El juez federal de revisión Enrique Bosch rechazó los recursos de las defensas y mantuvo la detención de Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García hasta el 16 de mayo. Se trata de los últimos dos detenidos en la causa contra efectivos de la Policía del Chaco por el intento de robo de nueve kilos de cocaína en medio de una quema judicial de estupefacientes ocurrida en diciembre pasado. Actualmente hay nueve imputados.
Lunes, 4 de mayo de 2026
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó las prisiones preventivas de dos efectivos de la Policía del Chaco acusados de intentar sustraer cocaína durante un operativo de incineración judicial. El juez de revisión Enrique Jorge Bosch rechazó las impugnaciones presentadas por las defensas y mantuvo las detenciones de Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, cuya medida vence el 16 de mayo de 2026.
Ambos imputados están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y por la condición de funcionarios públicos, en concurso real con peculado. Se trata de los últimos efectivos policiales detenidos en la causa.
El hecho que originó la investigación ocurrió el 18 de diciembre, cuando un grupo de efectivos intentó sustraer cerca de nueve kilos de cocaína —valuados en alrededor de 225 millones de pesos— durante la incineración judicial de más de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína en Colonia Benítez, en un operativo que se desarrollaba a plena luz del día y con presencia de autoridades provinciales y medios de comunicación, lo que amplificó el impacto institucional del caso. La maniobra fue frustrada por funcionarios judiciales presentes en el procedimiento.
Los argumentos de las defensas
Según pudo saber LITIGIO, en la audiencia —celebrada el pasado 29 de abril en modalidad híbrida en la sala de la Cámara Federal de Resistencia— los abogados defensores cuestionaron la fundamentación de la resolución original de la jueza de garantías Zunilda Niremperger, dictada el 17 de abril. Plantearon la existencia de afirmaciones dogmáticas por parte del Ministerio Público Fiscal, la insuficiencia de la prueba incorporada —en particular un único mensaje de texto— y la ausencia de riesgos procesales que justificaran la medida.
La defensa de García también solicitó, de manera subsidiaria, la morigeración de la medida mediante prisión domiciliaria. Argumentó que el imputado es sostén económico de su grupo familiar, que tiene dos hijos de dos y seis años, y que colaboró con la investigación entregando su teléfono celular y la contraseña correspondiente. La petición fue acompañada de un informe socioambiental y un convenio de alimentos homologado.
La defensa de Villalba, por su parte, destacó el arraigo del imputado, su buena conducta, la ausencia de antecedentes y su colaboración con la pesquisa. También cuestionó que no se analizaran medidas alternativas menos gravosas, previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
La decisión del juez
Bosch descartó los planteos de nulidad y arbitrariedad, y sostuvo que la resolución de la jueza de garantías contiene fundamentación suficiente. En cuanto a los riesgos procesales, consideró acreditados tanto el peligro de fuga —fundado en la gravedad del hecho, la elevada expectativa de pena y la imposibilidad de condena condicional— como el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Sobre este último punto, el magistrado valoró especialmente que los imputados son funcionarios policiales con conocimiento del sistema institucional y con capacidad de influir en testigos o acceder a información sensible de la investigación. Aunque reconoció que se trata de riesgos hipotéticos, los consideró razonables.
Respecto de la prisión domiciliaria, el juez admitió el impacto de la detención en el grupo familiar de García, pero concluyó que esa circunstancia no justifica la sustitución de la medida. También descartó las demás alternativas del artículo 210 del CPPF por considerarlas insuficientes para neutralizar los riesgos identificados.
Con Villalba y García, ya son nueve los efectivos imputados en la causa. El resto —Gustavo Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta y César Alegre— permanece alojado en dependencias de Prefectura y Gendarmería. El único que accedió a la prisión domiciliaria es Lucas Exequiel Martínez.
Según pudo saber este medio, el análisis de los teléfonos celulares de los imputados resultó clave para reconstruir el funcionamiento de esta organización criminal. De los chats surge un mecanismo aceitado: buscaban compradores dentro del circuito narco, detectaban cargamentos con potencial de ser sustraídos y, posteriormente, coordinaban el momento del robo durante los procedimientos oficiales.
La estructura estaba organizada con roles definidos. El principal apuntado es César Alegre, jefe de la División Consumos Problemáticos, señalado como presunto líder de la organización.
La investigación también reveló que no sólo comercializaban la droga, sino que además ofrecían protección a sus compradores. En una de las conversaciones incorporadas al expediente, una presunta vendedora minorista de Resistencia negocia la compra de estupefacientes con uno de los policías y le solicita “liberar la zona” hasta después de las fiestas de fin de año, para poder vender sin riesgo de allanamientos o detenciones.
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