La jueza federal Macarena Marra Giménez aceptó que la demanda se tramite como una “acción colectiva” (es decir, que el fallo final beneficiará o afectará a todos los chicos involucrados del país, no solo a quien hizo la denuncia). Sin embargo, rechazó devolver el subsidio de forma urgente mientras dure el juicio.
Martes, 2 de junio de 2026
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, declaró el carácter colectivo de la acción promovida por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), por el cierre del programa social en favor de niños bajo medidas de protección, pero desestimó la medida cautelar solicitada que pretendía suspender los efectos de la Resolución SNNAYF 205/2025, informó el portal Palabras del Derecho.
¿Qué era el plan “Aunar Familias” y por qué hay un conflicto?
Este programa consistía en una ayuda económica que el Estado entregaba a personas, generalmente familiares o allegados, que se hacían cargo del cuidado provisorio de niños, niñas y adolescentes que habían sido separados de sus padres biológicos por situaciones de vulnerabilidad o peligro. El conflicto empezó cuando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia decidió eliminar este subsidio. Ante esto, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes demandó al Gobierno bajo el argumento de que esta quita desprotege a más de 15.000 chicos en todo el país y desalienta que las familias solidarias los cuiden.
Los argumentos de cada lado
Por la parte demandante, la Defensoría pide que se anule la baja del plan y se vuelva a pagar el subsidio porque considera que se están vulnerando gravemente los derechos de miles de menores de edad. Por su parte, el Gobierno defendió su decisión señalando que el plan funcionaba de manera deficiente, carecía de controles institucionales, no medía sus resultados ni contaba con registros confiables. Además, el Poder Ejecutivo sostuvo que prefiere reestructurar las políticas de infancia y dejar que las provincias se encarguen de la gestión directa de la niñez.
¿Qué resolvió la jueza ahora?
En primer lugar, la jueza aceptó la demanda colectiva al considerar que la quita del subsidio afecta de la misma manera a una gran cantidad de chicos en situaciones vulnerables, por lo que no tiene sentido que cada familia realice un juicio individual. De esta manera, el reclamo de la Defensoría representará a todo el grupo de chicos afectados a nivel nacional y lo que se decida al final del juicio valdrá para todos ellos.
En segundo lugar, la magistrada rechazó el pedido de urgencia que buscaba reactivar el subsidio de inmediato mientras se debate el juicio principal. La jueza explicó que no se puede obligar al Gobierno a reponer todo el plan de forma apurada porque eso significaría entrometerse en el manejo del dinero público y en las políticas del Poder Ejecutivo antes de tiempo. Además, recordó que el Estado ya saldó una deuda pendiente de 59 millones de pesos a 317 personas que ya tenían el subsidio aprobado antes de que se eliminara el programa.
¿Cómo sigue el caso?
Esta decisión no representa el final de la historia. Lo que resolvió la jueza es simplemente el formato técnico en que se desarrollará el juicio y la negativa a realizar pagos de emergencia por el momento. El fondo de la cuestión, es decir, determinar si la decisión del Gobierno de eliminar el plan fue legal o si debe declararse nula para devolver la ayuda económica, se resolverá más adelante cuando se dicte la sentencia definitiva.
