Ante el reiterado incumplimiento, el abogado Sebastián Ferreyra Negri presentó un escrito urgente al Superior Tribunal exigiendo que se apliquen multas millonarias a los directivos del InSSSeP. Además, solicitó al Procurador General que investigue a las autoridades por desobediencia judicial y que se constate si el presidente de la obra social se encuentra vacacionando en Cancún, en medio de la crisis sanitaria que atraviesan afiliados que se vieron obligados a discontinuar sus tratamientos.
Martes, 7 de abril de 2026
Ni el amparo al que hizo lugar el Superior Tribunal de Justicia y ni siquiera la amenaza de multas millonarias contra los directivos hizo que el InSSSeP cumpla con la orden judicial de garantizar la cobertura médica en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires a 10 niños, niñas y adolescentes con patologías complejas.
Así lo informó este martes el abogado de las familias afectadas, Sebastián Ferreyra Negri, quien presentó un nuevo escrito en carácter de urgente ante el Superior Tribunal exigiendo el cumplimiento inmediato del amparo que la obra social ignora sistemáticamente. Esta falta de respuestas obligó a la familia a costear de su bolsillo prestaciones básicas, como consultas de urgencia de casi $56.000, trasladando ilegítimamente los costos al afiliado, según pudo saber LITIGIO.
La situación no admite mayor dilación: el cuadro de salud de uno de los pacientes, quien padece parálisis cerebral y síndrome de West, se agravó tras un reciente episodio de broncoespasmo agudo y obstrucción de la vía aérea. Y no sólo eso: el panorama se agrava ya que las empresas de internación domiciliaria que lo asiste advirtió además sobre el posible corte del servicio debido a una deuda acumulada de 7 meses por parte de la obra social provincial.
El escrito de Ferreyra Negri estuvo acompañado a un video donde se lo ve junto a uno de los niños con discapacidad que requiere la internación en el Italiano, acompañado de su madre y otros familiares. “Frente al hospital Italiano, todavía el InSSSeP sigue sin cumplir la sentencia del STJ”, señala el abogado en el video.
“Y los niños y sus progenitores están en total desamparo. La humillación a la que llevan las autoridades a las familias es algo de lo que ya estamos acostumbrados, pero la pregunta que hago es ¿además van a humillar a todo el Poder Judicial?”, añade.
100 millones diarios
Ante la “ineficacia de las medidas previas” y la “voluntariedad” del incumplimiento, la querella reiteró la solicitud de la imposición de astreintes diarias, progresivas y personales contra los funcionarios responsables.
El pedido de sanciones pecuniarias busca quebrar la resistencia de la presidencia y vicepresidencia del organismo, solicitando multas por cada día de retraso, dada la naturaleza vital de la prestación y la urgencia extrema del caso. El pedido de sanción se distribuye en $50 millones diarios contra el presidente del organismo, Rafael Meneses, y otros $50 millones contra el vicepresidente, Fernando Alesso.
El escrito no solo apunta a lo económico, sino que solicita la intervención directa del Procurador General, Jorge Cantero, para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial (Art. 239 del Código Penal). Según el letrado, el desprecio institucional hacia el fallo del STJ es de tal magnitud que justifica la promoción de una acción penal contra las autoridades de la obra social.
A su vez, y de forma subsidiaria para acreditar la falta de gestión en el organismo, se solicitó un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar versiones periodísticas sobre la ausencia del titular de la obra social en el país (quien estaría vacacionando en Cancún) en medio de esta crisis sanitaria.
Lo que dijo el STJ
En su sentencia, incumplida hasta el momento por la obra social, el Superior Tribunal, con voto unánime de los jueces Victor del Río, Iride Grillo, Alberto Mario Modi, Emilia Valle y Enrique Varela, rebatió la postura oficial basándose en principios constitucionales y de derechos humanos. El fallo destaca que, ante sujetos de “múltiples vulnerabilidades”, el interés de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) debe prevalecer sobre los intereses administrativos o presupuestarios.
