Organizaciones sociales y de derechos humanos acudieron a la Justicia para revertir la eliminación de una prestación económica de la que dependían cerca de 900.000 personas en todo el país. Denuncian que el Ministerio de Capital Humano actuó de forma arbitraria y en violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos.
Miércoles, 29 de abril de 2026
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) presentaron una acción de amparo colectivo contra la decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de dar de baja el programa “Volver al Trabajo”. La medida judicial busca restituir el salario social complementario que percibían cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, cuya eliminación —dispuesta de manera abrupta y sin política alternativa equivalente— afectó el acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud y el cuidado.
El cierre del programa fue comunicado oficialmente el 7 de abril de 2026, bajo el argumento de “reorientar los recursos del Estado”. En su lugar, el gobierno propuso un esquema de formación laboral basado en vouchers para cursos, pero sin garantizar ingresos durante ese proceso. Para las organizaciones firmantes del amparo, esa sustitución es manifiestamente insuficiente: desconoce la precariedad estructural de quienes participaban del programa y representa un retroceso prohibido por el marco jurídico nacional e internacional. Argentina, al haber ratificado tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, está obligada al principio de progresividad y no regresividad en la materia.
El universo de personas afectadas es de enorme magnitud. Cerca de 900.000 personas en todo el país quedaron sin esta prestación. En su mayoría se trata de mujeres, jefas de hogar, que combinan tareas domésticas de cuidado con trabajo sociocomunitario en comedores, merenderos, cooperativas y espacios de contención barrial. La eliminación del programa no solo impactó en sus ingresos individuales sino también en el entramado comunitario que garantizaba alimentación y contención a miles de familias.
La presentación judicial se sustenta en casos testigo de mujeres que con el ingreso del programa podían afrontar gastos básicos como la carga de la garrafa o el transporte para llevar a sus hijos e hijas al hospital. Los impulsores del amparo señalan además que el Ministerio no aportó evidencia de que los objetivos de inserción laboral del programa hubieran sido alcanzados, por lo que tampoco existió justificación técnica para el cierre. La acción también reclama la actualización del salario del programa, que lleva dos años sin aumentos.
El planteo no es el primero en sede judicial. Tras el anuncio del cierre, organizaciones sociales habían presentado un pedido de medida cautelar ante el Juzgado Federal de Campana, donde el juez ordenó al Estado sostener el salario social complementario. El gobierno apeló esa decisión, aunque debió liquidar los fondos para la continuación del programa.
La nueva acción de amparo colectivo busca frenar lo que las organizaciones describen como un avance sistemático contra los derechos de 900.000 personas y restituir condiciones mínimas de dignidad para el sostenimiento de la vida cotidiana en las comunidades. “Lejos de promover la inclusión laboral —sostiene el comunicado conjunto—, la estrategia del Ministerio debilita los mecanismos de subsistencia y cuidado comunitario, desprotege a sectores postergados y consolida una imagen de mayor exclusión.”
