El Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, resolvió que el expediente por el presunto manejo irregular de fondos municipales de Sáenz Peña pase a manos del Equipo Fiscal Nº 4, a cargo del fiscal Gustavo Valero. Fue al respaldar la inhibición del fiscal original de la causa, Marcelo Soto. Además, ratificó que la fiscal de Cámara Andrea Bastos colabore con la investigación. Antes de inhibirse, Soto había imputado a Diego Landriscina, secretario de Gobierno del Municipio de Sáenz Peña y mano derecha del intendente Bruno Cipolini.
Jueves, 28 de mayo de 2026
La Procuración General Adjunta del Chaco dictó una resolución clave para destrabar el conflicto de competencia en la causa penal que investiga el presunto manejo irregular de fondos públicos en el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. A través de la Resolución Nº 15, firmada por el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, la jefatura del Ministerio Público Fiscal ordenó apartar de manera definitiva al fiscal original del caso y designar una estructura especial de co-fiscalía para llevar adelante la sensible pesquisa institucional.
El conflicto se originó luego de que el titular del Equipo Fiscal Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, Marcelo Soto, promoviera su propia inhibición para continuar al frente del expediente. El representante del Ministerio Público fundó su apartamiento en el hecho de que el abogado patrocinante del intendente Bruno Cipolini, Juan Antonio Arregin, lo había denunciado previamente ante el Consejo de la Magistratura, una circunstancia procesal que, a su criterio, comprometía seriamente las garantías de imparcialidad y objetividad que deben guiar la tarea de la acusación pública.
Antes de inhibirse, Soto había imputado a Diego Landriscina, secretario de Gobierno del Municipio de Sáenz Peña y mano derecha del intendente Bruno Cipolini. Fue como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicios de funciones públicas y malversación de caudales públicos todo en concurso ideal. Además, en los pasillos de los tribunales saenzpeñenses se especulaba que el próximo imputado podía ser el propio intendente Cipolini, lo que precipitó la maniobra que terminó con el apartamiento de Soto de la causa.
La carpeta judicial fue derivada inicialmente a su colega del Equipo Fiscal Nº 4, Gustavo Valero, quien rechazó de plano recibir la investigación. Valero fundamentó su negativa señalando que la causal invocada por Soto no se encontraba configurada debido a que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura ya había sido desestimada por el organismo constitucional, lo que impedía considerar la existencia de un motivo real de apartamiento. Asimismo, sostuvo que este tipo de planteos deben ser evaluados con criterio restrictivo y basarse en hechos de extrema gravedad. Ante el rechazo, el fiscal Soto decidió ampliar sus argumentos e introdujo la figura de “violencia moral”, manifestando que el accionar del letrado Arregin había alterado de manera objetiva la tranquilidad, el decoro y la independencia intelectual necesarias para resolver en el caso.
Al tomar intervención para dirimir la disputa entre ambos funcionarios, el Procurador Adjunto Miguel Fonteina se inclinó por convalidar la postura de Soto y confirmar su apartamiento basándose en el resguardo de la transparencia del proceso. El jefe de los fiscales ponderó que las razones expresadas por el instructor del Equipo Nº 3 trascendían una mera discrepancia subjetiva, advirtiendo que los motivos de delicadeza o violencia moral denunciados tocan un estado de ánimo que impacta directamente en la serenidad del órgano acusador. Fonteina argumentó en la resolución que resulta indispensable hacer honor al escrúpulo respetable de los magistrados para preservar no solo la efectiva objetividad funcional, sino también la confianza de los litigantes y de la comunidad en la recta administración de justicia.
Finalmente, la jefatura del Ministerio Público resolvió declarar que las actuaciones del expediente correspondientes a la denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons y los concejales Leonardo Arrudi y Fernando Tevez pasen formalmente a la órbita del Equipo Fiscal Nº 4. De este modo, la compleja causa por los fondos municipales de Sáenz Peña quedará bajo la dirección de Gustavo Valero, quien por disposición superior no trabajará en soledad, sino que intervendrá de manera conjunta y coordinada con la Fiscal de Cámara de la misma circunscripción, Andrea Verónica Bastos.
