El caso de tres profesionales rosarinas se vuelve plataforma para una nueva ofensiva legislativa de Carolina Losada, que busca reinstalar el proyecto para agravar el falso testimonio.
Domingo, 5 de abril de 2026
Por Sonia Tessa
La mediatización de las denuncias contra tres psicólogas rosarinas tuvo un rápido efecto político. El próximo martes 7 de abril, a las 16.30, Carolina Losada convoca a “una nueva jornada contra las falsas denuncias” en el Senado de la Nación. En su convocatoria por redes sociales, la legisladora por Santa Fe dice: “Necesitamos que sea ley, te esperamos”.
No se trata de hechos aislados. La demonización de tres psicólogas acusadas de mentir en sus informes calza en una estrategia más amplia. En ese marco, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) expresó su “profunda preocupación frente a las denuncias penales promovidas contra psicólogas que intervienen en causas de abuso sexual contra niñas y niños, así como en procesos civiles donde se debaten regímenes de cuidado y vinculación familiar”.
Lo que dicen los datos
CLADEM realizó, junto a otras organizaciones, la investigación “Justicia sin discriminación para niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual”.
Allí se relevó que el 16,9% de los abusos sexuales denunciados ocurre entre los 0 y 5 años, el 32,6% entre los 6 y 11 años y el 50,5% entre los 12 y 17 años. Asimismo, el 84,6% de los agresores pertenece al entorno de confianza de la víctima. “Dentro de los casos con vínculo familiar, el padre aparece como principal agresor, seguido por otros familiares y, en tercer lugar, el padrastro”, cuentan desde CLADEM.
“La violencia sexual constituye una grave vulneración de derechos que puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, mujeres, niñas y adolescentes la padecen de manera desproporcionada y enfrentan obstáculos específicos para acceder a la justicia”, dice el comunicado del Comité.
Para CLADEM, es “especialmente preocupante” la gran difusión de denuncias contra profesionales de la salud mental que intervienen en este tipo de procesos. “La amplificación mediática de estas acusaciones puede contribuir a deslegitimar prácticas fundamentales para la escucha y protección de niñas y niños, generando efectos de amedrentamiento sobre quienes desempeñan estas tareas”, sostienen.
Las organizaciones que defienden los derechos de las niñeces advierten que “la instalación del discurso de las ‘falsas denuncias’, ‘informes falsos’ o ‘falso testimonio’ en el debate público puede operar como un mecanismo de presión que desaliente la intervención profesional y obstaculice el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas de violencia sexual”.
La ofensiva también es política
Y no es casual que a esta difusión mediática se sume el reimpulso de la ley. Como el dictamen de 2025 quedó sin estado parlamentario en diciembre pasado, la propia Patricia Bullrich lo vuelve a impulsar, aunque —nunca hay que desestimar la inteligencia de quienes cuentan con medios y poder— lo van a volver a redactar para que no choque con la convención “Belém do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionada por el Congreso en 1996.
Es que la iniciativa de Losada agravaba las penas por falso testimonio cuando se trate de cuestiones “de género”, y motivó —como se contó en este suplemento— un comunicado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, donde se expresó “preocupación ante discursos e iniciativas legislativas que promueven el concepto de falsas denuncias en casos de violencia contra las mujeres y de abuso sexual infantil”.
Un juez, un antecedente
Mientras tanto, el miércoles, el camarista Javier Beltramone absolvió a uno de los denunciados, el que más salió en las cámaras de televisión para bregar por volver a ver a su hija, después de ocho años.
No es un actor menor en este escenario. El 15 de septiembre de 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal presidida por Javier Beltramone absolvió a un hombre de 27 años que, a los 24, había sido acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de una niña de 12 años.
Aquel voto de Beltramone aseguró que “ninguna duda cabe, y se encuentra hartamente probado que ambos mantenían una relación de pareja”, amparado en un relativismo cultural que no practica en otros temas.
En aquel momento, el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (CEFEJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acompañado por instituciones y personalidades que trabajan en derechos humanos con perspectiva de género, presentó un amicus curiae —un aporte de entidades con interés jurídico legítimo en el caso— para señalar las fallas del fallo de la Cámara.
