Legisladores del Interbloque Frente Chaqueño radicaron una denuncia penal contra el ministro Sergio Rodríguez por el caso de Lidia Ojeda, la docente de plástica que habría ejercido ilegalmente la medicina durante casi veinte meses en hospitales públicos del interior provincial. La impostora habría usurpado una matrícula ajena, atendió a cientos de pacientes y firmó nueve certificados de defunción sin que el Ministerio verificara sus credenciales en ningún momento.
Viernes, 8 de mayo de 2026
Durante casi veinte meses, una mujer sin título médico atendió pacientes, prescribió medicación y firmó nueve certificados de defunción en hospitales públicos del interior chaqueño. Lidia Mabel Ojeda, cuya ocupación real era la docencia en artes plásticas, usurpó la matrícula profesional N° 6822 perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez y, bajo esa identidad falsa, fue contratada de manera irregular, incorporada a las guardias médicas y cobró haberes del erario provincial en al menos siete efectores de salud de la región. Eso señala la denuncia presentada esta semana por diputados del Frente Chaqueño ante la Fiscalía Nº 3 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto.
El escándalo tomó estado público luego de que el director de la Región Sanitaria N° 2, el Dr. Orlando Di Núbila, radicara la denuncia el 15 de abril de 2026 en la comisaría de Machagai por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores. Según consta en las actuaciones, Di Núbila había verificado a través del propio Ministerio de Salud Pública que la matrícula utilizada por Ojeda correspondía al galeno Vázquez, y adjuntó copias certificadas del libro de novedades del Hospital de Quitilipi, los cronogramas de guardia de los meses de febrero, marzo y abril de 2026, y registros de derivaciones de pacientes que la impostora había autorizado y firmado.
Entre los hechos documentados se destaca la muerte de Lorenzo Blanco, quien se presentó en la guardia con síntomas compatibles con un cuadro coronario agudo. Ojeda diagnosticó “cefalea y mialgia” y prescribió un analgésico menor. Horas más tarde, el paciente falleció a causa de un infarto masivo. El certificado de defunción, fechado el 21 de diciembre de 2025 y firmado por Ojeda bajo la matrícula ajena, forma parte de la prueba documental adjuntada a la denuncia penal. Según el informe del Registro Civil de Quitilipi, son nueve en total los certificados de defunción rubricados por ella desde 2025 hasta la fecha de su detención.
Tras el allanamiento al domicilio de Ojeda —quien intentó darse a la fuga y fue aprehendida—, los investigadores secuestraron restos de papeles quemados que contenían sellos oficiales del Ministerio de Salud Pública. El hallazgo abre la hipótesis de una posible connivencia interna dentro de la estructura ministerial, dado que ninguna dependencia del organismo había verificado en ningún momento el título habilitante de la impostora ni corroborado su matrícula ante el Colegio Médico.
El denunciante, despedido
El episodio derivó en un enfrentamiento político de consecuencias inmediatas. El 27 de abril, Di Núbila fue convocado a exponer ante la Reunión Ordinaria N° 3 de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud de la Cámara de Diputados, a pedido del Interbloque Frente Chaqueño. Allí, el funcionario brindó explicaciones sobre el caso y la necesidad de reforzar los controles en la contratación de los denominados “médicos golondrina”. Al día siguiente, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, firmó una resolución que dejó sin efecto la designación de Di Núbila al frente de la Región Sanitaria N° 2, nombrando en su reemplazo, con carácter transitorio, al Dr. David Pagano. La resolución no incluye ninguna fundamentación entre sus considerandos.
Fue esa destitución la que precipitó la denuncia penal que quince diputados y diputadas provinciales del Interbloque Frente Chaqueño presentaron ante la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Sosa. La presentación apunta directamente al ministro Rodríguez por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y nombramientos ilegales, previstos en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal. Paralelamente, realizaron otra presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en Resistencia.
Los legisladores advierten además que, si la investigación acredita un nexo causal entre la impericia de Ojeda y el fallecimiento de alguno de los pacientes cuyos decesos ella certificó, el ministro podría responder en grado de participación por omisión impropia en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, homicidio culposo, falsificación de documentos públicos y abandono de persona.
La denuncia sostiene que el Ministerio de Salud omitió verificar el título habilitante al momento del ingreso de Ojeda, soslayó la comprobación de la matrícula ante el Colegio Médico y prescindió de toda auditoría sanitaria posterior durante casi dos años. Cita la Ley Provincial N° 3969-A, que en su artículo 19, inciso f), establece entre las funciones del Ministerio la de “habilitar, supervisar y fiscalizar los establecimientos públicos y privados relacionados con la salud y el ejercicio de las profesiones del arte de curar”. Los firmantes también señalan que el denunciado ya había sido objeto de investigaciones penales impulsadas por el mismo interbloque en razón de irregularidades en contrataciones directas millonarias donde también se ignoraron las advertencias de los órganos de control.
Entre las medidas probatorias solicitadas con carácter urgente figuran el allanamiento y secuestro de todos los legajos vinculados a Ojeda en el Ministerio de Salud, el Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi y el Centro de Salud de Presidencia de la Plaza; la remisión de los certificados de defunción bajo cadena de custodia; una pericia documentológica sobre los papeles quemados secuestrados en el domicilio de la impostora; y la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas para auditar los pagos realizados con fondos públicos.
