El suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, Guillermo David Toledo, fue condenado a ocho años de prisión por liderar un grupo de agentes que en agosto de 2024 llevó adelante allanamientos ilegales, torturó a detenidos para obtener información sobre proveedores de drogas, robó cocaína y dinero en efectivo, y luego comercializó parte del estupefaciente de manera clandestina. También fueron condenados otros seis policías.
Martes, 26 de mayo de 2026
Un tribunal oral de Rosario condenó a ocho años de prisión a Guillermo David Toledo, suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, por liderar un grupo de agentes que en agosto de 2024 llevó adelante allanamientos ilegales, torturó a detenidos para obtener información sobre proveedores de drogas, robó cocaína y dinero en efectivo, y luego comercializó parte del estupefaciente de manera clandestina. El caso, que involucró en total a siete policías y a familiares del propio condenado, concluyó con condenas para todos los implicados.
La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider, luego de un debate centrado exclusivamente en la determinación de la pena, ya que la responsabilidad penal del imputado había sido previamente consensuada en un acuerdo parcial entre la fiscalía y la defensa. Además de los ocho años de prisión, Toledo recibió once años de inhabilitación absoluta, multa y costas. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Rosario, bajo la conducción del fiscal general Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro.
La sentencia tuvo por probado que Toledo lideraba un grupo integrado por otros seis policías de la PAT que realizó allanamientos ilegales, privó ilegítimamente de la libertad a varias personas, aplicó tormentos físicos para obtener información y sustrajo cocaína, dinero y otros elementos de una vivienda de Rosario, para luego comercializar parte del estupefaciente de manera clandestina en la ciudad de Santa Fe.
Los hechos
Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2024. Los policías ingresaron sin orden judicial ni motivos que justificaran el procedimiento, redujeron a tres adultos y dos menores de edad y permanecieron en el lugar durante aproximadamente una hora, desde las 16.30 hasta las 17.20. Allí, se apropiaron de cuatro ladrillos de cocaína, armas de fuego, cuchillos de colección y alrededor de 6.000 dólares, para luego retirarse en móviles policiales.
Ese mismo día, la brutalidad del grupo no se limitó al robo. Toledo y otro de los suboficiales sometieron a dos personas detenidas en un patrullero a descargas eléctricas, golpes e intimidaciones para obtener información sobre el proveedor de un ladrillo de cocaína secuestrado en otro procedimiento. La picana eléctrica utilizada para torturar a las víctimas fue encontrada posteriormente durante un allanamiento en el domicilio de uno de los policías imputados. Parte de la sustancia estupefaciente sustraída fue comercializada en la ciudad de Santa Fe, con la participación de familiares de Toledo que, por esos hechos, también fueron condenados en el marco de la investigación. El rol conductor de Toledo en todo el operativo fue reconstruido a partir de testimonios, peritajes sobre conversaciones extraídas de teléfonos celulares, allanamientos y análisis de distintas evidencias incorporadas al legajo fiscal.
El juicio fue el primero de determinación de pena realizado en la Unidad Fiscal Rosario bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal, vigente en el distrito desde mayo de 2024. Ese mecanismo —conocido como juicio de cesura— permite debatir exclusivamente la sanción a imponer cuando la responsabilidad penal ya fue reconocida previamente. En este caso, las diferencias entre fiscalía y defensa giraban en torno a la cantidad de años de prisión. Durante la audiencia, las fiscales remarcaron “la gravedad institucional” de los hechos y sostuvieron que las prácticas abusivas y violentas desplegadas por Toledo en perjuicio de siete víctimas “no fueron una excepción en su carrera, sino un patrón de usos y costumbres persistente”. Al momento de dar a conocer el veredicto, el juez Sutter Schneider hizo referencia a “la intensidad del abuso institucional” acreditado en los hechos.
Los otros seis integrantes del grupo habían sido condenados con anterioridad mediante acuerdos plenos. Jesús Balais recibió siete años de prisión efectiva; Fernando Nicolás Ferreira, seis años y seis meses; Iván Severino Schneider y Gerardo Pérez, cuatro años y seis meses cada uno; Sergio Robledo, tres años y seis meses; y Miguel Aguilar, jefe de servicio, dos años de prisión efectiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A todos ellos se les aplicó la figura agravada por tratarse de miembros de una fuerza de seguridad y por actuar de manera organizada con más de tres personas.
