Se trata del cabo de la Policía del Chaco, Gustavo Quizama. El juez de Revisión Federal de Resistencia, Enrique Bosch, confirmó la prisión preventiva de uno de los acusados de robar droga en una quema de estupefacientes. La defensa alegó motivos familiares, pero no logró acreditar la necesidad.
Sábado, 18 de abril de 2026
La Justicia federal volvió a rechazar un pedido de prisión domiciliaria para el cabo Gustavo Quizama, uno de los policías imputados en la causa que investiga el robo de estupefacientes durante un procedimiento oficial en Colonia Benítez. La decisión fue tomada por el juez de Revisión, Enrique Jorge Bosch, quien confirmó la resolución previa de la jueza de Garantías y mantuvo la detención del imputado. Quizama continuará alojado en el Escuadrón 18 “Las Lomitas” de Gendarmería Nacional, en Formosa.
Al fundamentar su decisión, Bosch sostuvo que persisten los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva: tanto la posibilidad de fuga como el entorpecimiento de la investigación.
El magistrado remarcó la gravedad del caso, que involucra a efectivos policiales acusados de sustraer droga durante una quema oficial —en presencia de autoridades judiciales y policiales— para presuntamente reinsertarla en el mercado ilegal.
En ese contexto, señaló que la expectativa de una pena elevada, sumada al conocimiento del funcionamiento del sistema por parte del imputado —en su condición de policía especializado en narcotráfico—, incrementa el riesgo de fuga. También advirtió sobre la posibilidad de que influya sobre testigos o interfiera en la investigación.
La defensa de Quizama había solicitado el arresto domiciliario argumentando que el imputado debía asistir a su madre, quien padece enfermedades crónicas. Además, cuestionó que no se hubieran aplicado medidas alternativas menos gravosas, como el monitoreo electrónico, y planteó una supuesta desigualdad respecto de otros imputados que sí accedieron al beneficio.
Sin embargo, el juez consideró que la situación no encuadra en los supuestos excepcionales previstos por la ley. Si bien reconoció la existencia de problemas de salud en la madre, sostuvo que no se acreditó de manera suficiente que la presencia de Quizama sea “imprescindible” ni que no existan otras alternativas de cuidado, como familiares o asistencia domiciliaria.
En su resolución, Bosch diferenció dos tipos de prisión domiciliaria: la de carácter humanitario —prevista en la Ley 24.660— y la que funciona como medida de coerción en el Código Procesal Penal Federal.
En ambos casos, concluyó que no se cumplen las condiciones para su otorgamiento. Subrayó que, aun con controles electrónicos, el arresto domiciliario implica un nivel de vigilancia más laxo que la detención en una unidad, lo que no resulta suficiente para neutralizar los riesgos detectados.
Una causa en expansión
La investigación por el escándalo de los “narcopolicías” sigue sumando implicados. La causa tuvo un nuevo avance este miércoles con la detención de dos efectivos más, por orden de la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini.
Con estas detenciones, ya son nueve los policías implicados en la investigación, acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante un operativo de incineración judicial en Colonia Benítez. Los últimos detenidos son Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, quienes participaron del procedimiento.
Se suman a Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta y César Alegre, quienes permanecen alojados en dependencias de Prefectura y Gendarmería. El único que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria es Lucas Exequiel Martínez.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 18 de diciembre, en el marco de un operativo de quema judicial de estupefacientes realizado en Colonia Benítez.
Según la investigación, los efectivos intentaron sustraer aproximadamente nueve kilos de cocaína —valuados en unos 225 millones de pesos— en un procedimiento que incluía la incineración de más de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína.
De acuerdo a la pesquisa, la droga fue ocultada en mochilas y en la caja de un patrullero con el objetivo de retirarla sin ser detectados. El intento fue advertido a tiempo por funcionarios judiciales, lo que permitió frustrar la maniobra antes de que se concretara. El episodio generó un fuerte impacto institucional, ya que el operativo se desarrollaba a plena luz del día y con la presencia de autoridades provinciales y medios de comunicación.
Nota relacionada
Así operaba la banda de policías del Chaco que robaba droga incautada para revenderla a los narcos
