La abogada Ileana Arduino, coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del INECIP, analizó críticamente el proyecto de ley que propone agravar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género e integridad sexual. Señaló que la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada carece de sustento empírico y parte de una decisión política de construir una “supuesta epidemia” de denuncias falsas a partir de casos aislados que resuenan en los medios.
Miércoles, 22 de abril de 2026
En declaraciones a Radio Provincia, Arduino aportó datos que contradicen la urgencia del proyecto y explicó que, según el Registro Nacional de Reincidencia de 2023, de las 23.419 sentencias condenatorias totales en el país, solo 60 correspondieron al delito de falsa denuncia, lo que representa apenas el 0,25%. Al respecto, la abogada afirmó que “es un proyecto que es árido en argumentos empíricos que permitan demostrar la pertinencia a lo que se está proponiendo” y subrayó que estas herramientas no resuelven el problema de la mentira, el cual ya está tipificado como delito desde principios del siglo pasado.
La referente del INECIP también hizo hincapié en las deficiencias técnicas del texto legal, argumentando que la figura de la falsa denuncia ya es un delito doloso y que agregar la frase “a sabiendas” no aporta valor jurídico. Para Arduino, el objetivo central de la norma es generar un efecto inhibitorio en quienes necesitan recurrir a la justicia para denunciar abusos. “El efecto principal que busca este proyecto es amedrentar; la técnica es bastante prescindente porque a nadie le está interesando seriamente asegurar una norma de calidad”, sentenció la especialista.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión fue la distinción entre una denuncia falsa y la falta de pruebas en un proceso judicial. Arduino explicó que en delitos de violencia y abuso sexual es común encontrar relatos fragmentados o inconsistencias propias del trauma, lo cual no debe confundirse con un testimonio mendaz.
En este sentido, destacó que “que no se pueda probar no significa que sea mentira” , y advirtió sobre la utilización de las retractaciones de niños y adolescentes como supuesta prueba de falsedad, cuando muchas veces ocurren por falta de acompañamiento psicológico o por seguir conviviendo con el agresor.
Finalmente, la abogada lamentó que se gaste energía política en iniciativas que profundizan la desconfianza en la administración de justicia en lugar de fortalecer las garantías para las víctimas.
Sobre el cierre, Arduino expresó su deseo de que el proyecto no prospere en el Congreso, señalando que “hay mucho trabajo en serio para hacer sobre la mentira y sobre esta persistencia judicial en tratar de mentirosas a las mujeres” , mientras que la verdadera problemática social sigue siendo la subdenuncia de la violencia de género y los delitos contra la integridad sexual.
