La Sala II de la Cámara Federal porteña procesó al extitular de la Inspección General de Justicia de la Nación, Ricardo Nissen, por haber pedido la intervención judicial de la empresa del magnate británico, a quien la administración Milei le entregó silenciosamente la impunidad sobre las 12.000 hectáreas patagónicas en la zona de Lago Escondido. El exfuncionario había sido sobreseído en cuatro oportunidades por dos jueces distintos antes de que la Cámara revocara esas decisiones y avanzara con el procesamiento.
Viernes, 24 de abril de 2026
Ricardo Nissen, extitular de la Inspección General de Justicia de la Nación, fue procesado por abuso de autoridad. La decisión la tomó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia de Roberto Boico. El cargo: haber intentado, en 2022 y 2023, declarar nula e intervenir judicialmente a Hidden Lake S.A., la sociedad del magnate británico Charles “Joe” Lewis propietaria de unas 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera en la provincia de Río Negro, donde se ubica la estancia conocida como Lago Escondido.
No es la primera vez que la justicia intenta avanzar contra Nissen por ese mismo hecho. El exfuncionario había sido sobreseído en cuatro oportunidades por dos jueces distintos —los federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas— antes de que la Cámara revocara esas decisiones y avanzara con el procesamiento.
La acusación se apoya en las Resoluciones Particulares N° 393/2022 y N° 112/2023, mediante las cuales Nissen instruyó a la IGJ a promover tres pedidos ante la Justicia Comercial para desplazar al directorio de Hidden Lake. Los tres fueron rechazados por ese fuero. Lo que la Cámara Federal juzga ahora como abuso de autoridad es, precisamente, el hecho de haber impulsado esas acciones.
Según el voto de Irurzun, la IGJ habría aplicado el criterio reservado para sociedades sospechadas de operaciones fraudulentas o delitos contra el orden económico, pero lo habría hecho partiendo de una premisa falsa: a su entender, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de 2005 que se invocaba como fundamento no estaba firme ni ordenaba el acceso público al lago. Farah, en la misma línea, calificó el caso como extraordinario y alejado de toda experiencia institucional previa.
Lo que la mayoría del tribunal omitió en su fallo es que la IGJ había pedido la intervención judicial de Hidden Lake no por un único fundamento sino por cuatro: la sociedad no tenía actividad empresaria real; sus gastos de funcionamiento eran solventados por sociedades offshore del Caribe nunca inscriptas en Argentina; existía un ejército privado que impedía el acceso público al lago; y sus instalaciones habían sido utilizadas para recepciones políticas, incluido el célebre viaje de octubre de 2022 en el que jueces, fiscales y ejecutivos del Grupo Clarín fueron hospedados en la estancia con todos los gastos pagos.
Las resoluciones de la IGJ también puntualizaban que Hidden Lake nunca construyó inmuebles ni llevó adelante un proyecto agropecuario: lo único que hizo fue crear un complejo habitacional de enormes dimensiones para provecho exclusivo de su dueño. La Justicia Comercial desestimó los tres planteos. Argumentó, entre otras cosas, que las agresiones sufridas por visitantes a manos de un grupo privado a caballo contratado por Hidden Lake no justificaban ni siquiera la designación de un veedor judicial. El único integrante de la Sala que no avaló el procesamiento fue Boico, quien en disidencia consideró que no había elementos suficientes para sostener el delito.
Milei abandonó la demanda del Estado por Lago Escondido
El procesamiento de Nissen no puede leerse de manera aislada. Ocurre en simultáneo con otro hecho de igual envergadura: la administración Milei acordó con Lewis y los apoderados de Hidden Lake ponerle fin a la acción de lesividad que el propio Estado había iniciado en 2023 para intentar anular la compraventa fraudulenta de esas tierras patagónicas.
Esa acción había sido impulsada por el Ministerio del Interior bajo la conducción de Wado de Pedro, con sustento en dictámenes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de la propia Procuración del Tesoro de la Nación. La maniobra de Lewis para hacerse de las 12.000 hectáreas databa de 1996 y había sido documentada en reiteradas oportunidades: se valió de una sucesión de testaferros y sociedades pantalla para eludir la prohibición de adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, sustituyendo en los registros a la empresa autorizada —Properties S.A.— por Hidden Lake S.A., cuya escritura ya había sido inscripta meses antes de que se autorizara formalmente la venta.
El acuerdo que clausuró esa acción del Estado fue firmado durante la feria judicial de enero de 2026. El 28 de ese mes, el juzgado contencioso administrativo federal de turno homologó el convenio conciliatorio entre el Estado y Lewis, con respaldo del Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli. El expediente, que hasta entonces era de acceso público, desapareció luego de la intranet del Poder Judicial. “Su acceso es reservado”, confirmaron fuentes judiciales al ser consultadas.
La conexión entre ambos frentes del caso no es casual. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el camarista de Casación Carlos Mahiques integran el universo de “Los Huemules”: ambos estuvieron en aquel viaje a la estancia de Lewis; Carlos fue quien en 2021 archivó la causa penal contra Lewis por prescripción, revocando su propio criterio de 2017. Ahora, mientras el Ejecutivo cierra la vía civil con una conciliación opaca, la Cámara Federal avanza contra el funcionario que se atrevió a investigar a la empresa.
La causa por el acceso público al Lago Escondido —el camino Tacuifí, cuya habilitación fue ordenada y revocada en múltiples ocasiones— aguarda todavía una resolución de la Corte Suprema de Justicia, donde un recurso extraordinario presentado por la ex legisladora Magdalena Odarda permanece sin tratamiento desde hace más de dos años.
