Una masiva columna recorrió el centro de la capital chaqueña en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos. El documento colectivo que se leyó al final de la manifestación apuntó contra el gobierno nacional y provincial, exigió reforma judicial con perspectiva de género.
Jueves, 4 de junio de 2026
A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, una multitud marchó el miércoles por la tarde noche en Resistencia para repudiar la violencia de género y exigir políticas de protección. La columna, integrada por mujeres, disidencias, familiares de víctimas, organizaciones sociales y sindicatos, partió de la avenida 9 de Julio y Vélez Sarsfield y avanzó hasta la Plaza 25 de Mayo en el centro de la ciudad.
La pancarta principal condensó las demandas de la jornada: “#3J Estado Hambreador y Femicida. Zdero Basta de Impunidad. #Ni Una Menos”. Durante el recorrido, fotografías de mujeres asesinadas, carteles con pedidos de justicia y banderas con nombres de víctimas acompañaron a las y los manifestantes.
Al cierre de la movilización se leyó un documento consensuado entre las organizaciones convocantes, que articuló tres ejes centrales: la caracterización del modelo económico nacional como un “Estado hambreador”, la denuncia de la violencia institucional y las fallas del sistema judicial, y la interpelación directa al gobierno provincial de Leandro Zdero.
El texto denunció los recortes en programas para merenderos y comedores comunitarios, la baja de pensiones por discapacidad y el deterioro presupuestario en salud y educación. Señaló que estas políticas afectan de manera desproporcionada a mujeres y disidencias, quienes sostienen las redes comunitarias ante el abandono estatal.
“El ajuste económico se manifiesta como un Estado hambreador que genera muertes evitables y enfermedades físicas y mentales. Las trabajadoras territoriales redoblan sus esfuerzos cada día para que nadie quede solo frente a la crisis. No son un gasto: son quienes sostienen la vida.”
En materia judicial, el documento exigió una reforma con perspectiva de género, el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y el rechazo al proyecto sobre “falsas denuncias”, al que caracterizaron como un instrumento para criminalizar a quienes denuncian abusos sexuales y favorecer la impunidad de los agresores.
Agostina, Dulce y las víctimas chaqueñas
El texto nombró los femicidios de Agostina, en Córdoba, y Dulce, en Misiones, ocurridos días antes de la marcha. “Sus nombres se suman a la larga lista de mujeres y niñas que nos faltan”, señaló el documento, para concluir con la consigna: “Por ellas y por todas, volvemos a decir con más fuerza que nunca: ¡Paren de matarnos!”
Las organizaciones citaron una estadística que define la urgencia del reclamo: en Argentina ocurre un femicidio cada 30 a 35 horas.
El documento apuntó específicamente contra el gobierno provincial. Denunció que Chaco registra una de las tasas más altas del país en femicidios, con más de treinta víctimas —incluyendo muertes calificadas como “dudosas”— bajo la gestión actual.
Reclamaron que la Policía rinda cuentas por el femicidio de Graciela López, cometido con un arma reglamentaria por un agente con antecedentes de violencia, incumpliendo la Ley 2141. Exigieron la renuncia del jefe de la Policía del Chaco, Fernnado Romero; la aparición de Axel González; justicia por Axel Oroño y el cese de la represión a la protesta social y el avasallamiento a la libertad de prensa.
El documento también alertó sobre la situación crítica de las comunidades Qom y Wichí, con desnutrición y falta de acceso a agua potable y salud básica, en un contexto de desmontes que agravan los desastres ambientales.
La movilización cerró con las consignas que desde 2015 articulan el movimiento: “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Unidas y organizadas venceremos!”
