La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron la Resolución sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas. El documento representa un hito histórico para la región al vincular de manera directa y estructural las decisiones relativas a ingresos públicos, tributación, presupuesto, gasto, endeudamiento y sostenibilidad fiscal con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Sábado, 9 de mayo de 2026
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron el 7 de mayo de 2026 la Resolución sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas.
El documento representa un hito histórico para la región al vincular de manera directa y estructural las decisiones relativas a ingresos públicos, tributación, presupuesto, gasto, endeudamiento y sostenibilidad fiscal con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
La resolución, identificada como Resolución No. 2/26, establece que principios y obligaciones internacionales como la igualdad y no discriminación, la progresividad, la movilización del máximo de los recursos disponibles y la cooperación internacional son fundamentales para que los sistemas fiscales puedan disminuir las desigualdades y avanzar en la realización de derechos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y un ambiente sano.
El documento también introduce compromisos específicos en materia climática y de gobernanza. La Resolución 2/26 reconoce a la política fiscal como una herramienta clave para la justicia climática e insta a los Estados a implementar tributos ambientales que desincentiven actividades dañinas y movilicen recursos para una transición energética justa. Asimismo, establece estándares para que la deuda pública no comprometa la capacidad estatal de proveer servicios públicos, y llama a fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatir abusos tributarios transfronterizos.
En materia institucional, la Resolución enfatiza el rol de la política fiscal para el fortalecimiento de la democracia, particularmente mediante la adopción de políticas de transparencia y rendición de cuentas que permitan prevenir la corrupción y la captura de instituciones públicas.
La nueva resolución se inscribe en un proceso más amplio de construcción de estándares interamericanos en la materia. La REDESCA había identificado las políticas económicas y fiscales como una de sus cuatro áreas prioritarias de trabajo, junto con la emergencia climática y medioambiente, las empresas y derechos humanos, y la relación entre democracia y los DESCA. El antecedente más directo es la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos, que ya había instado a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles a través de políticas fiscales para garantizar el derecho a la salud.
A nivel global, la medida se suma a una tendencia creciente. En marzo de 2025, el Comité DESC de la ONU emitió una declaración destacando la estrecha relación entre una tributación justa y la posibilidad de reducir las desigualdades y cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de estos esfuerzos globales resalta también la inclusión de los derechos humanos como principio rector en los términos de referencia de la futura Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.
La resolución fue celebrada por organizaciones regionales de derechos humanos y justicia fiscal, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y Fundar, quienes habían impulsado durante años —a través de audiencias ante la CIDH en 2016, 2018, 2023 y 2025— la necesidad de contar con un estándar de este alcance.
