En esta nota de opinión, el abogado y comunicador Leandro Matías Rodríguez realiza un análisis crítico del proyecto de ley libertario para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental. “Lo que verdaderamente incomoda a los promotores de la reforma no es la imposibilidad de actuar en la urgencia – la ley vigente ya contempla la internación involuntaria ante un “riesgo cierto e inminente” -. Lo que les molesta es la obligación de rendir cuentas. Les molesta el control interdisciplinario, la revisión judicial y la firma compartida. En definitiva, les molesta el límite”, sostiene.
Domingo, 24 de mayo de 2026
Por Leandro Matías Rodríguez*
Hay algo profundamente inquietante en ciertos discursos políticos contemporáneos: se presentan con el ropaje del “sentido común” cuando, en realidad, son una restauración elegante de viejas violencias. La avanzada contra la Ley Nacional de Salud Mental (N.º 26.657) no nace del rigor científico ni de una preocupación genuina por el sufrimiento psíquico. Nace del miedo. Y pocas cosas son más peligrosas que legislar desde el espanto y la comodidad del aislamiento.
La senadora Nadia Márquez y los sectores que promueven la reforma sostienen que es imperioso habilitar mecanismos más laxos de internación involuntaria porque la ley actual “no funciona”. La premisa parece razonable y apela a la empatía inmediata, hasta que uno ejercita la memoria. Durante décadas, las “respuestas reales” en materia de salud mental en Argentina fueron el manicomio, el electroshock indiscriminado, la sobremedicación y el abandono institucional. El problema de la memoria histórica es que incomoda a quienes necesitan volver atrás para ocultar su propia ineficacia.
Bajo esa misma lógica de desmemoria, resulta una contradicción feroz, casi tragicómica, que los mismos sectores políticos que han hecho de la “libertad absoluta” su bandera ideológica innegociable sean hoy los primeros en exigir que se amplíen las facultades del Estado para encerrar personas. Pareciera que la libertad es un derecho sagrado para el mercado, pero un lujo prescindible para los cuerpos vulnerables. Es la tentación autoritaria de siempre, disfrazada de compasión: siempre resulta más fácil reivindicar libertades abstractas desde un estrado que defender concretamente la autonomía de quien padece en la calle.
Lo que verdaderamente incomoda a los promotores de la reforma no es la imposibilidad de actuar en la urgencia – la ley vigente ya contempla la internación involuntaria ante un “riesgo cierto e inminente” -. Lo que les molesta es la obligación de rendir cuentas. Les molesta el control interdisciplinario, la revisión judicial y la firma compartida. En definitiva, les molesta el límite. Y toda sociedad democrática se define, precisamente, por los límites que impone al poder de un funcionario o de un médico sobre la vida de un ciudadano.
El argumento de la “eficacia” se desmorona por su propio peso financiero y de gestión. Resulta llamativo cómo los sectores que hoy exigen con vehemencia “más herramientas” para internar jamás exigen presupuesto para dispositivos comunitarios, viviendas asistidas, hospitales generales, equipos interdisciplinarios o políticas públicas de prevención. Hablan de crisis, pero sólo imaginan camas. Hablan de sufrimiento, pero sólo ofrecen control.
La cama de internación opera aquí como un fetiche tranquilizador para la conciencia biempensante. Se nos vende el aislamiento como un refugio, cuando la historia demuestra que el asilo crónico vacía de subjetividad a las personas, convirtiéndolas en meros números de expediente. El verdadero pragmatismo no es el que esconde el dolor para que no ensucie la vista de las ciudades pretenciosas; el verdadero pragmatismo es el que sostiene, acompaña y restituye la dignidad en el territorio, allí donde la vida efectivamente sucede.
Intentar resolver el déficit crónico de infraestructura y la flagrante ausencia de políticas comunitarias ampliando las facultades de encierro no es pragmatismo; es una perversión jurídica. Es la claudicación ideológica de una gestión que confunde resolución con descarte: ante la incapacidad de construir una red de salud pública eficiente, la solución propuesta es volver invisible el problema detrás de los muros de una institución.
Hay, además, una dimensión corporativa que se intenta camuflar bajo un lenguaje supuestamente técnico. Al insistir en devolver una centralidad excluyente a la firma del psiquiatra y relativizar el enfoque interdisciplinario, la reforma no está defendiendo la ciencia médica: está defendiendo la jerarquía de poder.
La Ley de Salud Mental fue revolucionaria justamente porque rompió con la lógica vertical donde una sola disciplina decidía, de manera omnímoda, sobre la vida ajena. Psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y acompañantes terapéuticos dejaron de ser accesorios decorativos para convertirse en parte constitutiva del cuidado. Pretender que un abordaje moderno y complejo se reduce a un diagnóstico clínico y una orden de aislamiento es un anacronismo científico que atrasa medio siglo.
Esta avanzada, además, ignora con soberbia el saber acumulado de quienes habitan la trinchera sanitaria. Los equipos que hoy sostienen el sistema público no piden pasillos más oscuros ni cerrojos más gruesos; piden condiciones dignas de trabajo, continuidad en los tratamientos y la certeza de que el Estado no va a soltarles la mano cuando la crisis arrecie. Desoír a los trabajadores y a los propios usuarios del sistema para escuchar únicamente el eco de los despachos oficiales es la garantía de un fracaso anunciado.
El uso reiterado de casos trágicos y extremos para promover reformas regresivas merece una última reflexión ética. Convertir episodios dolorosos en plataformas de campaña no es sensibilidad: es oportunismo emocional. Detrás de cada situación límite hay múltiples fallas estatales previas – consumos problemáticos sin abordaje territorial, pobreza estructural, ausencia de redes familiares y abandono sanitario – que jamás se van a resolver con una cama de aislamiento.
La verdadera crisis de la salud mental argentina no es la existencia de demasiados derechos. Es la ausencia de políticas públicas capaces de volverlos efectivos. No faltan internaciones: faltan dispositivos. No sobra garantismo: sobra abandono.
El retroceso hacia el tutelaje manicomial sólo expone la impotencia de un Estado que, mientras esgrime una retórica de libertad, utiliza la fuerza real del aislamiento para ocultar la vulnerabilidad que su propia desidia produce.
*Abogado y comunicador
