Un operativo antidrogas en el barrio España, de Resistencia, dejó al descubierto una práctica que parece repetirse: ingresos a viviendas sin orden judicial y relatos de ficción construidos para justificar lo actuado. Amparada en un uso abusivo de la flagrancia, la policía asume el control total del domicilio sin ningún testigo o autoridad judicial que fiscalice qué ocurre adentro. Esta vez, el pretexto fue que se toparon con plantas de marihuana dentro de una casa tras perseguir a ladrones que, casualmente, nunca aparecieron.
Domingo, 19 de abril de 2026
Por Bruno Martínez
La Comisaría Undécima de Resistencia y el Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco protagonizaron en la madrugada del viernes un operativo antidrogas en el barrio España de la capital chaqueña, en el que secuestraron 17 plantas de marihuana cultivadas dentro de una vivienda. El hecho podría haber pasado como un procedimiento más, de no ser por un detalle que lo distingue: se realizó sin orden de un juez de Garantías. Para darle un barniz de legalidad a su accionar, los efectivos fabricaron el relato de una supuesta persecución a ladrones que merodeaban por los techos. El caso expone una práctica que parece repetirse en la fuerza: la policía toma control total de una vivienda sin ninguna autoridad judicial que fiscalice lo que ocurre adentro, y maquilla los hechos después.
Cerca del mediodía del viernes, la prensa oficial de la Policía del Chaco distribuyó entre los medios una gacetilla titulada “Se desmanteló laboratorio de cannabis en barrio España”. Según el comunicado, el procedimiento —iniciado alrededor de las 3 de la madrugada— surgió a raíz de una alerta por la “sustracción de objetos de una vivienda y la fuga de los autores por los techos linderos”.
“En plena persecución”, consignaba el parte, “los efectivos ingresaron a una propiedad vecina, donde hallaron objetos abandonados presuntamente sustraídos: una hidrolavadora, una amoladora, un tubo de gas y una freidora de aire”. El texto añadía que, al inspeccionar el inmueble, los agentes descubrieron un invernadero con plantas de cannabis y equipamiento para su cultivo, lo que motivó la intervención del Departamento de Drogas Peligrosas.
Según pudo reconstruir LITIGIO, la realidad fue muy distinta. El operativo estaba planificado desde al menos el lunes, cuatro días antes de que se concretara. Desde ese día hasta el día en que ingresaron, efectivos de la División Drogas Peligrosas recorrieron el barrio consultando a vecinos sobre la vivienda sospechosa: quién vivía allí, si vieron algo y dónde estaba ubicada exactamente. La intervención se originó en la denuncia de un vecino que advirtió olores fuertes y alcanzó a ver algunas plantas de marihuana desde el exterior. En un primer momento, incluso, los efectivos creyeron que la casa a allanar era la de al lado.
A su vez, policías se comunicaron con los propietarios del inmueble, quienes lo tenían alquilado a un hombre que vive solo y en ese momento se encontraba de viaje. Los dueños colaboraron ampliamente con la investigación: exhibieron el contrato de alquiler y dejaron en claro que el inquilino había actuado de mala fe al instalar el vivero de marihuana, del que ellos no tenían conocimiento.
Ese mismo jueves, alrededor de las 23, uniformados le avisaron a algunos vecinos que más tarde habría personas moviéndose por los techos, y les pidieron que no se alarmaran: era personal policial en operaciones. Horas más tarde, ya entrada la madrugada, se escuchó al menos un disparo. Se infiere, a la vista de lo ocurrido, que fue parte del montaje, para darle mayor verosimilitud al relato del falso ladrón.
Para la madrugada del viernes, efectivos de la Comisaría Undécima y de Drogas Peligrosas ya estaban dentro de la vivienda. Finalmente, por disposición de la Fiscalía Antidrogas, se secuestraron las 17 plantas y diversos elementos vinculados al cultivo indoor: luces LED, turbinas, una balanza de precisión, medidores y productos químicos.
El marco legal
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que el domicilio es inviolable, y que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento. En el mismo sentido, la Constitución del Chaco dispone en su artículo 15 que el hogar es asilo inviolable de la persona y que no podrá ser allanado sin orden escrita de juez competente que exprese el motivo del procedimiento, fundada en clara sospecha. Esa orden, aclara la norma, no puede ser suplida por ningún otro medio, y el procedimiento debe llevarse a cabo con testigos propuestos por el allanado y con presencia judicial.
El Código Procesal Penal del Chaco también exige orden judicial motivada, establece que los allanamientos deben realizarse durante el día —entre la salida y la puesta del sol— y que la orden debe ser notificada al habitante o encargado, invitándolo a presenciar el registro.
Las excepciones que habilitan el ingreso sin orden judicial son taxativas: incendio, explosión u otro siniestro que amenace la vida o la propiedad; personas extrañas vistas ingresando a un domicilio con indicios manifiestos de cometer un delito; persecución de un imputado que se refugia en un inmueble; o voces provenientes del interior que anuncien la comisión de un delito o pidan socorro. Los allanamientos nocturnos pueden realizarse “en casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público”.
Ninguno de esos supuestos se verificó en el operativo del barrio España: los ladrones que habrían desencadenado la acción nunca aparecieron. Vale remarcar que, en casos como estos, la nulidad del procedimiento surge como una posibilidad durante el proceso y la causa, incluso, podría caer.
“Comió la vaca”
LITIGIO consultó a una fuente con años de experiencia en la Policía del Chaco, quien explicó por qué se recurre a esta metodología. El motivo central, dijo, es el control total de la situación. Al ser la única autoridad presente en el lugar —sin oficiales de justicia ni testigos— los efectivos pueden actuar con plena impunidad, incluso apropiarse de droga u otros elementos de la vivienda.
“Esto es algo habitual en personal de Drogas, Investigaciones y en gente de calle de comisaría. Es la única forma de entrar con justificación. Cuando saben que el lugar es ‘positivo’, entran y después justifican. Y eso también conlleva a que solamente aparezca la mitad de las cosas”, graficó la fuente.
El efectivo recordó haber sido testigo de situaciones en las que la División de Drogas Peligrosas, en lugar de realizar el allanamiento y secuestrar los estupefacientes, terminó “arreglando” con los ocupantes del inmueble: es decir, no iniciar una causa judicial a cambio de quedarse con la droga. “Fijate que en el barrio España se secuestró de todo menos plata: comió la vaca. Un desastre esas unidades”, remarcó.
No es un caso aislado
El episodio del “ladrón fantasma” se inscribe en una serie de hechos que vinculan a integrantes de la Policía del Chaco con el narcotráfico. En octubre de 2024, tres policías de la Comisaría Undécima de Resistencia fueron condenados por el Tribunal Oral Federal con penas de entre 2 y 4 años de prisión —la mayoría en suspenso— tras comprobarse que integraban una organización criminal dedicada a proteger narcotraficantes, cobrar coimas, fraguar operativos y amedrentar a gendarmes que los investigaban. Su base de operaciones era la Comisaría Duodécima; su territorio, el barrio Santa Catalina.
El hecho más reciente ocurrió en diciembre del año pasado, durante un operativo de quema judicial de estupefacientes en Colonia Benítez. Según la investigación, efectivos intentaron sustraer aproximadamente nueve kilos de cocaína —valuados en cerca de 225 millones de pesos— en un procedimiento que incluía la incineración de más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína.
La droga fue ocultada en mochilas y en la caja de un patrullero con el objetivo de retirarla sin ser detectada. La maniobra fue advertida a tiempo por funcionarios judiciales, lo que permitió frustrarla antes de que se concretara. Por ese hecho hay nueve policías detenidos.
