La Justicia chaqueña había ordenado en abril que la obra social garantizara la provisión de fármacos esenciales para un niño de 11 años. El organismo fue notificado pero sigue sin cumplir. Los remedios adeudados cuestan entre 2 y 3 millones de pesos y los padres no pueden afrontarlos.
Lunes, 4 de mayo de 2026
La obra social del Estado provincial no entrega la medicación que un niño de 11 años con parálisis cerebral necesita para su tratamiento, pese a que el Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia le aplicó astreintes —multas diarias por incumplimiento— de $200.000 por cada día de demora.
El caso involucra a un niño con parálisis cerebral infantil, epilepsia y síndromes epilépticos generalizados. El paciente depende de una silla de ruedas y de dispositivos como traqueostomía y gastrostomía para subsistir. Su cuadro requiere la administración constante de anticonvulsivantes, ya que padece convulsiones diarias, según pudo saber LITIGIO.
El pasado 10 de abril, el titular del Juzgado Civil y Comercial 19 de Resistencia, Emiliano José Lestani, ordenó al InSSSeP, mediante una medida cautelar innovativa, que garantizara de manera urgente la entrega de medicamentos esenciales: Clobazam, Topiramato, Levetiracetam y Cannabidiol, entre otros. La resolución también prohibió a la obra social interrumpir o modificar las prestaciones médicas hasta que se dicte sentencia definitiva en la acción de amparo.
Sin embargo, según denunció el abogado de la familia, Ignacio Sinkovich, el InSSSeP fue notificado el 14 de abril y aun así no entregó la totalidad de la medicación ordenada. La obra social reconoció tener fármacos pendientes de entrega y alegó haber realizado “pedidos a proveedores”, sin presentar documentación que acredite la compra de los remedios adeudados desde marzo.
Los medicamentos faltantes —correspondientes a la segunda mitad de marzo y la totalidad de abril— tienen un costo de entre 2 y 3 millones de pesos, cifra imposible de afrontar para los padres del niño.
La Justicia endurece la presión
Ante el incumplimiento, el letrado solicitó la aplicación de astreintes por $500.000 diarios. El juzgado resolvió el 29 de abril intimar al InSSSeP a cumplir con la medida cautelar bajo apercibimiento de aplicar multas de $200.000 por cada día de retardo, conforme al artículo 51 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
Sinkovich advirtió que el niño se encuentra actualmente sin la totalidad de la medicación prescripta, lo que impide que el tratamiento produzca los efectos esperados. “El tratamiento se realiza de manera irregular”, señaló el abogado en su presentación, en referencia al severo cuadro diagnósticado.
El letrado también puso de relieve que el InSSSeP es la obra social obligatoria de los trabajadores estatales provinciales, quienes no pueden optar por otra y aportan mensualmente sumas considerables para financiar sus prestaciones de salud. “Los trabajadores realizan estos aportes para que las prestaciones se realicen sin demora cuando las necesitan”, remarcó.
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