El Tribunal Oral Federal de Resistencia ordenó el decomiso del dinero secuestrado a Dante Héctor Selinger, condenado por transporte de drogas. Las facturas y boletos de compraventa que presentó como prueba no convencieron al juez.
Jueves, 30 de abril de 2026
Un hombre condenado por transporte de estupefacientes intentó recuperar poco más de 15 millones de pesos que le fueron incautados durante su detención, alegando que el dinero provenía de su actividad como mecánico y de la venta de herramientas y maquinaria agrícola. La Justicia federal chaqueña no le creyó.
El dinero fue secuestrado el 7 de mayo de 2025 en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 —la ley de estupefacientes— que involucra a múltiples imputados. El hallazgo se produjo dentro de un vehículo que tenía pedido de secuestro activo por haber sido denunciado como robado, dato que la defensa no discutió y que el tribunal consideró un indicador objetivo de ilicitud.
Selinger ya había sido condenado mediante juicio abreviado como partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes agravado, recibiendo una pena de tres años de prisión en suspenso y multa. La discusión sobre el destino del dinero quedó diferida para una instancia posterior, que se resolvió esta semana.
“Era plata del taller”
A través de su abogado defensor, Selinger presentó una serie de documentos para intentar demostrar que los fondos tenían origen lícito. Para eso, acercó al tribunal una constancia de inscripción en ARCA (ex AFIP) como vendedor de cosas muebles, con inicio de actividad en mayo de 2024.
También presentó siete facturas tipo C por servicios de reparaciones varias, emitidas entre agosto y octubre de 2024, una factura por la venta de una rastra agrícola marca Giorgi, emitida el 15 de mayo de 2025 y dos boletos de compraventa de rastras de discos, supuestamente firmados en diciembre de 2024 por montos de 14 y 18 millones de pesos. La estrategia de la defensa era clara: mostrar que el efectivo encontrado tenía respaldo documental.
El juez Juan Manuel Iglesias, del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en su rol de magistrado de ejecución penal, desmontó el argumento punto por punto. En primer lugar, las siete facturas de reparaciones emitidas entre septiembre y octubre de 2024 no se condicen en sus montos con la suma incautada. Es decir, no alcanzan para explicar de dónde salieron más de quince millones de pesos.
En cuanto a los boletos de compraventa de rastras, la situación fue aún más comprometida: los documentos carecen de fecha cierta y de firmas certificadas, lo que les quita valor probatorio. Pero el golpe más contundente vino de un detalle cronológico: la única factura vinculada a esa actividad —la número 0000008 por la venta de la rastra Giorgi— fue emitida el 15 de mayo de 2025, es decir, ocho días después de que el dinero ya había sido secuestrado. Y para colmo, está emitida a nombre de una persona distinta a la que figura en los boletos de compraventa.
“Todo ello deja en evidencia maniobras tendientes al recupero de un bien cuya procedencia resulta de ambigüedad”, sostuvo el tribunal en su resolución.
La decisión: decomiso
El juez Iglesias resolvió no hacer lugar a la restitución del dinero y ordenar su decomiso, junto con los intereses devengados. Los fondos serán transferidos a la cuenta judicial de la Comisión Mixta de Administración y Disposición – Fondos Ley 23.737, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo encargado de administrar los bienes decomisados en causas de narcotráfico.
El tribunal fundamentó la medida en los artículos 23 del Código Penal, 30 de la Ley 23.737 y 522 del Código Procesal Penal, considerando que el dinero debe entenderse como parte de los recursos logísticos del delito, es decir, fondos destinados a financiar el transporte de la droga.
