Tras los alegatos finales, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijó la fecha de sentencia. La querella y la fiscalía solicitan penas de hasta 5 años de prisión efectiva para los efectivos acusados de golpear y humillar a una familia de madereros en 2022.
Martes, 12 de mayo de 2026

El juicio oral que investiga el accionar de cuatro efectivos policiales de Machagai por graves hechos de violencia institucional entró en su cuenta regresiva. La jueza Fanny Zamateo, a cargo de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, anunció que el próximo 29 de mayo a las 12 se dará a conocer el veredicto.
Durante la última audiencia, realizada el pasado viernes, la defensa de los policías pidió la absolución de los imputados intentando desestimar las acusaciones. Planteó una supuesta vulneración al principio de congruencia, argumentando que la conducta de sus defendidos no encuadra en el tipo penal de apremios ilegales, debido a que se actuó ante una supuesta resistencia a la autoridad. Asimismo, cuestionó por qué no se imputó el delito de “privación ilegítima de la libertad”, buscando señalar inconsistencias en la estrategia de la fiscalía.
Por su parte, el abogado querellante, Ramiro Cabaña, rechazó tajantemente estos planteos. “No existe afectación a la congruencia porque no se alteró la plataforma fáctica ni típica del hecho”, sostuvo. Cabaña reafirmó que la conducta de los efectivos se ajusta estrictamente a los apremios ilegales, definiéndolos como una “vejación o severidad con una finalidad en sí misma”, la cual —según su visión— quedó probada durante el juicio.
La querella detalló dos momentos clave de abuso: primero, en la ruta, donde la finalidad fue “humillar, dañar y castigar” a las víctimas; y segundo, en el despacho del comisario, donde se habría intentado coaccionar a los damnificados ofreciéndoles la devolución de sus pertenencias y la libertad a cambio de no radicar la denuncia, abusando de su posición de poder.
Respecto a la falta de imputación por privación de la libertad, el abogado explicó que dicha figura es “absorbida por el concurso en carácter de subsunción”, una técnica jurídica para evitar la doble punición por un mismo hecho, y recordó que la defensa nunca se opuso a esta calificación durante la etapa de instrucción.
Pedidos de condena
La acusación mantiene la solicitud de penas severas para los cuatro implicados por los hechos ocurridos en mayo de 2022. Para el comisario Daniel Báez y el subcomisario Fernández, se solicitó una pena de 5 años de prisión efectiva, junto con la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En tanto, para los otros dos imputados —el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobos— la fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso, mientras que la querella requirió 4 años de cumplimiento efectivo. En todos los casos, también se solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Desde la querella insistieron en que los cuatro acusados deben cumplir penas de prisión efectiva
El caso tiene como víctimas a integrantes de la familia Vergara, dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera. Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, cerca de las 23, enviaron un cargamento desde Machagai con destino a Santa Fe. El camión era conducido por Brian Vergara, de 20 años, acompañado por dos ayudantes.
Cuando circulaban por la ruta nacional 16, a la altura de Colonia Aborigen, fueron interceptados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Tras solicitar la documentación, Brian exhibió la guía de transporte, pero explicó que no contaban con tique de balanza debido a que en Presidencia de la Plaza —localidad de origen de la guía— no funcionaba una balanza habilitada. Aclaró, además, que la documentación era legal y válida.
Lejos de aceptar la explicación, los policías les informaron que serían demorados, que el cargamento quedaría retenido y que debían ser escoltados hasta la comisaría. Durante el trayecto, el vehículo comenzó a recalentarse. Ante la posibilidad de una avería mayor, Brian pidió detenerse y avisó que recibiría auxilio mecánico. Los agentes accedieron, aunque le advirtieron que la situación debía “arreglarse” con el comisario.
Minutos después llegó al lugar Daniel Vergara, padre del conductor, quien luego se convertiría en la principal víctima del hecho. Poco después arribó otra camioneta policial con varios efectivos, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al descender, uno de los policías lanzó una frase intimidante: “¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?”.
Extrema violencia
Lo que siguió fue una secuencia de extrema violencia. Según relataron las víctimas, intentaron esposarlos sin motivo, los arrojaron al suelo y los alinearon boca abajo. Siete personas fueron reducidas, rociadas con gas pimienta y golpeadas durante más de media hora. Daniel Vergara recibió culatazos, golpes de puño y patadas que le provocaron la fractura de una muñeca, lesión por la que debió ser operado y que le dejó una incapacidad permanente.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Recién varias horas después, ya de madrugada, el comisario Báez los llamó uno por uno y, según consta en la causa, les ofreció la libertad a cambio de que no denunciaran lo ocurrido. La advertencia fue explícita: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar”.
El comisario Báez y el subcomisario Fernández están imputados de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor. En tanto, el sargento Gerzel y el cabo Villalobo enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.
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