Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, padre del actual ministro de Justicia y beneficiario de una prórroga de mandato impulsada por el propio Gobierno que integra su hijo, elevó una nota formal a sus colegas del Tribunal para denunciar una supuesta “campaña de desinformación” mediática y pedir que la Cámara se pronuncie contra los medios que critican a los jueces. Calificó al periodismo crítico de su accionar como “oportunista y mercenario” y pidió que se tomen medidas para combatirlo.
Jueves, 4 de junio de 2026
El juez y presidente de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos A. Mahiques, desató una fuerte polémica en los pasillos de los tribunales al enviar una severa carta dirigida al presidente del cuerpo, Diego G. Barroetaveña. En el documento remitido a todas las vocalías, el magistrado —cuyo hijo, Juan Bautista Mahiques es el actual ministro de Justicia de la Nación— plasmó una abierta embestida hacia los medios de comunicación y propuso establecer regulaciones y sanciones éticas para frenar lo que considera un ataque sistemático hacia su figura y la de sus colegas, abriendo un debate sobre el alcance de las presiones de los magistrados hacia el ejercicio del periodismo.
En su escrito de carácter netamente defensivo, Mahiques manifestó formalmente su “preocupación y repudio frente a la incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales, de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. Aunque reconoció de manera formal que el resguardo informativo bajo la doctrina republicana constituye una exigencia, cuestionó duramente el tratamiento mediático de sus fallos y su vida privada, aludiendo que estas temáticas “son motivo de encarnizamiento y acoso mediáticos”. De forma directa, apuntó sus críticas a las coberturas periodísticas de la empresa La Nación+, señalando que varios de sus presentadores “deslizan sospechas, afirman falsedades o aluden despectivamente a algunos magistrados —entre los que me cuento— con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
La parte más controvertida del oficio radica en el llamado del juez a que el Poder Judicial adopte una postura corporativa frente al escrutinio público, solicitando que esta situación sea evaluada institucionalmente debido al “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”. Con un tono que genera alarmas en sectores comprometidos con la libre prensa, Mahiques lamentó que “los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes'”. Con estas declaraciones, el magistrado instaló una riesgosa interrogante en el ámbito democrático al cuestionar: “¿Cómo, entonces, puede encontrarse un equilibrio entre estos principios, asegurando que las críticas a la conducta o a la tarea de los jueces no lleguen al descrédito, la discriminación, la deslegitimación o el agravio personal?”.
¿Penalizar a las fuentes judiciales no revelables?
Lejos de limitar su planteo a una queja individual, Mahiques elaboró una severa impugnación teórica hacia la labor periodística contemporánea, sosteniendo que “genéricamente, en relación a la actividad de los jueces, el ‘blaming’ mediático busca un efecto de verdad sin fundamento fáctico o racional”. Según su óptica, los medios de comunicación han desplazado la información pura para generar resultados alineados con intereses sectoriales ajenos a la claridad informativa, sugiriendo que “la narración mediática, en cambio, carece de matices y no describe hechos, los dramatiza”. El juez alegó que este tipo de coberturas sustituye el análisis riguroso por lo verosímil y lo emocional, un fenómeno que calificó como una “desinformación tóxica” frente a la cual los magistrados de la República tienen la obligación de actuar.
Como corolario de sus exigencias, Mahiques propuso reformas profundas e intervenciones en los códigos institucionales para restringir la dinámica habitual entre la prensa y los tribunales. Entre sus iniciativas, propuso “la incorporación a los reglamentos de ciertas normas deontológicas acerca de las relaciones personales entre jueces y periodistas” y sugirió penalizar “como una grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”. Para concluir, el magistrado lanzó una dramática advertencia basada en la lógica de las organizaciones criminales analizada históricamente por el juez italiano Giovanni Falcone, asegurando que los factores de poder buscan condicionar a la Justicia y obtener sentencias favorables, mediante un proceso destructivo donde a los jueces “primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan…”, equiparando la labor de la prensa con “una muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica”.
Lo que el escrito llama “efecto corrosivo” sobre la imagen de la Justicia es, en rigor, el resultado inevitable de que se conozca lo que efectivamente ocurre: un magistrado que viaja con gastos pagos por un grupo mediático, que es renovado en su cargo por el Gobierno que encabeza su propio hijo, que festeja su cumpleaños en una propiedad investigada por lavado de activos. El periodismo no fabrica esa imagen: la reproduce. Y es precisamente esa reproducción la que Mahiques, desde el membrete institucional de uno de los tribunales más importantes del país, pretende acotar, regular y, en última instancia, disciplinar.
