Un condenado a cinco años de prisión por narcotráfico y tenencia de armas obtuvo una reducción de siete meses en los plazos para acceder a beneficios en la ejecución de su pena, tras completar el secundario y dos cursos de formación profesional en unidades penitenciarias de Formosa. El juez del Tribunal Oral Federal de Formosa, Rubén Quiñones, rechazó la oposición fiscal y ratificó la plena vigencia del estímulo educativo.
Lunes, 4 de mayo de 2025
En una reciente resolución judicial, el Juez de Cámara de Formosa Rubén Quiñones hizo lugar a un pedido de reducción de plazos por estímulo educativo en favor de un interno. La medida otorga un beneficio total de siete meses de reducción en los tiempos necesarios para avanzar dentro del régimen penitenciario.
En la medida, a la que tuvo acceso LITIGIO, el juez Quiñones fue en contra de la opinión del Ministerio Público Fiscal que consideraba que, por la gravedad de los delitos cometidos, el interno no debía acceder a reducciones automáticas de plazos.
Los logros académicos tras las rejas
El interno, quien cumple una condena de cinco años de prisión por delitos de narcotráfico y tenencia de armas, demostró un marcado compromiso con su reinserción social a través del estudio. Según los informes presentados por las Unidades Penitenciarias Provinciales Nº 5 y Nº 6 de Formosa, el desglose de la reducción otorgada es el siguiente: 3 meses por haber culminado sus estudios secundarios completos. 2 meses por aprobar el curso de formación profesional como “Montador Electricista Domiciliario” durante el ciclo 2023. 2 meses correspondientes a la aprobación de los ciclos lectivos anuales de 2024 y 2025 (un mes por cada año).
El debate legal: educación vs. restricciones penales
El Ministerio Público Fiscal, representado por el Auxiliar Fiscal Marcelo Lionel Quiroga, se opuso a la medida. La fiscalía argumentó que, debido a la gravedad de los delitos cometidos y la vigencia de la Ley 27.375, el interno no debería acceder a reducciones automáticas de plazos, sino que sus logros solo deberían ser valorados al momento de ingresar al “Régimen Preparatorio para la Liberación”. Sin embargo, el magistrado rechazó esta postura. El fallo sostiene que el derecho a la educación es un pilar fundamental del sistema republicano y que el artículo 140 de la Ley 24.660 (que regula el estímulo educativo) sigue plenamente vigente y no fue derogado para estos casos. “Negar la operatividad del estímulo educativo como reducción de plazos implicaría vaciar de contenido el incentivo que el propio legislador mantuvo vigente para fomentar la formación del condenado”, destacó el Juez Quiñones en los considerandos de la resolución.
El tribunal aplicó el principio pro homine, priorizando la interpretación de la norma que más favorece a la persona y su formación. Con esta decisión, la justicia federal ratifica que el estudio y la capacitación en oficios dentro de las cárceles son herramientas clave que deben ser incentivadas con beneficios tangibles en el cómputo de la pena, independientemente de la naturaleza del delito.
