El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano disertará el próximo miércoles 15 de abril en el Edificio Histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado en calle Salta 459 de Corrientes. La charla se titula “Desafíos de la Abogacía en el nuevo Sistema Procesal Penal Federal”. Fue pieza clave en la estrategia de persecución política a funcionarios peronistas y también a jueces y fiscales durante la gestión de Mauricio Macri.
Jueves, 9 de abril de 2026
El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano disertará el próximo miércoles 15 de abril en el Edificio Histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado en calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes.
La charla, titulada “Desafíos de la Abogacía en el nuevo Sistema Procesal Penal Federal”, se desarrollará a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita y certificado de asistencia.
La actividad se enmarca en la entrega de certificados de la Diplomatura Universitaria en Derecho Procesal Penal Federal correspondiente a la Cohorte 2025, y en la presentación de la Cohorte 2026 de la misma diplomatura. Junto a Garavano participarán el decano de la Facultad de Derecho de la UNNE, Mario Villegas; la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá; y el docente de Derecho Penal y miembro del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Ricardo J. Urturi.
Una gestión signada por las denuncias de persecución política
Garavano se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante toda la presidencia de Mauricio Macri, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, y desde entonces ejerce como abogado especializado en reforma judicial. Su gestión al frente de la cartera estuvo marcada por una serie de denuncias penales y cuestionamientos públicos que lo colocaron en el centro de los debates sobre la independencia judicial en Argentina.
La más resonante fue su imputación en la causa conocida como la “mesa judicial” del macrismo, en la que se investigó la presunta injerencia de altos funcionarios del gobierno en causas que comprometían a dirigentes kirchneristas. Garavano fue imputado junto al expresidente Macri, al exjefe de la AFI Gustavo Arribas, al exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y al exconsejero de la Magistratura y actual ministro de Justicia libertario, Juan Bautista Mahiques, entre otros. En enero de 2024, la jueza federal María Eugenia Capuchetti -designada por el propio Macri- los sobreseyó por considerar que no existían pruebas suficientes, aunque el fiscal Franco Picardi apeló esa resolución.
En paralelo, las investigaciones sobre el espionaje ilegal desarrollado desde la AFI durante el gobierno de Macri revelaron que Garavano mantuvo contactos telefónicos con Juan Sebastián De Stéfano, el director de Asuntos Jurídicos de la agencia, en fechas que coincidieron con la apertura de causas clave utilizadas para vigilar a opositores políticos.
La presunta extorsión contra el ex juez Rozanski
El episodio que más daño le causó públicamente fue la denuncia penal por extorsión presentada en 2019 por el exjuez federal de La Plata Carlos Rozanski, quien lo acusó de haberlo presionado en octubre de 2016 para que renunciara a su cargo, a cambio de destrabar su trámite jubilatorio y archivar un jury de enjuiciamiento pendiente en el Consejo de la Magistratura. La denuncia fue acompañada por la difusión de audios de la reunión en la que el propio ministro le ofrecía a Rozanski garantías a cambio de su salida. Rozanski era por entonces el juez que investigaba al mediático “valijero” Leonardo Fariña, y su desplazamiento fue vinculado por los denunciantes con el armado de declaraciones de ese testigo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Garavano negó haber cometido delito alguno y calificó el episodio de “mamarracho”.
Elisa Carrió, integrante del propio espacio de Cambiemos, solicitó en octubre de 2018 el juicio político contra Garavano ante el Congreso, acusándolo de vulnerar la independencia del Poder Judicial. En el mismo período, la asociación de familiares de víctimas de la AMIA también pidió su juicio político, al entender que el Ministerio había buscado la absolución de exfuncionarios imputados por encubrimiento del atentado. Ninguno de esos pedidos prosperó. Posteriormente, legisladores del Frente para la Victoria presentaron un tercer pedido de juicio político a raíz de la denuncia de Rozanski, que tampoco avanzó.
Todas las causas judiciales en las que Garavano fue imputado terminaron, no tan casualmente, en sobreseimiento. El exministro rechazó sistemáticamente las acusaciones y las calificó como parte de una estrategia política del kirchnerismo para deslegitimar las investigaciones por corrupción iniciadas durante el gobierno de Macri, casualmente, sobreseído en casi todas las causas en su contra.
