El 2 de junio de 2024, a cinco cuadras de la Casa de Gobierno, un grupo de asalto del Comando de Operaciones Especiales de la Policía del Chaco baleó en el pecho con postas de goma a un joven con esquizofrenia que portaba un cuchillo. Tras ser intervenido quirúrgicamente, salvó su vida de milagro. Por este hecho, el comisario, Miguel Ángel Zuco, es el único imputado por el delito de lesiones doblemente agravadas. La audiencia preliminar fue fijada para el 30 de abril. El Comité Provincial de Prevención de la Tortura es querellante institucional en la causa.
Martes, 28 de abril de 2026
Un comisario del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco está a un paso del juicio oral por haber disparado con una escopeta cargada con postas de goma en el pecho a un joven con esquizofrenia que atravesaba una crisis psiquiátrica. Según pudo confirmar LITIGIO, la jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, María Virginia Ise, fijó audiencia preliminar para el 30 de abril a las 9. El Comité Provincial de Prevención de la Tortura es querellante institucional en la causa.
El único imputado es Miguel Ángel “Cuqui” Zuco, comisario del COE y jefe de turno la noche del hecho. Se le imputan lesiones graves doblemente agravadas: por haber sido cometidas por un miembro de la fuerza policial en abuso de su función y por haber sido perpetradas con un arma de fuego, conforme a los artículos 90, 92, 80 inciso 9 y 41 bis del Código Penal. La pena en expectativa va de 4 a 13 años de prisión de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de ejecución condicional.
El hecho ocurrió en la madrugada del 3 de junio de 2024, alrededor de las 0.50, en una vivienda ubicada en el macrocentro de Resistencia. Todo comenzó cuando el padre de A.S.L. —las iniciales de la víctima— llamó al servicio de emergencias para pedir ayuda: su hijo de 40 años, diagnosticado con esquizofrenia, estaba descompensado y portaba un cuchillo. Temía que intentara hacerse daño.
La respuesta del Estado fue contundente en términos de despliegue: más de veinte efectivos, dos negociadores, una ayudante fiscal y dos ambulancias. Al ver la escena, A.S.L. se refugió en su habitación. Los agentes del COE ingresaron a la vivienda equipados con escudos antimotines y escopetas, y lanzaron gas lacrimógeno. Lo que vino después es el centro del debate judicial.
Zuco disparó con una escopeta Hatsan Escort calibre 12/70 desde una distancia de entre tres y cuatro metros. El impacto le provocó a A.S.L. lesiones graves: las postas de goma le fracturaron el esternón, bajaron al diafragma y llegaron hasta el pericardio, la membrana que recubre el corazón. Se le extrajeron quirúrgicamente 18 perdigones. Esposado durante todo el trayecto, fue trasladado en ambulancia al hospital Perrando. Después de dos meses y siete cirugías, sobrevivió de milagro.
Versiones
La defensa de Zuco reconoció la autoría del disparo, pero pidió el sobreseimiento por considerar que medió una causa de justificación. En su declaración, el comisario sostuvo que A.S.L. era violento, que intentó agredir a su padre y al personal policial con el cuchillo, y que previamente se habían agotado todos los recursos disuasivos disponibles —negociación, identificación policial, gas lacrimógeno y cartuchos de estruendo— sin resultados. “Actuamos a derecho conforme a la circunstancia de ese momento”, afirmó.
El fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, rechazó de plano esa versión. En la audiencia de oposición al requerimiento de elevación a juicio —oposición rechazada por el Juzgado de Garantías 3 de Resistencia—, señaló que todos los testigos describieron a A.S.L. como una persona estática, que los mediadores nunca llegaron a verle la cara, que el joven nunca respondió a los intentos de comunicación y que no se registró ninguna agresión al padre. “Parecería que estuvieron en dos escenas distintas”, remarcó Santos.
Para la fiscalía, el operativo constituyó un uso excesivo e injustificado de la fuerza contra una persona vulnerable. “No se lo trató como un paciente con padecimiento mental, sino como una persona atrincherada”, sostuvo Santos, y añadió que A.S.L. estaba encerrado en una habitación de tres por tres metros, por lo que no existía peligro inminente ni para él ni para terceros. El fiscal también cuestionó que no se haya agotado la mediación y que se haya efectuado un disparo en un espacio tan reducido contra alguien en plena crisis psiquiátrica. “No se trata de neutralizar al sujeto, sino de preservar su vida y garantizarle atención médica”, concluyó.
