El 30 de marzo de 2026, el senador chubutense Carlos Linares, del Partido Justicialista, presentó ante el Congreso el proyecto conocido como “ley Cazzu”, impulsado por la organización Abogadas Feministas AMBA. La iniciativa apunta a uno de los vacíos legales más denunciados por madres a cargo de la crianza: la posibilidad de que un progenitor ausente o deudor alimentario bloquee decisiones cotidianas sobre sus hijos.
Sábado, 11 de abril de 2026
El Senado de la Nación tiene sobre la mesa un proyecto que podría cambiar las reglas del juego para miles de familias argentinas. El 30 de marzo de 2026, el senador chubutense Carlos Linares, del Partido Justicialista, presentó ante el Congreso el proyecto conocido como “ley Cazzu”, impulsado por la organización Abogadas Feministas AMBA. La iniciativa apunta a uno de los vacíos legales más denunciados por madres a cargo de la crianza: la posibilidad de que un progenitor ausente o deudor alimentario bloquee decisiones cotidianas sobre sus hijos.
El eje central del proyecto establece la creación de una figura jurídica de “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”, que permitiría a los jueces interrumpir de manera temporal los derechos legales de un progenitor en determinados casos. Según detalla el propio Linares, la medida se aplicaría cuando exista incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria o una ausencia prolongada en la vida del menor, fijada en más de tres meses. En la práctica, esto significa que quien no cumple con sus obligaciones no podría vetar autorizaciones de viaje, tratamientos médicos ni trámites educativos de sus hijos.
El proyecto lleva el nombre de la artista argentina Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu. En septiembre de 2025, durante el podcast “Se Regalan Dudas”, la cantante expuso públicamente sus dificultades para obtener un permiso de viaje para su hija con Christian Nodal: “Necesito un permiso para viajar con mi hija… ya va a pasar más de un año y no lo tengo”. Sus palabras resonaron en miles de familias que atraviesan situaciones similares y encendieron el debate sobre los límites del régimen de responsabilidad parental vigente.
Los números que rodean al proyecto son contundentes. Según un informe de UNICEF de 2025, en Argentina casi el 70% de los progenitores obligados a pagar cuota alimentaria no lo hace en tiempo y forma. El INDEC registra que el 16% de los hogares son monoparentales y, en ocho de cada diez casos, están a cargo de una mujer. La abogada Carolina Rodríguez, impulsora de la iniciativa, señaló que el objetivo es que las infancias “puedan criarse en libertad y que la responsabilidad parental sea efectiva, que no se convierta en una herramienta de poder de progenitores que están ausentes y que ni siquiera cumplen con la manutención”.
El proyecto ya cuenta con más de 38 mil firmas en una petición ciudadana y busca agilizar decisiones sobre salud y viajes en un máximo de 180 días. El legislador resume el espíritu de la norma con claridad: “Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”.
La “ley Cazzu” no es un fenómeno exclusivamente argentino. La iniciativa fue presentada originalmente en el congreso de Michoacán, México, por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, y desde entonces fue replicada por legisladores de Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Con su ingreso al Congreso nacional, Argentina se suma a un movimiento regional que pone en el centro del debate una pregunta que ya no admite demoras: ¿puede quien abandona sus responsabilidades parentales seguir ejerciendo derechos sobre sus hijos?
