Úrsula Sabarece, presidenta de la Fundación Furia Travesti, dirigió una carta abierta al Superior Tribunal de Justicia del Chaco en la que celebra la reciente sentencia que ordena el traslado de una detenida trans a una cárcel femenina. No obstante, también reclama el efectivo cumplimiento de la ley de cupo laboral trans en el ámbito judicial. “Pone de manifiesto una contradicción dolorosa”, afirmó.
Jueves, 9 de abril de 2026
Por Úrsula Sabarece
Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco ha sentado un precedente fundamental: la orden de traslado inmediato de una mujer trans, privada de su libertad, a un centro de detención femenino. Esta decisión no es solo un acto administrativo; es un reconocimiento del Estado a la autopercepción y a la dignidad humana. Lo celebramos. Sin embargo, esta misma celeridad para garantizar derechos en el contexto del conflicto con la ley penal pone de manifiesto una contradicción dolorosa en el acceso a la vida digna: la parálisis del cupo laboral travesti-trans en el Poder Judicial.
El 20 de agosto de 2025 se anunció un concurso abierto de ingreso donde, por un “descuido” o desconocimiento, se omitió la normativa vigente de cupo laboral. Gracias a la advertencia de la sociedad civil, el 5 de septiembre se aprobó, mediante la Resolución 891/25, el reglamento y programa de examen para el ingreso de personas trans. Desde entonces, el silencio y la dilación han sido las únicas respuestas.
Resulta imperativo cuestionarnos como sociedad: ¿por qué el Estado parece reaccionar con mayor velocidad cuando el cuerpo trans está bajo su custodia punitiva que cuando busca integrarse al sistema productivo y profesional?
Garantizar el respeto a la identidad de género en las cárceles es un deber legal, pero garantizar el acceso al trabajo es la herramienta preventiva más poderosa que existe. Si el sistema ofreciera posibilidades reales de desarrollo, sin barreras basadas en una mirada heteronormativa, hegemónica y cispatriarcal, serían muchas menos las personas de nuestra población que terminarían en conflicto con la justicia para sobrevivir.
Entendemos perfectamente la división de poderes. Sabemos que el Poder Ejecutivo es el encargado de las políticas públicas. Pero el Poder Judicial, como uno de los tres pilares de nuestro sistema democrático, no puede ser espectador de su propia normativa. No pedimos “salvadores”; pedimos coherencia institucional. Las leyes de cupo laboral —provinciales, nacionales y los tratados internacionales con jerarquía constitucional— no son sugerencias; son mandatos.
Apelamos a las autoridades del STJ y a los entes internos responsables de ejecutar este concurso: nuestras vidas no pueden seguir esperando.
La demora en el acceso al empleo es, en sí misma, una forma de violencia institucional que perpetúa la exclusión. El compromiso con los derechos humanos no puede ser parcial; debe ser integral. Si el Poder Judicial tiene la voluntad de proteger la identidad de quien está tras las rejas, debe tener la misma firmeza para abrir las puertas de sus oficinas a quienes solo pedimos el derecho a trabajar en igualdad de condiciones.
Porque nuestras vidas también son valiosas. Porque nuestras vidas también importan.
Justicia es igualdad de oportunidades.
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