En calidad de imputado, el secretario de Gobierno de Sáenz Peña, Diego Landriscina, presentó un escrito ante la Fiscalía Nº 3 donde negó su responsabilidad en la inversiones de fondos municipales en instrumentos no garantizados. En ese contexto, apuntó todos sus dardos contra la Bolsa de Comercio del Chaco. Ahora, el fiscal tendrá 10 días para resolver si dicta o no su prisión preventiva, el sobreseimiento o si avanza con la clausura de la investigación y el requerimiento de elevación a juicio.
Martes, 12 de mayo de 2026
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, se presentó este martes ante la Fiscalía Nº 3 y a través de un escrito negó toda vinculación con las inversiones de fondos municipales en instrumentos financieros de “alto riesgo” al mismo tiempo que apuntó directamente contra la Bolsa de Comercio del Chaco por haber operado sin autorización del Municipio.
Según pudo saber LITIGIO, la mano derecha del intendente Bruno Cipolini se limitó a negar los hechos y su responsabilidad y lo acompañó con un escrito en el que ratifica la versión que el propio jefe comunal viene sosteniendo desde el inicio del escándalo: que el Municipio no autorizó ningún tipo de operación financiera con instrumentos no garantizados (cheques de pago diferido) y que todas las operaciones corrieron por cuenta de la Bolsa de Comercio del Chaco.
En el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, Landriscina se presentó este martes imputado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicios de funciones públicas y malversación de caudales públicos todo en concurso ideal.
De acuerdo al Código Procesal Penal de la Provincia, ahora el fiscal Marcelo Soto tendrá 10 días para decidir si dicta o no la prisión preventiva de Landriscina, quién actualmente se encuentra de licencia como funcionario municipal, su sobreseimiento o si avanza con la investigación hasta la clausura y el requerimiento de elevación a juicio.
El escrito de Landriscina
En su escrito, el funcionario municipal de Cipolini explicó que se desempeñaba como secretario de Gobierno del Municipio y por sus conocimientos técnicos como contador actuaba como “nexo” entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio. Pero aclaró que no autorizaba pagos, transferencias o movimientos de fondos ni participaba de la toma de decisiones financieras del Municipio.
Landriscina aclaró que tampoco percibió honorarios, comisiones o beneficio económico del Municipio en relación a esas operaciones financieras. Sin embargo, no explicó nada sobre el presunto cobro de comisiones por más de 14 millones de pesos por parte de la Bolsa de Comercio del Chaco, tal como lo denunció el querellante en la causa.
El funcionario municipal negó haber autorizado el cambio de perfil inversor del Municipio y cualquier tipo de operación NOGA (no garantizada) y que eso habría ocurrido por exclusiva decisión “unilateral” de la Bolsa de Comercio del Chaco.
Sobre el final de su presentación, Landriscina subrayó que el acuerdo firmado entre el Municipio y la Bolsa de Comercio donde la entidad asumió el compromiso de devolver el capital invertido junto con intereses es un reconocimiento de que las irregularidades en el manejo de los fondos municipales derivaron del accionar interno de la entidad bursátil.
La imputación fiscal
Contrariamente a lo señalado por Landriscina, la imputación del Ministerio Público Fiscal señala que fue autorizado por el intendente municipal para realizar operaciones sobre los activos de la cuenta comitente que el Municipio poseía en la Bolsa de Comercio del Chaco. En ese sentido, precisa que “de manera sostenida y consciente, ejerciendo funciones de administración, gestión y control sobre dicha cuenta, contando con el conocimiento técnico requerido, adquirió con fondos públicos municipales, de manera habitual, reiterada y periódica entre los días 10 de Marzo de 2025 y 05 de Enero de 2026, numerosos cheques de pago diferido –echeqs- en el segmento no garantizado, comercializados en el Mercado Argentino de Valores, librados por Rubén Roberto Medula por un total de $999.055.000 y por Estancia Real S.R.L. por un total de $756.200.000, los cuales no contaban con ningún tipo de aval que garantice su cobro, poniendo así en riesgo el erario municipal”.
Todos estos instrumentos derivaron en rechazos en su cobro. El primero (Medula) dando un total de $729.855.000 y el segundo (Estancia Real) por $36.000.000, “provocándole un perjuicio patrimonial al municipio, al no poder disponer de los fondos públicos que fueron destinados a esas compras”.
Según la imputación, “todas las operaciones fueron articuladas por Landriscina, como mánager de la cuenta comitente, por vía remota a través del home broker de la Bolsa de Comercio del Chaco con utilización de su usuario y contraseña, debiendo previamente para lograr realizar la compra de dichos instrumentos, modificar el perfil de inversor de la Municipalidad de Pcia. Roque Sáenz Peña de conservador a moderado, lo cual realizó en fecha 02/07/2023, 24/10/2024 y 21/07/2025 por el mismo medio”.
También señala la imputación del fiscal Soto que por la compra y adquisición de estos instrumentos, Landriscina “percibía beneficios económicos personales derivados de comisiones por dicha intervención, al actuar como mánager de la cuenta comitente, las cuales eran transferidas a cuentas de su titularidad, obrando así en conflicto de intereses en plena conciencia de la incompatibilidad entre su función pública y su interés económico privado”.
