El diputado provincial justicialista Nicolás Slimel cuestionó la distribución de Aportes No Reintegrables (ANR) por parte del Ejecutivo provincial y advirtió sobre un posible esquema de discrecionalidad en la asignación de recursos.
Viernes, 10 de abril de 2026
Según datos oficiales, entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de abril de 2026 se transfirieron $2.440 millones a municipios, con una fuerte concentración en determinados distritos.
En ese marco, el legislador señaló que el 87% de los fondos fue destinado a municipios alineados políticamente con el oficialismo, lo que —a su criterio— evidencia un patrón de distribución desigual.
Como ejemplo de esa concentración, mencionó que Presidencia Roque Sáenz Peña recibió $775 millones, muy por encima de otras localidades, seguida por municipios como Quitilipi ($160 millones) y Pampa del Infierno ($128 millones).
Para Slimel, estos números no son aislados, sino que reflejan una lógica de asignación que “prioriza afinidades políticas por sobre las necesidades reales de las comunidades”.
El planteo se da en un contexto de caída de la coparticipación, lo que agrava la situación de los gobiernos locales y limita su capacidad de respuesta en áreas clave.
“El problema no es partidario. Cuando a un municipio le faltan recursos, no se está afectando a un dirigente, sino a toda una comunidad. Se resienten servicios básicos como la salud, la obra pública y la asistencia social”, sostuvo.
Además, el legislador remarcó la ausencia de instancias de diálogo institucional entre el Gobierno provincial y los intendentes, particularmente aquellos que no forman parte del espacio político del Ejecutivo.
En ese sentido, reclamó al gobernador Leandro Zdero que convoque a todos los municipios y garantice criterios equitativos en la distribución de fondos.
“En los 70 municipios de la provincia hay ciudadanos que necesitan respuestas. Gobernar implica hacerlo para todos”, afirmó.
Finalmente, advirtió que este tipo de prácticas no sólo afectan a las administraciones locales, sino que terminan trasladando el impacto directamente a la calidad de vida de la población, con menos obras, menos servicios y menos oportunidades para los vecinos.