Texto completo de la nota de Mahiques al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de junio del 2026.
Sr. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
Dr. Diego G. Barroetaveña S / D
“Me dirijo a VE en mi condición de juez y presidente de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y a su través, a los colegas integrantes de las demás salas del Tribunal, a fin de transmitirles mi preocupación y repudio frente a la incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales, de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes.
Nadie duda, Sr. Presidente, de que el resguardo del derecho a la recta y objetiva información pública que garantizan los arts. 14, 16, 33, 42 y 43 de la Constitución Nacional (subrayo “recta” y “objetiva”) constituye una exigencia republicana. En palabras de la Corte Europea de Derechos Humanos, una opinión o información es objetiva cuando cuenta con sufissante baisse factual (base fáctica suficiente). Con todo, de un tiempo a esta parte, temas que hacen al ámbito privado de los jueces o al contenido de sus resoluciones son motivo de encarnizamiento y acoso mediáticos con frecuencia aviesamente “justificados” en presuntos relacionamientos con sucesos y personajes públicos o bajo investigación. Los temas “judiciales” merecieron (y continúan mereciendo) hasta la fecha innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+, donde con un renovado repertorio de intervenciones periodísticas de toda laya, varios de sus epígonos deslizan sospechas, afirman falsedades o aluden despectivamente a algunos magistrados —entre los que me cuento— con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas.
No es la primera vez que integrantes de esta Cámara se vieron expuestos a ataques de esa índole y a la desinformación intencionada camuflada de “opinión editorial” (cfr. nota remitida al director de La Nación por los jueces A.E. Ledesma y A.W. Slokar, del 4 de agosto de 2014). Ahora, ya transcurrido demasiado tiempo de soportar la hostilidad de los nuevos sicofantes, acudo a VE y al cuerpo judicial que integro, para solicitar que la situación originada en operaciones montadas contra el Poder Judicial por la vía de la persecución mediática de algunos de sus integrantes sea objeto de debate, reflexión y evaluación y, en caso de estimarlo conducente, de un pronunciamiento sobre el efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado. O, como resulta en mi caso, de las consecuencias de un tratamiento desproporcionado por su extensión y distorsionado por sus contenidos, de sucesos que nunca ocurrieron. De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos.
Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de “preservación de las fuentes”. Sin embargo, la legislación sí sanciona toda discriminación originada en el estado familiar o pertenencia real o ficticia a determinada ideología, religión, institución o grupo de referencia. ¿Cómo, entonces, puede encontrarse un equilibrio entre estos principios, asegurando que las críticas a la conducta o a la tarea de los jueces no lleguen al descrédito, la discriminación, la deslegitimación o el agravio personal? ¿Cuál sería en una república democrática el modo en que los jueces establezcan esos límites cuando se los traspasa precisamente respecto de ellos mismos con afectación de su independencia?
Lo que a mi juicio está claro es que, genéricamente, en relación a la actividad de los jueces, el “blaming” mediático busca un effecto de verdad sin fundamento fáctico o racional. Medios y portales de diversa ralea, difusión e impacto en la opinión pública se entregaron progresivamente a un maniqueísmo editorial y a una lógica narrativa desde los headlines y en su mismo discurso. Esta deriva no es inocente pues implica un desplazamiento desde la información hacia la generación de resultados favorables a los intereses políticos, económicos o empresariales de los centros de poder comunicacional. No se busca así describir un hecho sino provocar la reacción de la opinión pública, lo que supone en sí la abdicación de la primera y principal misión del periodismo que es la de aportar claridad a través de la información.
