Fernando Nahuel Medina, efectivo de la División Rural de la Policía del Chaco, declaró a favor de los imputados y admitió el uso de gas pimienta para reducir a la familia de madereros. Los alegatos se realizarán el 24 de abril. El caso investiga apremios ilegales y amenazas ocurridos en 2022, con personas heridas y una víctima con lesiones permanentes.
Marte, 14 de abril de 2026
En la tercera audiencia del juicio contra cuatro efectivos de la Policía del Chaco por una violenta intervención contra una familia de madereros en Machagai, declaró este lunes un testigo convocado por la defensa.
Se trata de Fernando Nahuel Medina, también integrante de la División Rural de esa localidad, quien fue propuesto por la defensa del comisario Daniel Báez para respaldar la versión de los imputados: que el procedimiento estuvo justificado ante una presunta resistencia a la autoridad.
Durante su testimonio, Medina sostuvo que los integrantes de la familia se mostraron agresivos durante el operativo, lo que —según afirmó— obligó a los efectivos a reducirlos mediante el uso de la fuerza, incluyendo gas pimienta.
Para el abogado querellante, Ramiro Cabaña, la declaración presentó inconsistencias en términos generales. No obstante, según explicó a LITIGIO, hubo un punto relevante en sus dichos: el reconocimiento explícito de que los policías utilizaron gas pimienta contra las víctimas.
Tras la audiencia, la jueza Fanny Zamateo, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, fijó la fecha de los alegatos de cierre: se realizarán el 24 de abril a las 17. Será la última instancia previa al dictado de la sentencia.
Báez y la justificación
En una audiencia previa, el comisario Daniel Báez fue el único de los imputados que prestó declaración. En su exposición, defendió el operativo y evitó responder preguntas de la querella, además de omitir referencias a las acusaciones por amenazas.
El resto de los acusados —el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo— optaron por hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio.
Báez sostuvo que el uso de gas pimienta fue necesario para reducir a las personas involucradas, quienes —según su versión— habrían opuesto resistencia. También afirmó desconocer cómo se produjo la fractura en la mano de una de las víctimas y solicitó la citación de un testigo que pudiera respaldar su relato, lo que derivó en la declaración de Medina.
Durante esa audiencia también se incorporó el sumario administrativo del Órgano de Control Institucional, en el que los cuatro imputados habían sido sobreseídos.
El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2022, cerca de las 23, cuando un camión cargado con madera salió desde Machagai con destino a Santa Fe. Era conducido por Brian Vergara, de 20 años, junto a dos acompañantes.
A la altura de Colonia Aborigen, sobre la Ruta Nacional 16, el vehículo fue interceptado por una camioneta de la División Rural. Tras revisar la documentación, los efectivos cuestionaron la falta de ticket de balanza, un comprobante que —según los ocupantes— no existía porque en Presidencia de la Plaza no había una balanza habilitada.
Pese a las explicaciones, los policías dispusieron la demora del camión, la retención de la carga y el traslado hacia la comisaría. Durante el trayecto, el vehículo sufrió desperfectos mecánicos, lo que obligó a detener la marcha. En ese contexto, según la causa, los agentes insinuaron que la situación debía “arreglarse” con el comisario.
Minutos después llegó al lugar Daniel Vergara, padre del conductor, junto a otros efectivos, entre ellos Báez. Según consta en el expediente, uno de los uniformados lanzó una frase intimidante: “¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?”.
Golpiza, gas pimienta y amenazas
De acuerdo con la acusación, lo que siguió fue una secuencia de extrema violencia. Siete personas fueron reducidas, obligadas a tirarse boca abajo, rociadas con gas pimienta y golpeadas durante más de media hora.
Daniel Vergara recibió golpes de puño, patadas y culatazos que le provocaron la fractura de una muñeca. La lesión requirió cirugía y le dejó una incapacidad permanente.
“Somos gente trabajadora, nunca pisamos una comisaría. El daño que nos causaron es algo inhumano”, declaró la víctima durante el juicio.
Las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaría de Machagai cerca de la una de la madrugada, donde permanecieron detenidas. Horas después, según la acusación, Báez las llamó una por una y les ofreció la libertad a cambio de no denunciar lo ocurrido, con una advertencia: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar”.
La fiscal Especial Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, fue quien realizó la investigación penal preparatoria y elevó el caso a juicio al considerar acreditados los hechos y la responsabilidad de los imputados. Sostuvo que “no existen dudas” sobre la comisión de los delitos.
Báez y Fernández están imputados por apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, en calidad de autor y coautor. En tanto, Gerzel y Villalobo enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia como autores.
En la primera jornada del juicio, realizada el 20 de marzo, declararon la mayoría de los testigos. Uno de ellos no pudo asistir y otro había fallecido, por lo que su testimonio fue incorporado por lectura.
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