María Paz Bertero fue elegida por concurso y aprobada por Diputados en octubre pasado, pero el Senado aún no concreta su nombramiento. Redes de organizaciones de todo el país alertan sobre una posible intervención oficialista en medio del ajuste y la pobreza infantil.
Sábado, 9 de mayo de 2026
Por Sonia Tessa
Doce millones de niñas, niños y adolescentes tienen hoy otro derecho vulnerado: desde hace siete meses, el Senado nacional demora la designación de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el organismo creado por ley para proteger sus derechos. El 8 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de María Paz Bertero al frente de esa institución, pero la decisión sigue frenada en la Cámara Alta. La semana pasada crecieron los rumores de una maniobra oficialista para imponer una intervención y organizaciones de todo el país exigieron que se nombre a la funcionaria elegida por concurso.
Una designación frenada
La convocatoria a la Comisión Bicameral especial para el martes pasado generó máxima alerta entre los colectivos que trabajan con infancias. La Mesa de Articulación de Niñez —integrada por cientos de organizaciones y referentes de todo el país— envió una carta a las autoridades del Senado donde manifestó su “preocupación” y solicitó que se concrete la designación surgida por concurso, para “brindar garantías desde vuestro rol de funcionarios públicos de respetar el proceso institucional recorrido y ya concluido”.
Las autoridades surgidas del concurso fueron Bertero como defensora, Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos.
Al mismo tiempo, la Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales (Ronat), a través de un comunicado público, exigió la culminación del proceso. “En un contexto de emergencia en niñez y adolescencia, resulta urgente garantizar una Defensoría legítima, surgida del concurso ya realizado”, expresaron.
La preocupación de ambas redes, que reúnen a cientos de organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias, es que se designe en forma sumaria algún interventor antiderechos que profundice la emergencia en niñez.
“Expresamos nuestro rechazo frente a cualquier intento de apartamiento, intervención o designación provisoria, que desconozca el proceso de selección legítimo y transparente llevado adelante conforme a la normativa vigente, respecto del cual no se justifica, de manera alguna, su dilación o eventual apartamiento por parte del cuerpo legislativo en cuyo seno se consolidó”, dice la carta enviada por la Mesa de Articulación, que se define como “un espacio de encuentro, convergencia, intercambio y organización plural y sin adscripción partidaria”.
El temor a una intervención
El contexto es preocupante: la avanzada de las organizaciones que impulsan los proyectos contra las “falsas denuncias”, cuyo trasfondo es el silenciamiento de las infancias.
Así lo entiende Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras de Salta y una de las voces más activas de la Ronat. “Fue un concurso largo, donde se siguieron las bases, con representación de todos los sectores”, dijo la activista, que exigió “el nombramiento de quien fue electa legalmente por el concurso, como corresponde”.
El proceso fue largo, incluyó una etapa de impugnaciones y la participación de la Mesa de Articulación. “Las organizaciones sociales tuvimos la oportunidad de hacer oír nuestras objeciones a quienes considerábamos que no solamente no cumplían con los perfiles requeridos de idoneidad, sino que también podían ser incluso deliberadamente opuestos a los intereses de niños, niñas y adolescentes, precisamente por sus antecedentes y el modo de intervenciones y de marcos en los que procedían”, expresó Karina Valobra, integrante de la Mesa, de la Red de Docentes y Familias del Bajo Flores y abogada especialista en derecho penal.
“Esta figura del defensor del niño no la puede ocupar cualquiera, bajo un criterio caprichoso, sino que es una figura que tiene que cumplir con los mandatos de la ley de protección integral, acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño”, agregó Valobra.
La emergencia de las infancias
“La articulación con las organizaciones que hacemos territorio hoy se ve golpeada, porque antes podíamos llevar las problemáticas para que se trabajen articuladamente”, expresó Barrios, quien sostuvo la urgencia de estas designaciones.
“Cada vez hay más problemáticas en cuanto a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Está esto gravísimo de la baja de imputabilidad, las coyunturas de lo que los niños dicen en las escuelas, que en realidad vemos que es un abandono del Estado y que, al no haber esta articulación con capacitaciones y abordaje de las situaciones, también se hace más complejo”, añadió.
Por eso la Ronat exigió “la garantía de una Defensoría independiente y con enfoque de derechos”.
Desde la Mesa de Articulación, Ana Almada, referente nacional del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), señaló que es “sumamente grave” la situación prolongada que promueve el oficialismo.
“Estamos viendo con suma preocupación esta situación. Y además, también por los rumores y las ‘radio pasillo’, pareciera que hay una decisión del Poder Ejecutivo de poner impedimentos para la designación”, sostuvo Almada, quien recordó que el proceso lleva más de siete meses.
“Exigimos que la Cámara de Senadores pueda designar a Bertero y a los adjuntos, porque se hicieron todos los pasos y los procedimientos tal como lo establece la normativa vigente”, dijo.