En su sentencia fechada el pasado 26 de marzo, el Tribunal aplicó el criterio de que los cambios en la cartilla de prestadores no pueden traducirse en la interrupción de procesos ya iniciados. Además, citó que los afiliados conservan el derecho a proseguir sus tratamientos con los equipos médicos que los asisten desde el inicio.
Fue tajante al señalar que los pacientes son “ajenos a las vicisitudes económicas” entre la obra social y el nosocomio. Y remarcó que la falta de pago del InSSSeP no puede ser trasladada a los niños para afectar su derecho a la vida. El fallo indica que no basta con una “manifestación abstracta” de falta de recursos cuando se comprueba la afectación de derechos fundamentales.
“Las personas más vulnerables —cuyos intereses merecen prioritaria protección— son ajenas a las vicisitudes económicas que puedan surgir en la relación contractual entre su obra social y el nosocomio, cuestiones que, por lo demás, exceden ampliamente el marco de este proceso”, señaló el Máximo Tribunal.
Los casos
Cabe recordar que, durante la feria judicial, la familia de once pacientes, entre niños, adolescentes y jóvenes adultos con patologías de alta complejidad recurrieron a la Justicia para obligar al InSSSeP a mantener sus respectivos tratamientos en el Hospital Italiano, los cuales se vieron suspendidos por falta de pago de la obra social chaqueña.
Entre los pacientes está M.V.P., de 6 años, que tiene una grave enfermedad intestinal que lo obligó a pasar por varias cirugías y a vivir con una parte muy reducida de su intestino. Además, sufre epilepsia severa, con crisis frecuentes que requirieron internaciones, infecciones reiteradas y problemas de coagulación. Necesita controles permanentes en un centro especializado.
También se encuentra I.A.A., de 4 años, con un trastorno neurológico que afecta su desarrollo desde muy pequeño. Tiene serias dificultades motrices, retraso madurativo y depende casi por completo de asistencia para las actividades diarias. Requiere atención continua de distintos especialistas.
En el caso de A.C., de 6 años, este año fue diagnosticada con una malformación en la base del cráneo que le provocó episodios de debilidad y parálisis facial. Debió ser operada de urgencia para evitar daños mayores. Además, tiene pérdida auditiva en ambos oídos y podría necesitar audífonos.
La situación de G.C., de 14 años, es una de las más delicadas. Padece síndrome de Angelman y sufre alrededor de 50 convulsiones por día. Tiene parálisis, escoliosis y un retraso madurativo severo. Se alimenta por sonda y cuenta con un estimulador para intentar controlar las crisis, pero continúa con episodios prolongados que ponen en riesgo su salud.
Por su parte, F.M., de 10 años, nació con una malformación en la columna que fue operada a las pocas horas de vida. Luego desarrolló hidrocefalia y necesitó la colocación de una válvula para drenar líquido del cerebro, que más tarde debió ser revisada.
El listado incluye a G.N., de 23 años, con síndrome de Williams y toxoplasmosis congénita. Actualmente enfrenta un agravamiento de la infección que afecta sus ojos y requiere tratamiento específico.
También está B.R., de 14 años, con una alteración genética que le provoca una epilepsia muy difícil de controlar y discapacidad intelectual severa. Aunque recientemente le colocaron un estimulador, aún sufre crisis que le provocan caídas y lesiones.
El caso de L.R., de apenas 5 meses, es especialmente delicado. Sufrió un ACV y convulsiones, y los estudios detectaron lesiones cerebrales, un problema congénito en la columna y una hidrocefalia grave. Fue operado y continúa con controles y tratamiento permanente.
En adultos, J.M.S., de 28 años, padece epilepsia severa desde la adolescencia, luego de una inflamación cerebral autoinmune. Actualmente tiene distintos tipos de crisis, algunas generalizadas y otras episodios que se repiten varias veces al mes.
Por último, F.S., de 21 años, tiene una enfermedad genética que lo predispone fuertemente al cáncer de colon. Fue operado para reducir ese riesgo, pero necesita controles endoscópicos cada seis meses porque siguen apareciendo pólipos. Además, tiene un solo riñón por un tumor que padeció en la infancia, lo que obliga a un seguimiento médico constante y especializado.
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