El Poder Ejecutivo envió al Senado 67 pliegos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial. A partir del análisis de las candidaturas, en forma conjunta el CELS, ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, ELA y Poder Ciudadano identificaron problemas en los procesos de selección y en la representación de género.
Miércoles, 29 de abril de 2026
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Poder Ciudadano, advirtieron sobre irregularidades en las designaciones judiciales que el Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado. El análisis conjunto identificó problemas en los procesos de selección de candidatos y candidatas, así como una persistente desigualdad de género en las postulaciones.
El punto de partida del informe es la situación crítica que atraviesa el sistema judicial argentino: el 37% de los cargos de jueces y juezas en el Poder Judicial de la Nación se encuentran vacantes. Ese nivel de acefalía no solo ha provocado demoras en la tramitación de los procesos, sino que, según las organizaciones, incrementa el riesgo de que los cargos sean utilizados como herramientas de negociación y se debilite el rol de la Justicia en el control del poder.
En materia de idoneidad, el relevamiento detectó que 12 de las personas postuladas registran “saltos” superiores a 10 posiciones entre el orden de mérito inicial y el final, con diferencias de hasta 32 lugares. El orden de mérito inicial refleja las instancias más objetivas de los concursos, como los antecedentes y el examen escrito, mientras que el final incorpora etapas consideradas más discrecionales, como las entrevistas. Además, existen 20 casos en los que los candidatos y candidatas no habrían podido ingresar en las ternas según su posición en el primer orden de mérito. Las organizaciones señalaron también un nombramiento contrario a derecho: se postuló a una persona que integra una lista complementaria, a la que solo podría recurrirse si la terna original hubiera quedado incompleta por muerte, renuncia o asignación a otro cargo del candidato o candidata titular.
Respecto de los vínculos, el informe advierte que cinco personas propuestas tienen vínculos familiares con magistrados o exmagistrados, y que en dos de esos casos se trata de jueces encargados de la resolución de causas asociadas al Poder Ejecutivo. Esa situación, señalaron las organizaciones, plantea interrogantes sobre la posible existencia de acuerdos que comprometerían la independencia judicial. A ese cuadro se suma que tres de los postulantes ocupan u ocuparon cargos políticos.
En cuanto a la representación de género, los datos son contundentes: el 70% de las personas propuestas son hombres y el 30% mujeres, lo que reproduce la brecha existente en la Justicia nacional y federal.
Las organizaciones sostienen que los hallazgos no solo evidencian falencias en los procesos ante el Consejo de la Magistratura, sino también deficiencias en la evaluación realizada por el propio Ejecutivo. En ese sentido, reclamaron que el Poder Ejecutivo se comprometa a no reproducir la desigualdad de género, a proponer personas que hayan accedido a las ternas por sus méritos verificables, y que el Senado ejerza un control riguroso sobre las candidaturas, especialmente en aquellos casos en los que aparecen dudas sobre la idoneidad y la independencia de quienes fueron postulados. La conclusión que atraviesa el documento es que quienes ejercen la judicatura no solo deben ser independientes, sino también parecerlo.
