El 19 de mayo de 2022, la jueza federal Zunilda Niremperger leyó una resolución que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina: por primera vez, un tribunal reconoció que la matanza perpetrada el 19 de julio de 1924 contra los pueblos Qom y Moqoit en la reducción Napalpí fue un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio. Hoy se cumplen cuatro años de ese fallo histórico.
Martes, 19 de mayo de 2026
La sentencia fue el resultado de siete jornadas de juicio por la verdad que congregaron a cientos de personas frente al Centro de Convenciones Gala de Resistencia. Dentro, la magistrada escuchó los alegatos de la fiscalía, de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño. Afuera, una multitud aguardaba con banderas wiphala y carteles que reclamaban verdad, justicia y reparación histórica. La resolución fue traducida en simultáneo a las lenguas Moqoit y Qom por los intérpretes Néstor Díaz y Victorio Ramírez.
El fallo estableció que el Estado nacional fue responsable en la planificación, ejecución y encubrimiento del ataque, en el que un centenar de policías, gendarmes y civiles armados con apoyo aéreo dispararon a mansalva durante aproximadamente una hora contra unas mil personas que realizaban una huelga en la zona de El Aguará. Entre las víctimas había niñas y niños, mujeres —algunas embarazadas—, ancianos y familias enteras de los pueblos Moqoit y Qom. La jueza Niremperger determinó que el número de asesinados trepó a entre 400 y 500 personas, y que quienes no pudieron escapar fueron ultimados con extrema crueldad: hubo mutilaciones, exhibiciones de cadáveres y enterramientos en fosas comunes.
La sentencia también reconstruyó el encubrimiento posterior. Desde el Estado se impuso una versión oficial que presentó los hechos como un supuesto enfrentamiento entre etnias con solo cuatro muertos, versión que avaló la justicia de la época sin tomar declaración a ningún indígena. En paralelo, el oficialismo bloqueó en el Congreso la formación de una comisión investigadora. Décadas después, los fundamentos que Niremperger difundió en julio de 2022 subrayaron que la masacre “fue un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”, y detallaron la logística de la operación: movilización de tropas con días de anticipación, provisión masiva de armamento y municiones, y el uso de una avioneta para tareas de inteligencia y observación.
Entre las medidas de reparación ordenadas por el fallo figuraron la transmisión íntegra del juicio por la Televisión Pública, la continuidad de los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense para la búsqueda de fosas comunes, la inclusión de Napalpí en los diseños curriculares de todos los niveles educativos del país, la construcción de un museo y sitio de memoria en Colonia Aborigen, y la obligación del Congreso de declarar el 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí. El juicio reconoció además, como medida reparatoria adecuada, el pedido de disculpas realizado por el gobernador Jorge Capitanich en 2008 en representación del Estado chaqueño.
El proceso había sido impulsado desde 2014 por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay. Uno de sus principales promotores históricos fue el escritor e investigador Qom Juan Chico, cuya memoria fue homenajeada durante los alegatos. “Nosotros entendimos que está el derecho a la vida y muchos derechos en juego, pero básicamente teníamos que poner de manifiesto el derecho a la verdad”, resumió Carniel al cerrar su alegato.
La cobertura de LITIGIO
La cobertura del juicio por la verdad estuvo entre los trabajos más extensos y detallados que realizó Revista LITIGIO desde su fundación. En una cobertura conjunta con la Agencia Perycia, el medio siguió las siete jornadas del proceso y reconstruyó en detalle tanto el desarrollo de las audiencias como el clima que se vivió fuera de la sala, donde cientos de personas siguieron la lectura de la sentencia en una pantalla gigante. La nota de la jornada final —publicada el mismo 19 de mayo de 2022— documentó los alegatos de la fiscalía y las querellas, el contenido íntegro del fallo y las medidas de reparación ordenadas por Niremperger. Semanas después, también se publicaron los fundamentos de la sentencia, completando un registro periodístico que hoy funciona como archivo de referencia sobre uno de los juicios más significativos de la historia judicial chaqueña.
Cuatro años después, la fecha recuerda que la verdad judicial llegó casi un siglo más tarde que los hechos. Y que fue posible, en parte, porque los pueblos Qom y Moqoit nunca dejaron de reclamarla.
