El fiscal federal Carlos Amad pidió el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de su exministra Marta Soneira por la presunta entrega fraudulenta de miles de hectáreas de tierras fiscales a los socios comerciales del esposo de la funcionaria. Según la acusación, ambos sabían —o al menos no podían desconocer— a quiénes adjudicaban los campos y firmaron de todos modos. Los lotes se vendieron a precios que representaban menos del 3% de su valor de mercado.
Lunes, 20 de abril de 2026
El Ministerio Público Federal solicitó que el exgobernador del Chaco Jorge Capitanich y su exministra de Ambiente, Marta Soneira, sean procesados por fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos y otros delitos vinculados a la presunta adjudicación irregular de miles de hectáreas fiscales a los socios comerciales del esposo de la funcionaria.
El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, presentó el pasado 16 de abril ante el juzgado federal de esa ciudad el pedido de procesamiento contra seis imputados. Además de Capitanich y Soneira, el fiscal solicitó el procesamiento de Mauricio Cian —esposo de la exministra— y de los empresarios Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón, todos socios de Cian en las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.
La causa se inició en 2024 a partir de una denuncia de Ana María Canata, quien al asumir la presidencia del Instituto de Colonización detectó una serie de presuntas irregularidades en expedientes de adjudicación de tierras públicas. Lo que encontró fue lo que parecía un esquema organizado: funcionarios de alto rango, valiéndose del poder que ejercían, habrían adjudicado tierras fiscales del departamento Almirante Brown a personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la ministra.
El rol de Soneira
Según pudo saber LITIGIO, el pedido de procesamiento describe a Marta Soneira como figura central de la maniobra. La exministra contaba con dos cargos públicos incompatibles en forma simultánea: fue designada al frente del Instituto de Colonización en diciembre de 2019 —organismo encargado de adjudicar tierras fiscales— mientras ejercía al mismo tiempo como Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, situación que la propia Fiscalía de Asuntos Administrativos de la Provincia declaró incompatible en la Resolución N° 2582/2022.
Desde esa posición, según la acusación, Soneira otorgó un permiso de ocupación a Leandro Bessone —socio de su esposo— en diciembre de 2021, mucho antes de que se completaran las adjudicaciones formales. Luego, ya como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, refrendó los decretos que ratificaron la entrega de los campos a los socios de Cian: Federico Storti obtuvo 1.250 hectáreas, Bessone otras 1.250 y Pochón dos lotes que suman más de 1.100 hectáreas, todos en Almirante Brown, a precios que representaban entre el 1% y el 3% del valor de mercado según datos recabados de la plataforma inmobiliaria Agrofy.
El fiscal sostuvo que Soneira no podía desconocer a quiénes se les estaban otorgando esas tierras: eran los mismos socios de su marido en las empresas que ambos conocían bien. Como prueba de ello señaló que ella misma firmó el permiso de ocupación para Bessone, y que las resoluciones de adjudicación pasaron por su firma ministerial para ser elevadas luego al gobernador.
Soneira intentó desligarse argumentando que las adjudicaciones tramitaron durante la presidencia de Sheina Waicman en el Instituto, y que ella solo refrendó actos administrativos ya aprobados. El fiscal rechazó ese argumento: si Soneira no ratificaba las resoluciones, estas carecían de virtualidad operativa. Sabiendo a quiénes iban dirigidas, firmó de todos modos.
A los delitos de fraude y lavado de activos se suma el incumplimiento de sus obligaciones como funcionaria pública: no presentó declaraciones juradas de ingresos en tiempo y forma ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y ante ARCA solo registra presentaciones por los años 2014 y 2015.
Obligación legal
La defensa del exgobernador construyó su argumento sobre una idea central: firmar los decretos de adjudicación de tierras de más de 300 hectáreas era una obligación legal que le imponía el artículo 72 de la Ley 471-P, y no una decisión discrecional. Según esa lectura, Capitanich solo cumplió con su deber de refrendar un procedimiento que ya había pasado por todos los controles administrativos previos.
El fiscal no lo vio así. Le reconoció al exgobernador que la firma del decreto era, en efecto, un requisito de la ley. Pero señaló que esa potestad de ratificar lo actuado por las áreas anteriores implica también el conocimiento de qué se está ratificando. Capitanich sabía —o no podía ignorar— que las tierras se adjudicaban a los socios de Cian, esposo de su propia ministra.
“Si el gobernador se niega a firmar el decreto por el motivo que fuere, no comete ningún delito”, escribió Amad. “En este caso particular, sí lo cometió cuando adjudicó mediante la firma del decreto tierras fiscales a personas que eran socios del esposo de su ministra.”
El fiscal también señaló que la excusa de Capitanich —que la estructura burocrática operó dentro de la legalidad— se sostiene precisamente porque los funcionarios de rango medio desconocían las relaciones entre los adjudicatarios y el marido de Soneira. Ese desconocimiento, lejos de exculpar al exgobernador, refuerza la hipótesis del fiscal: la maniobra funcionó porque quienes tenían el dominio del hecho eran exactamente Soneira y Capitanich, los únicos que conocían la trama completa.
En su escrito, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en un fallo del pasado 6 de agosto, ya había rechazado un planteo de nulidad del requerimiento de instrucción, confirmando que los hechos investigados describen conductas específicas vinculadas a los delitos de lavado de activos, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación, entre otros.
Cuatro adjudicaciones
Las cuatro adjudicaciones en cuestión totalizan más de 3.600 hectáreas entregadas a precio vil. Según los registros del Banco Central consultados por la fiscalía, Bessone pagó alrededor de 50 dólares por hectárea; Storti, un valor similar; Pochón, cerca de 120 dólares. El precio de mercado en la zona, según datos de Agrofy para el período 2022-2023, oscilaba entre 3.500 y 5.500 dólares por hectárea. Los cobros fueron suspendidos desde que se inició la causa judicial y los campos siguen siendo propiedad del Estado, ya que nunca se completaron las escrituras traslativas de dominio.
Además de las tierras, las empresas del grupo recibieron un paquete de beneficios de promoción industrial: reintegros del 30% sobre inversiones en activos fijos, bonificaciones del 30% en la tarifa eléctrica durante cinco años, exenciones en el servicio de agua, y diez años de exenciones impositivas sobre Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario, entre otros. Todo ello, señala la fiscalía, mientras las empresas de Cian, Storti, Bessone y Pochón nunca alcanzaron los niveles de empleo declarados y exhibían inconsistencias notorias entre sus estados contables y sus declaraciones impositivas.
El fiscal pidió asimismo la falta de mérito para Waicman y para el delegado de Pampa del Infierno, Darío Giménez, por entender que ambos actuaron en el marco de la lógica burocrática ordinaria sin conocer la verdadera identidad de los beneficiarios. Y solicitó el sobreseimiento de Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira por no haber encontrado elementos que los vinculen a la maniobra.
