El juez federal concentrará la investigación de las tres denuncias que hay hasta el momento. Es el mismo magistrado que, junto al fiscal Gerardo Pollicita, investiga los vuelos del jefe de Gabinete Manuel Adorni. También fue el propuesto por Javier Milei para integrarse a la Corte Suprema de Justicia.
Martes, 7 de abril de 2026
En medio de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación para funcionarios y legisladores del Gobierno, se presentaron dos nuevas denuncias penales por el tema, las cuales ya fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual apunta contra las autoridades de la entidad bancaria por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, entre otros delitos, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas; mientras que la segunda presentación, realizada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Estas dos denuncias se van a acumular en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, que ya investigaba una denuncia anterior por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. El fiscal a cargo será Gerardo Pollicita, que también investiga los vuelos del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Rafecas le envió a Lijo la denuncia que recayó por sorteo en su juzgado por “conexidad”. Fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 confiaron a PERFIL que “es una regla muy asentada que el juez que recibe la primera denuncia se hace cargo del asunto”.
En la primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, se señaló al expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
En cuanto a la segunda denuncia, se involucra a Tillard junto a otros beneficiarios de los créditos, como el director de YPF, Emiliano Mongilardi; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−, Pedro Núñez y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.
La segunda presentación fue realizada por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito” y “defraudación por administración fraudulenta”.
La polémica surgió luego de que se conociera que decenas de miembros del Gobierno y legisladores oficialistas obtuvieron préstamos hipotecarios en los dos últimos años por cifras que, en algunos casos, llegan a los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra.
Los datos sobre los créditos hipotecarios, de acceso libre, provienen de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). El escándalo se potenció al ser sistematizada esa información por la plataforma “¿Cuánto deben?”, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot.
Al cruzar la data con el análisis de las declaraciones juradas se pudo rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados, senadores. Los casos denunciados son los que lograron los préstamos más altos junto a quienes presentan una inconsistencia llamativa entre el patrimonio declarado y el préstamo obtenido.
Tras el crecimiento de la polémica, los reclamos de investigación en el Congreso, dos denuncias y diferentes pedidos de informes, desde el gobierno de Javier Milei salieron a defender el otorgamiento de préstamos a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, revisando cada uno de los casos.
En este contexto, el canciller Pablo Quirno fue el encargado de responder las acusaciones. En paralelo, según indicó La Nación, el equipo de auditoría del banco, encabezado por Darío Wasserman, se ocupó durante el fin de semana de revisar cada uno de los casos expuestos.
Dado que algunas de las figuras afectadas son funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, el funcionario defendió a los miembros de su área y, en diálogo con Luis Majul por LN+, aseguró: “No tienen ventaja respecto del resto”.
En medio de la polémica, fuentes oficiales sostuvieron que “no hay un solo crédito mal otorgado” y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”, a la par que aclararon que “todos (los montos) están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, teniendo en cuenta que se trata de sumas elevadas.
El caso ya costó en el Gobierno la baja del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue echado de su cargo por la titular de la cartera, Sandra Pettovello, luego de que se conociera que se encontraba dentro de la lista de beneficiarios. De todas formas, desde el Gobierno se indicó que la salida del funcionario se debió a otros motivos y no por la toma del crédito.
Desde la administración libertaria también trataron el caso como un intento de frenar el proyecto del Gobierno de capitalizar con aportes privados el 20% de las acciones del Banco Nación para pasar a cotizar en la Bolsa de New York.
En la lista de beneficiarios de los polémicos créditos se encuentra Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, por un crédito tomado en febrero de 2025 por $373.000.000 (aproximadamente US$315.000) y el exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, por un crédito tomado en agosto de 2025 por $367.059.000 (US$280.787).
Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, es otro en la lista de beneficiarios con un crédito desde diciembre de 2025 por $510.654.000 (US$345.492), al mismo tiempo que Juan Pablo Carreira, responsable de la reciente Oficina de Respuesta Oficial, tiene un crédito de $113 millones.
El jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, también recibió uno de los créditos en septiembre de 2025, en su caso por $207 millones, el cual asegura que fue destinado a comprar su primera propiedad.
Lijo, también a cargo de la causa de los vuelos de Adorni
El magistrado, a cargo del juzgado federal 4, investiga también la causa por los vuelos del jefe de Gabinete Manuel Adorni al exterior, que se estiman entre 15 y 19 desde diciembre de 2023, cuando llegó a la función pública como vocero presidencial. Hay al menos dos denuncias, de la diputada Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón.
El escándalo de los vuelos salió a la luz cuando se supo que Bettina Angeletti, pareja de Adorni, viajó a Nueva York en el avión presidencial para participar de la Argentina week en esa ciudad. Luego, surgió que la familia Adorni viajó a Punta del Este en el feriado de Carnaval en un avión privado, que según el jefe de Gabinete pagó de su bolsillo. Sin embargo, según el piloto del avión el viaje lo reservó y lo pagó el periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, que reconoció el pago.
Lijo había sido propuesto por el Gobierno, junto a Manuel García Mansilla, como candidato a juez de la Corte Suprema. En abril pasado, el Senado rechazó ambos pliegos.
“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”, escribió en su momento en X la Oficina del Presidente.
Publicado en Perfil
