abusos sufridos—, lo que en muchos casos derivó en licencias médicas prolongadas. Lejos de ser una protección, esas licencias las sacaron de sus unidades y las convirtieron, dentro del imaginario institucional, en las “problemáticas” de la historia. Hubo casos en que las mujeres que denunciaron fueron trasladadas al sector de cocina u otros destinos considerados indeseables, en lo que el informe describe como una forma de castigo.
Las consecuencias para las víctimas fueron físicas y psíquicas: ataques de angustia, insomnio, pesadillas, ansiedad y depresión son algunas de las secuelas relevadas. Para 17 de ellas, la DOVIC gestionó articulaciones con otros organismos, principalmente espacios de salud mental y defensorías de víctimas.
Del otro lado de la ecuación, el panorama es casi inverso. De los 53 agresores identificados, apenas 7 fueron dados de baja o pasaron a retiro voluntario. Uno fue detenido. Otro fue trasladado a otra sede. El resto continuó en sus funciones. En cifras: solo el 17% de los agresores enfrentó algún tipo de consecuencia administrativa o laboral por los actos cometidos.
El informe, elaborado de manera conjunta por la Secretaría Ejecutiva y los Programas Especiales de Atención a Víctimas de Violencia Institucional, de Violencias de Género y de Atención Integral en el Proceso Penal —todas áreas de la DOVIC—, también pone el foco en los desafíos que implica acompañar a estas víctimas. El documento señala que muchas de ellas llegan con dificultades para reconocerse como tales, y que sus vidas laborales y familiares suelen aparecer entrelazadas con las violencias que sufrieron, lo que complejiza la intervención.
Las profesionales que realizan los acompañamientos destacan que las propias víctimas, cuando se les pregunta qué esperan del proceso penal, no suelen pedir condenas excepcionales: piden reparación, que se reconozca lo que vivieron y, sobre todo, que eso no le vuelva a ocurrir a nadie más.
El documento fue elaborado en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos 27.372, que asignaron a las víctimas un rol activo en el proceso penal y llevaron a la creación de Áreas de Atención y Acompañamiento en las fiscalías federales de todo el país.