En nuestro oficio judicial, los hechos, lo efectivamente ocurrido, las pruebas, son materia de examen y confronte en diversas secuencias procesales, siempre sometidas al control de las partes y al de las posteriores revisiones en instancias en las que se evalúa y define su eficacia veredictiva. La narración mediática, en cambio, carece de matices y no describe hechos, los dramatiza. Le agrega elementos emocionales, construye figuras de héroes, villanos y sospechosos mediante giros narrativos y conjeturas engañosas que no pertenecen al orden de lo ocurrido, sino al del relato. Es en este punto donde la “información” deviene mera opinión carente de certitud (Platón, La República, Libro X). Esa categoría de “comunicadores” a los que me refiero persiguen no ya la comprensión del receptor sino su adhesión o rechazo inmediatos. El propósito no es informar sino seducir. Esto es, reitero, un falso efecto de verdad, de la sensación de estar comprendiendo algo cuando en realidad se trata de una construcción narrativa que no responde a ningún proceso riguroso de conocimiento. La representación e información así generada lejos de educar, desordena, confunde, y forma ciudadanos más inclinados a la emoción que al juicio.
Si trasladamos esto al presente, la cuestión se vuelve aún más urgente y riesgosa para las instituciones. El ciudadano contemporáneo se informa de los procesos y las decisiones de la Justicia a través de dispositivos y estrategias comunicacionales que privilegian la velocidad, el impacto y la simplificación. En ese contexto, la lógica de los mass media -y su capacidad de mentir, condensar, exagerar, minimizar o dramatizar- termina reemplazando al análisis, lo “verosímil” a lo verdadero, y lo emocional a lo racional. Un buen periodismo, en cambio, no debería estar representado por quienes hoy hacen de la información un espectáculo, manipulando y secuestrando el sentido del lenguaje para satisfacer un interés subalterno o sectorial. Estos personajes son los que actualmente ocupan gran parte del espacio informativo y los que (como diría A. Camus, Les Justes), para no perder la “oportunidad” terminan perdiéndose a sí mismos y a su dignidad, poniéndose a distancia de su propia conciencia para aumentar la “clientela”, ganar el favor de sus empleadores, lograr rating o un mayor efecto en el prime time.
La situación descripta y el peligro que esta desinformación tóxica suscita, configura un desafío que debemos afrontar como jueces de la República, y que no consiste en eliminar ni limitar la dimensión expresiva de los medios sino en detectar y denunciar las “operaciones” y someterlas a la crítica, exigiendo una mínima honestidad intelectual del periodismo en relación a la Justicia. Porque cuando el discurso se independiza del hecho, cuando el relato se vuelve más importante que lo ocurrido, lo que se pierde no es solo la verdad objetiva sino también la posibilidad misma de que la ciudadanía elabore su propio juicio y no se limite solo a reaccionar emocionalmente.
No sería ocioso entonces que este Tribunal —dado su emplazamiento sistémico e importancia como intérprete de las normas— debatiera sobre tales asuntos y se expidiera eventualmente acerca de la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad. En ese sentido, creo que un modo de aportar objetividad y rigor a la información surgida de las sentencias y resoluciones judiciales sería la instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal, la difusión en tiempo y forma de todo ese material para que la ciudadanía pueda conocerlo oportunamente, de fuente rigurosa, confiable y oficial.
Debería igualmente considerarse la incorporación a los reglamentos de ciertas normas deontológicas acerca de las relaciones personales entre jueces y periodistas y sancionar éticamente como una grave falta el intercambio de información o de “favores” que luego son utilizados por el periodismo como “fuentes judiciales” no revelables que raramente se ajustan a la realidad. Frente al periodismo oportunista y mercenario, Sr. Presidente, debe haber de este lado del estrado, un interlocutor formado e informado que defina el escenario y los términos de una discusión rigurosa y desmonte la promiscuidad informativa, el fácil argumento de “buenos y malos”, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar. En otros términos, se impone re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios masivos de comunicación, o, dicho más llana y urgentemente, hallar un modo de mesurar la desmesura…. Est modus in rebus.
En fin, Sr. Presidente, es mi intención alertar que cuando se devalúa, silencia o deslegitima la voz de los jueces o se pretende hacerlos servidores del discurso mediático, se menoscaba irremediablemente la representación que invisten y el sentido y la autoridad del propio Poder Judicial como institución de la República. Los métodos y la lógica mafiosa, como alertaba G. Falcone, no es algo privativo de las organizaciones criminales sino de todos los poderosos que, dentro y fuera del Estado, buscan condicionar el normal funcionamiento de la Justicia y obtener de los jueces resoluciones favorables a sus coyunturales intereses económicos, corporativos o políticos, para lo cual “primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan….”, aunque tratándose de los medios sea, esta última, una muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica.
Saludo al Sr. Presidente con particular estima”.
Carlos A. Mahiques, Juez
