La Cámara Federal de Resistencia ordenó este martes que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realice una pericia médica al exagente de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Luciano Cáceres. Buscan que se determine si se encuentra en condiciones de comprender los cargos que se le imputan y de ejercer su defensa en el proceso penal que se le sigue, en el que fue citado a declaración indagatoria por delitos de lesa humanidad.
Miércoles, 22 de abril de 2026
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ordenó este martes que se realice una pericia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar si el exagente de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Luciano Cáceres, de 86 años, se encuentra en condiciones de comprender los cargos que se le imputan y de ejercer su defensa en el proceso penal que se le sigue y por el cual debía prestar declaración indagatoria el 19 de febrero pasado, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad denominada “Caballero IV”.
La resolución, firmada este martes 21 de abril por las juezas de cámara Rocío Alcalá y Patricia García, revocó una providencia de la Jueza Federal N° 1 de Resistencia que había rechazado el pedido de junta médica formulado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Según el tribunal, esa negativa resultó prematura dado que no se habían agotado todas las posibilidades de obtener un diagnóstico médico serio sobre el estado de salud del imputado.
Cáceres se encuentra imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el militante político Mario Cuevas, quien fuera detenido ilegalmente el 30 de junio de 1976 en el paraje Boquita Cortez de Resistencia, Chaco, por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Durante su detención fue herido de bala en una de sus piernas y luego llevado a la Alcaidía por unos días.
Posteriormente, fue alojado en la “Sala Negra” de la Brigada de Investigaciones y sometido a tormentos hasta que deben trasladarlo al Hospital Perrando. En octubre de ese mismo años su situación fue legalizada: lo trasladaron al Pabellón 3 de la U7 del Servicio Penitenciario Federal. Nunca pudo recuperarse de la herida de la pierna. Permaneció incomunicado durante esos meses. Fue retirado de la U7 el domingo 12 de diciembre en horas de la tarde, llevado a la Alcaidía de Resistencia y luego asesinado en Margarita Belén. Su cuerpo fue entregado a los familiares. Su padre no se animó a verlo, y un amigo debió reconocer su cadáver.
En el legajo incorporado a la investigación se destaca una disposición fechada el 7 de diciembre de 1976 donde el entonces jefe de Policía expresa su especial reconocimiento y profundo agradecimiento al cabo Luciano Cáceres, “por su meritoria y destacada actuación en combate contra los elementos subversivos”.
La salud del represor
En febrero de este año, el Defensor Público Oficial que representa a Cáceres alertó al juzgado —en vísperas de una audiencia indagatoria— que su defendido no se encontraba en condiciones de participar del acto. Tras entrevistarse con él y su esposa en la sede de la Defensoría, el abogado informó que el hombre padece una hipoacusia muy grave, que requiere que todo le sea explicado a voz en cuello cerca del oído derecho, que no logra comprender lo que se le dice y que en numerosas ocasiones se desorienta en tiempo y espacio. Su cónyuge también informó que a fines del año pasado sufrió un infarto.
El juzgado dispuso entonces que personal médico de Gendarmería Nacional evaluara a Cáceres en su domicilio. El informe resultante confirmó que el hombre se encuentra lúcido pero sin orientación temporo-espacial, con hipoacusia severa y sin capacidad para responder adecuadamente a instrucciones simples. La evaluación fue realizada en la vereda, sin examen físico.
Con ese antecedente, la fiscalía insistió en la necesidad de contar con una junta médica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, con posibilidad de intervención de peritos de parte. Señaló además que en diciembre de 2025 los médicos forenses ya habían intentado examinar a Cáceres pero no pudieron hacerlo por falta de antecedentes clínicos disponibles en ese momento. La jueza rechazó el pedido considerando que los elementos reunidos eran suficientes para resolver. La fiscalía apeló esa decisión.
La Cámara le dio la razón al fiscal. En su resolución, el tribunal subrayó que la causa investiga hechos de máxima gravedad institucional y que, en ese contexto, no resulta admisible que la definición sobre la capacidad del imputado para estar en juicio se apoye en intentos periciales que no arrojaron resultados útiles. Destacó asimismo la idoneidad específica del Cuerpo Médico Forense de la Corte para expedirse sobre una cuestión tan sensible, recordando que sus dictámenes no equivalen a los de un perito ordinario sino al asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está resguardada por normas específicas.
Sin embargo, la Cámara advirtió que antes de llevar adelante la pericia es necesario remover los obstáculos que hasta ahora la impidieron. Por eso ordenó que la jueza de primera instancia consulte al propio Cuerpo Médico Forense qué estudios previos, antecedentes clínicos y apoyos técnicos necesita para poder expedirse de manera útil, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación que genera la hipoacusia del imputado. Una vez definidos esos requerimientos, deberán satisfacerse prioritariamente a través de instituciones públicas de salud y del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco. Solo de manera subsidiaria, si esas vías fracasaran, podrá recurrirse a profesionales particulares a cargo de la parte que lo solicite.
La causa Caballero IV
En la causa “Caballero IV” se investigan los tormentos -psíquicos y físicos- agravados por la condición de detenidos políticos, las privaciones ilegítimas de la libertad y la violación de domicilio en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, quienes tenían militancia social en escuelas, facultades, parroquias y barrios, en las Ligas Agrarias o en agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el peronismo de base.
Las victimas fueron secuestradas en operativos desplegados conjuntamente entre el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego eran trasladadas al centro clandestino que funcionaba en el ámbito de la Brigada de Investigaciones, para después ser llevadas a la Alcaidía policial o la cárcel federal U7.
