El Concejo Municipal tratará la semana que viene un proyecto de ordenanza que criminaliza la actividad de changarines urbanos dedicados a cuidar vehículos y a limpiar parabrisas en los semáforos. En paralelo, la Policía del Chaco difundió un video mostrando detenciones masivas de estos trabajadores informales. Una avanzada del oficialismo contra los más vulnerables en una de las ciudades con más pobreza y desocupación del país.
Jueves, 14 de mayo de 2026
Por Bruno Martínez
Pobreza y desocupación son las dos características principales que marcan la actualidad del Gran Resistencia. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el índice de desempleo se ubicó en el 8,2% en el cuarto trimestre del 2025, y quedó bastante por encima del 7,5% del promedio nacional. A su vez, en el segundo semestre de 2025, el relevamiento oficial indicó que en el Área Metropolitana casi 1 de cada 2 personas es pobre, lo que la ubica en el segundo puesto entre los aglomerados urbanos más golpeados por la crisis económica, sólo superada por Concordia.
¿Qué hacen los gobiernos de la Provincia y del municipio frente a esto? Lo que suelen hacer los gobiernos de derecha: criminalizar a los pobres. Más específico: barrer de las calles a quienes cuidan autos, los lavan por escaso dinero y también limpian los vidrios de vehículos en los semáforos. Un oficio al que llegan personas vulnerables que fueron completamente expulsadas del sistema laboral, a un paso de la mendicidad. La excusa para esto fueron algunos pocos hechos de violencia y robos amplificados hasta el hartazgo por los medios de comunicación locales que tendrían como protagonistas, a priori, a los “trapitos”.
Para este fin, el Concejo Municipal de Resistencia tiene previsto tratar la semana próxima un proyecto de Ordenanza impulsada por el bloque oficialista que responde al intendente Roy Nikisch. La iniciativa propone prohibir en todo el ejido urbano la actividad de los denominados “trapitos”, especialmente en las zonas alcanzadas por el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido. Es decir, el centro de la ciudad.
El texto del proyecto, firmado por los concejales Miriam Jara, Ramón Romero, Analía Acuña, Javier Dumrauf, Analía Verón y Alejandro Aradas —todos del bloque UCR—, argumenta que la actividad genera en los vecinos “una sensación de intimidación, presión y temor”, y que representa “cobros paralelos, informales y no autorizados” que implican “una doble carga económica” para quienes utilizan el estacionamiento pago.
“La situación genera en los ciudadanos una sensación de intimidación, presión y temor, viéndose muchas veces obligados a efectuar pagos para evitar represalias contra su integridad física o contra sus bienes, tales como daños materiales a vehículos o moto vehículos, rotura de vidrios, rayaduras, pinchaduras de neumáticos y otras conductas similares”, señala un fragmento de los considerandos del proyecto.
En suma, el radicalismo local busca avasallar el derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita, penalizando de antemano delitos que aún no ocurrieron (amenazas, daño a la propiedad) utilizando como fundamento al gastado derecho penal de autor, muy usado en regímenes autoritarios.
El derecho penal de autor, vale remarcar, sostiene que lo que se sanciona no es el hecho cometido (el acto delictivo), sino la personalidad, el carácter o la peligrosidad del sujeto. Bajo esta lógica, el sospechoso es castigado por “ser” de determinada manera, más que por lo que efectivamente hizo. Así, para los concejales radicales, se es una amenaza por el sólo hecho de ser trapito y su existencia debe ser eliminada, al menos del centro capitalino.
Video de detenciones
La iniciativa legislativa no avanza sola. Este jueves, la Policía del Chaco difundió en sus redes sociales un video en el que se observa a efectivos realizando detenciones de cuidacoches y limpiavidrios en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes muestran a personas siendo demoradas mientras realizaban sus changas en la vía pública para subsistir, sin molestar, hostigar ni amenazar a nadie.
De hecho, en el mismo video se aprecia a uno de los trapitos que se acerca a un auto para proponer limpiar el parabrisas. El conductor le dice que no, el trabajador levanta el pulgar, en señal de aceptación, y luego se retira sin insistir, buscando otro vehículo para limpiar.
En las imágenes que compartió la policía, también se observan requisas personales —sin encontrar elementos de interés alguno— y el secuestro de objetos de trabajo como escobillas para limpiar vidrios, mochilas y recipientes con agua, antes de ser trasladados por personal policial.
En el audio que acompaña al video se escucha al subjefe de Policía, Manuel Silva, —protagonista del operativo— explicar a uno de los cuidacoches los supuestos motivos de su traslado a una comisaría y su puesta a disposición de la Justicia de Faltas.
“Usted sabe que la actividad que usted está realizando no está respaldada, no se puede realizar”, se escucha decir al funcionario policial, con una entonación que remite a los comunicados de la última dictadura.
El subjefe policial suma a esa explicación una particular noción de peligrosidad asociada a la sola presencia de estos trabajadores en la calle. “Usted se interpone sobre el pavimento. Usted puede ocasionar un accidente al ponerse enfrente y moverse enfrente de los vehículos. Usted está poniendo en peligro una libre circulación”, afirma.
A continuación, Silva le informa al “trapito” que lo van a trasladar a una comisaría. “En este momento usted va a ser acompañado por la policía y va a ser identificado. Señor, quien le habla, en representación de la Policía del Chaco, le notifica formalmente que a partir de este momento usted será conducido y alojado en una unidad de orden público, quedando su situación legal a cargo y con pleno conocimiento de las autoridades del Juzgado de Faltas de Resistencia”, concluye el audio del video, difundido bajo el título: “La seguridad crece sin trapitos en la calle”.
