Noventa y dos años después de la Masacre de El Zapallar, un documento judicial rescatado del olvido e incorporado a la investigación judicial bajo la perspectiva de un delito de lesa humanidad, restituye la voz del Caciquillo Luis Duran: líder de una columna de trescientas sesenta integrantes del pueblo Moqoit que marchaba a trabajar y terminaron bajo el fuego de la policía del Territorio Nacional del Chaco y algunos civiles en cercanías de la actual ciudad de General San Martín.
Jueves, 9 de abril de 2026
En septiembre de 1933, en el paraje El Zapallar del entonces Territorio Nacional del Chaco, un grupo de trescientas sesenta personas de la comunidad Moqoit—hombres, mujeres y niños— marchaba hacia las tierras del cacique Echeverría en busca de trabajo y alimento. Lo que siguió quedó inscripto en la historia regional como la Masacre de El Zapallar: la represión de las fuerzas policiales que dejó muertos entre los indígenas y un sargento herido. Noventa y dos años después, el testimonio judicial de Luis Duran, Caciquillo de aquella columna, sobrevive como uno de los escasos documentos que permiten escuchar, aunque sea en fragmentos mediados por la escritura del Estado, la voz de quienes padecieron aquel episodio de violencia.
La declaración indagatoria fue tomada el mismo 9 de septiembre de 1933 por el Comisario Inspector Francisco Molina. Duran, identificado en el expediente como mocoví, analfabeto y de edad desconocida, compareció detenido e incomunicado ante la instrucción. En sus respuestas emerge con claridad el propósito de la marcha: “Como su gente se encontraba sin tener que comer, querían pedir a Echeverría que los ayudara”, consigna el acta. Las armas que la policía les secuestró —cuatro escopetas, machetes— eran, según declaró, herramientas de caza. “No para matar cristianos, pues su gente no quiere pelear sino trabajar”, afirmó, en una frase que condensa con brutal economía el abismo entre la interpretación oficial del episodio y la realidad que vivían aquellas comunidades.
El documento revela también la estructura de autoridad interna de la columna mocoví. Duran se identificó como Caciquillo, subordinado al Cacique Echeverría, único referente que la comunidad reconocía como patrón. Cuando la policía llegó, él se encontraba cerca del pueblo mientras parte de su gente estaba a unos quinientos metros; el tiroteo estalló sin su autorización y contra su voluntad expresa. “Ordenó a sus paisanos que se retiraran hacia la costa del monte”, consigna el acta. Aun así, fue detenido. Cuando se le preguntó por qué, respondió con una lógica que el propio documento registra sin aparente conciencia de su peso: “Por haber sus paisanos peleado con la policía sin la autorización del declarante.”
Entre los datos que el testimonio preserva figura la identidad de dos indígenas que fallecieron tras el enfrentamiento. Duran declaró que uno se llamaba Carlos y el otro Juan. Esos nombres, sin apellido ni edad, son todo lo que el expediente les concedió. El acta cierra con la constancia de que el declarante, al no saber firmar, estampó su impresión digital —el pulgar derecho— junto a las rúbricas del instructor y el secretario actuario. Ese gesto, último y mudo, sintetiza la posición que el sistema judicial de la época reservaba a los pueblos originarios: sujetos de investigación, nunca interlocutores plenos.
La Masacre de El Zapallar permanece como uno de los episodios más oscuros de la historia indígena chaqueña del siglo XX, enmarcado en décadas de avance estatal y privado sobre los territorios y las formas de vida de las comunidades moqoit, qom y wichís del Territorio Nacional.
La declaración de Luis Duran no resuelve las preguntas históricas sobre lo ocurrido aquel septiembre, pero las formula con una dignidad que ningún expediente logró borrar del todo: trescientas sesenta personas que caminaban hacia el trabajo, no hacia la guerra, y que encontraron, en cambio, la violencia del Estado y el silencio de la historia oficial.
Sin embargo, la voz de Duran ahora forma parte de la investigación judicial que inició la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia que, tomando como referencia al Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, pretende que el Estado Nacional reconozca su responsabilidad como delito de lesa humanidad cometido contra los pueblos indígenas.