“La no designación es una violación a obligaciones constitucionales y a tratados internacionales. Al mantener el espacio acéfalo, se deja desprotegidos a millones de niños, niñas y adolescencias. Es de una gravedad muy grande”.
Por eso, desde un enfoque de derechos humanos, afirman que “el Senado no está ejerciendo su deber, una obligación que tiene”.
Una figura clave en tiempos de ajuste
Valobra, por su parte, entiende que “no hay ningún motivo” para demorar la designación de Bertero y los adjuntos. “Todo el arco político participó del procedimiento, es un proceso que salió del Congreso. Cualquier intento de boicotear o de generar una designación por fuera de él la rechazamos, porque sería desconocer toda esa pluralidad de voces que intervinieron, el proceso de selección por idoneidad que fue pasando por diferentes filtros, todo ese trabajo que pusieron quienes participaron y las propias organizaciones”.
Considera que es una “demora injustificada” que la Defensoría continúe vacante, ya que ese rol debe ser “urgentemente ocupado”.
Los temores están fundados en la intentona oficialista de impugnar el concurso, primero con el diputado santafesino Nicolás Mayoraz como voz cantante y luego a través de presentaciones judiciales que lo cuestionaban por cuestiones formales. Todas fueron rechazadas en distintas instancias judiciales.
La salida de Marisa Graham, la anterior defensora, que ya tenía su mandato cumplido, fue impulsada por el oficialismo, que justamente cuestionaba sus posiciones en defensa de los derechos de las infancias. Desde mayo del año pasado, el organismo funciona sin autoridad designada.
“Estamos en un riesgo jurídico inminente, sobre todo por la situación que en este momento están atravesando las niñeces y las adolescencias en nuestro país”, apuntó Almada. “Se están violando los derechos humanos de este sector de la población”.
La realidad de las infancias
Según el último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, realizada por la Universidad Católica Argentina, en 2025 la pobreza infantil ascendía al 53,6%, la indigencia infantil al 10,7% y la inseguridad alimentaria alcanzaba al 28,8% de niñas, niños y adolescentes. Casi el 20% de niñas, niños y adolescentes dejaron de concurrir al médico o al odontólogo por razones económicas.
“Todas las políticas de ajuste que se fueron dando a través de los decretos del gobierno afectan en forma muy puntual la salud, la educación y la protección social de todo este sector”, agregó Almada.
Y allí el rol de la Defensoría también es clave. “Tiene la función no solamente de intervenir en casos concretos, en acciones individuales y colectivas, sino que también tiene la obligación de monitorear las políticas públicas vinculadas a la infancia, que han tenido durante todo este último año numerosas situaciones de retraimiento que nos han preocupado muchísimo”, sumó Valobra.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño forma parte de la Constitución Nacional y es una obligación internacional del Estado argentino.
¿Qué hace la Defensoría?
En su página web, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se define como “una institución de derechos humanos pública, independiente, autónoma, autárquica y federal de la República Argentina que vela y monitorea por el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de las niñeces y adolescencias por parte del Estado y la sociedad en su conjunto”.
La ley 26.061, de protección integral de niñas, niños y adolescente, le asigna diez funciones en el artículo 55. Entre ellas, “promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes” y también “interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal”.
Entre otras funciones, debe “supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes”.
Temas que no pueden esperar
Valobra señala varios temas urgentes: niñas, niños y adolescentes con discapacidad, discriminados por el Estado, la criminalización de las infancias por la baja de edad de imputabilidad, la indefensión de infancias y adolescencias frente a las plataformas de las redes sociales.
“Las infancias y juventudes están siendo protagonistas de numerosas situaciones críticas, no solamente las situaciones de discapacidad, el desmantelamiento de los centros de primera infancia, de los jardines comunitarios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires”, empieza su enumeración.
La ley de responsabilidad penal juvenil es una de las grandes preocupaciones. “Tiene un carácter sumamente regresivo, inconstitucional. Ya se han expedido organismos internacionales vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes”, afirma Valobra. “La Argentina tiene sanciones internacionales por las altas condenas e incluso prisiones perpetuas aplicadas a adolescentes infractores, con lo cual esto es un elemento también que tenemos que tener en cuenta y que, sobre el cual la defensora a nivel nacional tendría que tener ahí una recomendación, una palabra, y un rol”, plantea la abogada que integra la Mesa de Articulación.
Preocupa también “la falta de regulación de las plataformas digitales, y todo este impacto que ello genera en los adolescentes, no solamente a partir de la los las diversas formas de ciberdelitos que se están cometiendo y que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes, como la difusión de imágenes sin consentimiento, la generación de imágenes de contenido sexual a través con IA”.
Hoy, todas estas cuestiones están en manos de las empresas, los grandes señores tecnofeudales que son amigos de Javier Milei. Una Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes podría abrir un debate social, y promover acciones para proteger a las personas en desarrollo que, justamente por eso, son las más vulnerables.
Publicado en Página/12