No es un dato menor: los antecedentes judiciales también forman parte del clima en el que hoy se ponen en duda las denuncias.
Ofensiva contra las profesionales
La iniciativa de Losada fue objeto de múltiples críticas y respuestas. El Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) hizo un decálogo de razones para rechazar las campañas sobre “las falsas denuncias de violencias de género”. Fue publicado el 25 de noviembre pasado, antes de la nueva escalada con epicentro en Rosario.
“Denunciar falsamente un delito y/o mentir en un proceso ya está penado en el Código Penal desde 1921. Este movimiento que inventa una epidemia de supuestas falsas denuncias es una represalia que impulsan las derechas del mundo frente a la decisión de no callarnos más ante las violencias de género”, dice el primer punto de ese documento.
Y también señala que “quienes promueven estos proyectos saben que el único fin es aleccionar víctimas para que no denuncien y perseguir a fiscales y jueces que no son cómplices de la violencia”.
El tema, siempre, es cómo se escucha la voz de niñas, niños y adolescentes. O cuáles son hoy los atajos para no escucharla: considerarlos contaminados por otras personas.
La campaña contra las “falsas denuncias” tiene en su base considerar que formular una denuncia por abuso sexual contra un niño o niña no tiene costos para las madres, quienes se ven obligadas a transitar los tribunales y, muchas veces, a ser puestas bajo la lupa, ya que la primera acusada, siempre, es la mujer.
Si la denuncia contra las tres psicólogas es por “falso testimonio agravado” y hay que leer cada expediente en particular, como afirman quienes sostienen esta embestida, ¿por qué se habla en los medios de una red de psicólogas para falsear denuncias?
Justamente, poner el foco en las profesionales es desarmar las pruebas, porque es el testimonio de niñas, niños y adolescentes —y los indicadores que trae el trauma que produce el abuso sexual, considerado una bomba sobre la subjetividad— el elemento más valioso cuando se trata de un delito cometido en la intimidad, generalmente sin testigos.
Escuchar o desacreditar
Las psicólogas que hoy enfrentan una denuncia penal fueron denunciadas antes en el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogues de la ciudad de Rosario. Una de las juezas de ese Tribunal afirmó: “Es mi deber como jueza de este Tribunal ser sumamente cautelosa en cuanto al tratamiento de las denuncias a colegas que intervienen en abusos sexuales contra las infancias, ya que las mismas vienen siendo utilizadas desde hace tiempo como maniobra judicial y como forma de revictimización de las infancias a través del hostigamiento y persecución a las profesionales que las acompañan, en el marco de esta contraofensiva de violencia llamada Backlash”.
Julieta Serrano recordó el documento realizado en 2019 por la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA), con recomendaciones especiales para este tipo de denuncias.
“Psicólogas y psicólogos somos sistemáticamente blanco de un sinnúmero de ataques tanto personales como profesionales. Representamos con nuestra actividad, tal vez, el mayor riesgo para la impunidad tradicional de quienes, a lo largo de los siglos, han abusado de la infancia prácticamente sin sanción alguna”, dice ese documento.
Durante la semana, además, el Colegio recibió a las denunciadas. La defensa de las infancias, así como de la práctica profesional, se trató durante esa reunión. Es que cualquier persona que sospeche sobre la existencia de un delito contra una niña o un niño tiene la obligación de denunciarlo, según las leyes de infancia vigentes a nivel nacional y en Santa Fe.
Por otro lado, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario también recibió a las abogadas de dos de las tres acusadas, Julia Giordano y Gabriela Durruty. “Desde la Asamblea sostenemos la urgencia e importancia de abordar el tema y acompañar a las miles de mujeres y sus hijes que sufren este tipo de persecución y falta de escucha. Pero, sobre todo, proteger a les profesionales que con total compromiso ético acompañan estas situaciones”, expresó una de sus integrantes, Liliana Leyes, en sus redes sociales.
El acompañamiento que reciben las profesionales tiene una presencia mediática mucho menor.
En esa disparidad también se juega el sentido de la discusión: no sólo qué se dice, sino qué se amplifica, qué se silencia y, en definitiva, quiénes vuelven a quedar sin voz cuando se trata de escuchar a las infancias.
Publicado en Página/12
