El gobierno de esa provincia había denunciado a la institución por presunta trata de personas con fines de explotación de los niños que asisten a la misma. Ahora, la Justicia federal sobreseyó al principal referente y a la presidenta de la Fundación Valdocco, Juan Carlos Molina y Ana Valeria Gómez. El fallo determinó que la permanencia de los niños en la fundación, en su mayoría del pueblo Wichí del Chaco, tiene una finalidad estrictamente asistencial. “Todo se ha tratado de una difamación con fines electorales y persecución”, denunció Juan Carlos Molina.
Martes, 28 de abril de 2026.
El Juzgado Federal de Caleta Olivia (Santa Cruz) sobreseyó al sacerdote, diputado nacional y referente de la Fundación Valdocco, Juan Carlos Molina, y a la presidenta de esa institución, Ana Valeria Gómez, en la causa que los investigaba por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación, iniciada a partir de la denuncia del gobierno de la provincia de Santa Cruz.
La resolución, dictada por el juez subrogante Marcelo Vázquez del Juzgado Federal de Caleta Olivia, determinó que el hecho denunciado “no se cometió” y que las constancias de la causa señalan, de manera unívoca, que los niños y jóvenes alojados en la sede patagónica de la fundación no sufrieron vulneración alguna en sus derechos.
La denuncia que originó esta investigación había sido presentada en octubre de 2025 por las entonces ministras de Desarrollo Social y Educación de Santa Cruz, Luisa Cárdenas e Iris Rasgido, quienes alertaron ante la justicia federal sobre un supuesto entramado de captación y traslado irregular de menores —en su mayoría provenientes de comunidades Wichí del Chaco— hacia el predio rural “Casa Pibes de la Patagonia”, ubicado en Cañadón Seco. La acusación sostenía que los jóvenes eran retenidos con fines de explotación institucional y política en condiciones de precariedad.
“Finalidad estrictamente asistencial”
Tras meses de instrucción, el juez Vázquez desmanteló ese relato en sus fundamentos: la permanencia de los niños en la fundación tiene una finalidad estrictamente asistencial, y los traslados entre provincias se realizaron al amparo de un Acuerdo Marco de Cooperación Mutua suscripto entre la provincia del Chaco, la provincia de Santa Cruz y la propia Fundación Valdocco, un convenio interjurisdiccional que las propias autoridades denunciantes conocían y habían avalado institucionalmente.
Molina: “Todo se ha tratado de una difamación con fines electorales y persecución”
El fallo tiene una dimensión política que Molina no tardó en señalar. Mediante un comunicado, el diputado nacional afirmó que “queda claro que los hechos que denunciaron no existieron”, en referencia a la imputación de trata, y agregó que la denuncia respondió a una persecución política sin sustento en la realidad. Sostuvo además que el proceso estuvo motivado por el ciclo electoral y que la comunidad educativa de Chaco y Santa Cruz que integra las casas de la fundación merece que sus derechos sean restablecidos.
“Era una noticia muy esperada para tranquilidad de nuestra comunidad y pone en evidencia que todo se ha tratado de una difamación con fines electorales y persecución”, denunció Molina, tras conocerse el fallo. En el mismo pronunciamiento, el referente de la Fundación Valdocco consideró: “Nadie ha ganado acá, todos perdimos algo, pero es muy bueno que la verdad empiece a conocerse. Que Dios los perdone”.
La Fundación Valdocco tiene más de dos décadas de historia en Santa Cruz, donde fue creada por Molina como un centro de recuperación terapéutica y de contención educativa para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad. Con el tiempo extendió sus actividades al Chaco y hasta a Haití. El cambio de signo político en Santa Cruz, tras la asunción del gobernador Claudio Vidal a fines de 2023, marcó un punto de inflexión: el nuevo gobierno provincial comenzó a auditar los convenios de la fundación y puso en marcha una serie de acciones judiciales y administrativas que sus responsables caracterizan como un desmantelamiento sistemático.
La persecución judicial en el Chaco
En paralelo al frente federal resuelto, la persecución continúa en sede provincial. A fines del año pasado, el gobierno chaqueño suspendió los aportes públicos a la fundación en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y a otros que percibirían doble remuneración —una en Chaco, otra en Santa Cruz—. La justicia provincial chaqueña había fallado inicialmente a favor de la organización, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó ese amparo al entender que la fundación no aportó documentación suficiente que respaldara los cargos docentes involucrados. Ahora, el caso debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
En Río Gallegos, el Juzgado de Instrucción N° 2 mantiene bajo la lupa presuntas irregularidades en el manejo de subsidios para comedores y el pago de haberes docentes, luego de que el juez federal Vázquez se declarara incompetente para investigar esos hechos por tratarse exclusivamente de fondos del erario provincial.
La resolución federal cierra el capítulo más grave —el de trata de personas—, pero la Fundación Valdocco y quienes la conducen enfrentan una trama de causas en distintos fueros que, según sus propios dirigentes, responde a una ofensiva política coordinada desde el cambio de administración en ambas provincias.
