Iván Carlos Méndez tenía matrícula de abogado y la usaba para entrar a los penales. Pero lo que llevaba consigo al salir no eran expedientes: eran órdenes. Directivas de líderes narcocriminales que, encerrados bajo los regímenes de mayor seguridad del país, necesitaban un puente hacia el exterior para seguir moviendo sus piezas. Méndez era ese puente.
Miércoles, 29 de abril de 2026
Este miércoles 29 de abril, el juez federal de Garantías de Rosario Carlos Vera Barros homologó un acuerdo pleno de procedimiento abreviado y condenó al letrado a seis años de prisión, una multa, inhabilitación especial por ocho años para el ejercicio de la abogacía y la declaración de reincidencia. La causa fue impulsada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, representada por el fiscal Matías Mené, y por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a través de su titular, el fiscal Diego Iglesias, y del secretario Matías Lucena Vernengo.
La historia comenzó a escribirse, al menos en los registros formales, el 29 de enero de 2025. Ese día, según determinó la fiscalía, Méndez ya integraba la asociación ilícita que sostendría hasta el 17 de septiembre de ese año, cuando la Policía Federal Argentina lo detuvo en su domicilio de la calle Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica —la ex Villa 31 de Retiro— de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que encontraron los agentes en ese allanamiento fue revelador: 120 municiones, piezas para el armado de un fusil de asalto AR-15 con numeración suprimida, 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 240.700 pesos en efectivo, relojes inteligentes, teléfonos celulares, una notebook y otros dispositivos electrónicos.
El modo de operar de Méndez era tan eficaz como sencillo en su lógica: utilizaba su condición de letrado para solicitar entrevistas con internos de alto perfil alojados en establecimientos penitenciarios federales, eludiendo así los controles del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Lo que hacía durante esas visitas era triangular comunicaciones: recibía instrucciones de los presos y las retransmitía hacia afuera, manteniendo activas las estructuras criminales que el encarcelamiento debería haber desarticulado. El Ministerio Público Fiscal lo calificó como un “nexo sistemático” y señaló que incurrió en un empleo abusivo y desleal de su profesión.
La nómina de sus interlocutores tras las rejas leía como un compendio del crimen organizado argentino. Entre ellos figuraba Julio Andrés Rodríguez Granthon, señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas —y quien ese mismo abril de 2025 recibió una nueva condena de 13 años por contrabandear un fusil y explosivos desde el penal de Ezeiza—; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, miembro de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del barrio Padre Carlos Mugica; y Cristian Avalle, también condenado a perpetua e identificado como líder de una banda vinculada a Los Monos.
Según informó el sitio Fiscales, las evidencias reunidas por la fiscalía durante las audiencias —celebradas entre el 31 de marzo y el 16 de abril de 2026— incluyeron intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada. Ese material permitió reconstruir en detalle la mecánica de las maniobras. Méndez triangulaba comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades ligadas al patrimonio del condenado. Servía de enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica para transmitir información y coordinar gestiones. Intermedió para que Segovia analizara la compra de un campo de Morán de la Cruz. Y participó, entre febrero y agosto de 2025, en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021.
Frente al juez, Méndez reconoció expresamente los hechos, su participación, los antecedentes probatorios, la calificación legal atribuida y la pena requerida por la fiscalía. Fue hallado culpable de seis delitos en concurso real: asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación de dos o más personas para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.
La resolución judicial también dispuso el decomiso y destrucción del material bélico, la cocaína, la balanza de precisión y los dispositivos electrónicos. Los 240.700 pesos y los dos vehículos secuestrados —un auto y una camioneta— fueron puestos a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para la fiscalía, la gravedad del caso se vio acentuada precisamente por el hallazgo de ese arsenal en poder del abogado: las piezas de fusil encontradas en Flor de Otoño eran muy similares a las que el “Rey de la Efedrina” importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza. La conclusión fue que las maniobras de Méndez no eran un aporte periférico al crimen organizado, sino un engranaje que permitía a organizaciones de alta peligrosidad conservar capacidad operativa fuera de las prisiones. Al momento de la condena, el letrado se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
