En este artículo, el abogado y comunicador Matías Leandro Rodríguez destaca la distinción otorgada por la Fundación Konex a la abogada especializada en Derecho de Familia, Marisa Herrera, y señala el contraste entre su pensamiento no complaciente y que “los pasillos de los tribunales parecen diseñados para que el eco de la realidad llegue amortiguado”.
Martes, 28 de abril de 2026
Por Matías Leandro Rodríguez*
Hay reconocimientos que no llegan solo para consagrar una trayectoria. En el mismo gesto en que distinguen, exponen – a veces con incomodidad, a veces con elocuencia – la distancia entre lo que una comunidad intelectual decide celebrar y aquello que sus instituciones aún no logran encarnar sin reservas ni titubeos. Como si el tiempo del pensamiento y el tiempo de la decisión judicial discurrieran por carriles paralelos que rara vez se tocan.
La reciente distinción otorgada por la Fundación Konex a Marisa Herrera, en el marco de las figuras más destacadas de la última década en humanidades, podría leerse en clave meramente biográfica o protocolar, como un nombre más que se suma a una lista prestigiosa. Pero detenerse allí sería perder lo esencial: no tanto el premio como el tipo de pensamiento que ese premio vuelve visible en un momento histórico en el que el derecho – y en particular el derecho de familia – ha sido interpelado por transformaciones que ya no admiten neutralidad ni demora sin costo.
Porque si algo ha caracterizado la obra de Herrera no es la complacencia con el orden dado, sino una persistencia rigurosa en problematizarlo desde sus zonas más sensibles: allí donde los vínculos se tensan, donde las desigualdades de género dejan de ser abstracción para volverse experiencia situada, donde las infancias exigen ser escuchadas más allá de la ritualidad de su invocación, y donde el derecho, si pretende conservar legitimidad, debe decidir si acompaña esas mutaciones o si se repliega en categorías que ya no alcanzan para comprender lo que describen.
En ese sentido, el reconocimiento no solo consagra una trayectoria: legitima una forma de leer el derecho que incomoda porque desarma ficciones persistentes. La neutralidad como virtud suficiente. La igualdad formal como horizonte alcanzado. La idea de un sujeto jurídico abstracto que, en nombre de su universalidad, ha ocultado – con eficacia estructural – las asimetrías reales de quienes acuden a la justicia buscando algo más que una respuesta técnicamente correcta.
Hay una belleza trágica en este contraste: mientras el pensamiento jurídico más lúcido ya habita el siglo XXI con la urgencia de quien sabe que el dolor no espera, los pasillos de los tribunales parecen diseñados para que el eco de la realidad llegue amortiguado, filtrado por un decoro que confunde imparcialidad con indiferencia. El reconocimiento a Herrera no es solo un aplauso: es un llamado que resuena en los mármoles, recordando que la justicia que no se conmueve ante la asimetría termina por administrarla.
Y es allí donde el gesto de premiar adquiere una densidad que excede lo celebratorio y se vuelve interpelación. Porque mientras el campo de las humanidades reconoce como valiosas aquellas miradas que incorporan la perspectiva de género como herramienta crítica – capaz de reconfigurar categorías enteras -, el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina parece, en no pocas ocasiones, anclado en otra temporalidad: menos permeable a esas transformaciones, más inclinado a administrar tensiones que a resolverlas desde una comprensión contemporánea de los conflictos.
Esta distancia encuentra su herida más persistente en la figura de Aída Kemelmajer de Carlucci. Resulta una paradoja difícil de explicar – y un síntoma de ceguera institucional – que una de las arquitectas del derecho civil contemporáneo en la región, cuya influencia es transversal y sostenida, nunca haya integrado el máximo tribunal de la Nación. Hay una melancolía institucional en ese vacío: revela que, demasiadas veces, se ha preferido el resguardo de la medianía antes que la incomodidad de la excelencia.
No se trata de exigir alineamientos doctrinarios ni de convertir a la judicatura en una caja de resonancia acrítica. Pero sí de señalar que la persistencia de ciertos silencios, la reiteración de enfoques que eluden las desigualdades estructurales, y la composición misma de los espacios de decisión – donde la representación de género sigue siendo insuficiente – no son datos neutros: son síntomas de una dificultad más profunda para asumir que el derecho, cuando ignora esas dimensiones, no se vuelve más objetivo, sino más ajeno.
El reconocimiento a Herrera funciona así como un espejo incómodo. Porque allí donde una trayectoria es celebrada por ampliar el horizonte de lo jurídico, por introducir preguntas que desestabilizan certezas y por insistir en que la igualdad no puede pensarse al margen de las condiciones materiales, el órgano llamado a traducir esos avances en decisiones concretas parece oscilar entre una prudencia excesiva y una resistencia apenas disimulada a dejarse afectar por lo que ya forma parte del consenso más lúcido de la época.
Hay en esa tensión algo más que una diferencia de ritmos: hay una disputa por el sentido del derecho, por el alcance de su promesa y por la honestidad de su lenguaje cuando nombra – o decide no nombrar – las desigualdades que estructuran los conflictos. Porque si los premios, cuando están bien otorgados, revelan lo que ya se ha vuelto significativo, entonces la pregunta no es por qué se reconoce a ciertas figuras, sino por qué ese reconocimiento no encuentra traducción en los ámbitos donde se decide la experiencia concreta de justicia.
Las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no son, en ese sentido, un dato administrativo. Son la expresión de una encrucijada institucional: cada silla vacía es una decisión postergada sobre el tipo de derecho que se está dispuesto a sostener cuando las demandas sociales ya han desbordado los moldes tradicionales. En esa postergación – disfrazada de cautela – lo que se juega es la posibilidad misma de que el derecho deje de llegar tarde.
Ahí, precisamente ahí, el reconocimiento a Herrera deja de ser un gesto celebratorio para convertirse en medida. Porque mientras su nombre sintetiza una forma de pensar el derecho que no le teme al conflicto, que asume la desigualdad como punto de partida y entiende la perspectiva de género como exigencia estructural, las instituciones siguen administrando ese mismo conflicto con herramientas que han demostrado su insuficiencia.
Despojado de la audacia de transformar, el derecho se vuelve caligrafía vacía: un inventario de promesas incumplidas. No se habita la academia para conservar el statu quo, sino para ensanchar lo posible; no se accede a la magistratura para observar el cambio desde la distancia, sino para garantizar que ese cambio no deje a nadie en la intemperie.
Entonces la pregunta ya no es quién merece ser premiada. Es quién está dispuesto a juzgar como si ese premio importara.
Porque el problema – todavía – es que el derecho ha avanzado más en sus ideas que en el coraje de quienes deben decidirlas.
*Abogado y comunicador
